Orden de prisión para el militar que publicó una foto de la violación de la Manada por no acudir al juicio
E.T., el vecino de Barcelona acusado de difundir en una web datos personales y fotografías de la víctima de 'la manada' en busca y captura
La juez ordena su ingreso en prisión por no presentarse al juicio e intentar eludir la acción de la justicia
El Supremo sentencia que La Manada llevó a la víctima al portal para violarla y lo hizo al menos en diez ocasiones
E.T., el vecino de Barcelona acusado de difundir en una web datos personales y fotografías de la víctima de 'la manada' de Pamplona no se ha presentado al juicio previsto para este martes, por lo que la jueza ha ordenado su detención e ingreso en prisión inmediato al concluir que el acusado "quiere eludir la acción de la Justicia".
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De cara al nuevo juicio, el acusado tendrá otro nuevo abogado ya que su letrado ha comunicado a la magistrada que renuncia a su defensa. El letrado ha intentado localizar durante toda la mañana a su cliente sin éxito. Minutos antes de la breve vista, el letrado ha conseguido hablar con la hermana del acusado, que le ha comunicado que el hombre se encontraría ingresado en el hospital Vall d'Hebron.
Se piden tres años de cárcel
Cinco jóvenes sevillanos violaron salvajemente en un portal de Pamplona durante los Sanfermines de 2016. Luego, cuando la chica de 18 años trataba de recuperarse de las agresiones, llegó otra "manada virtual" de hombres que, desde el anonimato de la red, la señalaron, cuestionaron, insultaron y revictimizaron durante meses. El juzgado de lo penal número 1 de Barcelona enjuicia a uno de estos individuos, que no se ha presentado y para el que se piden tres años de cárcel.
Eric, un vecino de unos 40 años del barrio barcelonés de Horta-Guinardó, exmilitar y con antecedentes, se enfrenta a hasta tres años de cárcel por publicar en un foro de internet, usando la red wifi de su vecina, una de las imágenes tomadas por los miembros de La Manada durante la agresión sexual a la joven madrileña. En concreto, colgó un fotograma en el que la chica aparece siendo vejada por José Ángel Prenda. El hombre acompañó su publicación de un comentario: "Faltan cojones, mariconazos". También fue uno de los primeros de esa jauría virtual que difundió el nombre y los apellidos de la chica, su DNI, fecha de nacimiento, lugar de residencia y la universidad en la que estudiaba.
Su publicación, el 2 de mayo de 2018, provocó que más de cien mil usuarios de un foro identificaran y localizaran a la joven. La Audiencia de Navarra había dictado un auto prohibiendo su divulgación "precisamente para preservar la intimidad y dignidad de la víctima".
Victim blaming
La abogada de la joven madrileña considera en este caso que el hombre al hacer esta publicación provocó "el escarnio de la víctima, un fenómeno conocido como victim blaming, o lo que es lo mismo, una forma de violencia machista", que además, cometido a través de internet, "permite una mayor difusión a nivel mundial de los contenidos publicados".
La victimización secundaria – o Victim Blaming- comprende desde la mala atención que recibe la víctima por parte del estado, hasta los daños psicosociales que ésta recibe. Además de ser sistemático, perpetúa y facilita el acoso, los abusos y todo tipo de violencia de género, pues el agresor recibe menos responsabilidades y en el ideario social parece que “se puede hacer lo que se quiera, total, la culpa también recaerá sobre ella”.
La difusión de los datos provocó que la víctima se sometiera a tratamiento psicológico
Eric "buscó dañar la integridad moral de una víctima de violencia sexual y al mismo tiempo desincentivar al resto de mujeres para que no denuncien pública y judicialmente las violencias sexuales que puedan sufrir, impidiendo que reivindiquen sus derechos de acceso a la justicia", según refleja en su escrito de acusación la abogada Teresa Hermida, que representa a la víctima y pide para el acusado una pena de tres años de prisión, la misma condena que solicita la acusación popular, ejercida por la Asociación Dones Juristes.
La difusión de sus datos y de los fotogramas de la violación "obligaron a la víctima a someterse a tratamiento psicológico, a abandonar sus estudios universitarios e incluso a marcharse durante al menos tres meses a vivir al extranjero", sostiene la abogada de la víctima en su escrito.