Una pediatra ha sido sancionada con 364 días de suspensión del ejercicio profesional después de que el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid le haya abierto un expediente disciplinario debido a las manifestaciones y recomendaciones “carentes de base científica” que hacía a sus pacientes.

Concretamente, por divulgar "tesis inadecuadas" acerca de la vacunación y sus posibles efectos en el origen del trastorno del espectro del autismo, llegando a recomendar, explícitamente, “la no vacunación de niños o niñas, personas con autismo y embarazadas”, tal y como recoge la Confederación Autismo España, que fue quien en 2018 comunicó al el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid los hechos de los que tenía conocimiento al respecto de esta pediatra.

La ahora sancionada divulgaba “tesis no avaladas contrarias a la evidencia acerca del origen y las causas del trastorno del espectro del autismo (TEA), así como difundía “tratamientos e intervenciones carentes de total evidencia y con importantes riesgos para la salud de las personas”.

Por todo ello, el expediente sancionador concluye que la pediatra vulnerado múltiples artículos fundamentales del Código Deontólogico, faltando al principio de proporcionar una atención médica de calidad humana y científica y poniendo, en definitiva, en riesgo al paciente.

En esta línea, la Confederación Autismo España, que lucha contra la divulgación de este tipo de postulados contrarios a la evidencia científica, subraya lo “perjudicial” que pueden resultar estas prácticas para las personas con TEA así como sus familias. Postulados que, subrayan, pueden conducir al “retraso o abandono de tratamientos realmente eficaces” o “generar falsas expectativas", –haciéndoles “vulnerables a situaciones de potencial abuso”–, además de impactar, no solo en la salud del propio individuo, sino en la salud pública en general.

“Supone una desinformación de la población general y genera confusión”, apunta el comunicado emitido por la confederación, que concluye recalcando la necesidad de trabajar y colaborar entre organismos, tanto del mundo sanitario como el científico, para combatir este tipo de “prácticas fraudulentas” y velar por el rigor y la salud de los pacientes.