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Un hombre ha mantenido enclaustrado y aislado a su hijo de 10 años durante un año en una habitación de su propio domicilio en Málaga. El padre ha sido detenido por la comisión de un delito contra los derechos y deberes familiares y otro de detención ilegal.
El Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía en Málaga se dirigió en octubre del pasado año al Área de Protección al Menor de la Policía advirtiendo de las sospechas acerca de la situación de desprotección por aislamiento social en la que podría encontrarse un menor de edad .
El pasado 25 de enero se estableció un amplio dispositivo policial para acceder con una orden judicial al domicilio donde se encontraba el niño de 10 años y, proceder así, a su retirada y posterior ingreso en un centro de protección.
Al conversar con el niño, este contó que hacía un año que no salía de su habitación salvo para ir al baño y que dedicaba la mayor parte de su tiempo a jugar a videojuegos y a ver la televisión de forma constante, sin relacionarse con nadie.
La tía del niño y el hijo de esta, confirmaron la situación del pequeño. Ellos, pese a vivir en el mismo domicilio que el menor, explicaron que era habitual que pasaran meses sin verlo; ya que éste permanecía todo el tiempo en su habitación.
elito contra los derechos y deberes familiaresdetención ilegalLos agentes realizaron un seguimiento del caso y con los datos recabados por las instituciones de tutela de menores la Administración autonómica decretó el desamparo del menor y la posibilidad de asumir su tutela. El padre de 47 años y de origen marroquí ha sido detenido.
A tenor de la gravedad de las manifestaciones; así como de las evidencias aportadas por los Servicios Sociales, centros de salud y escolares afectados que confirmaban el completo enclaustramiento y aislamiento social del menor durante el último año, se ha detenido a su padre.
La autoridad judicial competente ha dictado una orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con su hijo, así como la prohibición de salida del territorio nacional y retirada del pasaporte. Mientras tanto, se llevan a cabo las valoraciones para determinar el alcance del impacto del daño emocional y fisiológico causado al menor, quien continúa protegido por la Junta de Andalucía.