Operación Trinity : Piden más de 6.300 años de prisión para los acusados de la red de prostitución infantil

La alerta de un Centro de Menores tutelados de Tortosa fue clave para destapar una red que se dedicaba a abusar sexualmente de menores y grabar pornografía infantil. Siete personas fueron detenidas en Tortosa, Cubelles, Xàbia, Valencia y Barakaldo. De los acusados uno se encuentra en prisión, cinco en libertad condicional y el séptimo en paradero desconocido, ya que se fugó del país.

Fiscalía y acusación particular piden 6.317 años de prisión para ellos, acusados de delitos de abusos sexuales y corrupción de menores, producción y distribución de material pornográfico infantil, y de organización criminal. El abogado de las víctimas ha explicado hoy que piden una condena de abusos sexuales por cada una de las víctimas que en total suman 103, además de una indemnización por daños morales de hasta 55.000 euros.

Con la llamada Operación Trinity se desmanteló la red pedófila que captaba menores de edad en situaciones de precariedad o dificultades en la cual pagaban entre 10 o 20 euros, según el acto sexual que accedían a practicar. Los captaban para producir material pornográfico homosexual.

Las grabaciones se realizaban en los pisos de los acusados. En el primer registro, ejecutado en 2015, se incautaron más de tres millones de archivos pornográficos, de los cuales 1.500 eran películas en las que los acusados participaban, además de grabarlas y distribuirlas. El material incautado no solo había sido grabado en España, también había grabaciones realizadas en el extranjero, los menores que aparecían en esas cintas no eran españoles y por lo tanto, no se les ha podido identificar.

En este mismo registro se intervino material profesional para la grabación y numerosos soportes de almacenamiento digital, además se localizaron fichas de castings de modelos de distintos países. Incluso se incautaron peticiones por escrito que le hacían los clientes de confianza a la red con contenidos que querían que se incluyesen en las grabaciones, un total de 146 peticiones efectuadas entre 2011 y 2015, que supusieron para los acusados unas ganancias de 14.197 euros.

Los jóvenes incautados por la red presentaban un perfil vulnerable. En todos los casos los menores tenían problemas de conducta, y en algunos además se le añadían dificultades en el ámbito familiar. El juicio se desarrollará a lo largo de 13 jornadas, en las cuales testificarán víctimas, peritos y policías. Además se producirá la identificación de las víctimas que han sido reconocidas.

El abogado de las víctimas ha declarado hoy que han sido identificadas un total de 103 víctimas. Se descubrió por la intervención de educadores sociales del centro de Tortosa, que vieron comportamientos inusuales en los menores, además de que poseían una cantidad de dinero de origen inexplicable, por su situación de precariedad.

El centro de operaciones estaba en Tortosa pero también captaban menores de otras ciudades españolas, como Barcelona o Valencia y de países extranjeros, como Rumanía, Vietnam, Marruecos o Tailandia. Algunos de los menores captados vivían en centros de la Dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).

En primer lugar se detuvo a tres personas, durante mayo del año 2015, dos de nacionalidad francesa y una de nacionalidad marroquí, para ellos se decretó en ese momento su ingreso en prisión. Posteriormente se conoció la participación de otras cuatro personas pertenecientes a la red. De los siete acusados cuatro ya habían sido detenidos por hechos similares con anterioridad.

El Ministerio Fiscal subraya que uno de los acusados encarnaba el papel de cabecilla en la trama. Jean Luc era el cerebro de este entramado, poseía sociedades legales en las que vendía, cuando comenzó su actividad, material pornográfico en formato CD y DVD. Dentro de este catálogo había dos subapartados, uno legal, con 2.000 títulos pornográficos registrados y otro ilegal, en el que se graba a menores, en un total de 2.715 cintas intervenidas. El cabecilla de la red es uno de los cuatro acusados que había sido condenado con anterioridad por delitos similares.

Jean Luc creó dos sociedades cuyo fin era comercializar revistas y cintas de vídeo, además de producir, vender y distribuir audiovisuales. Este negocio servía de tapadera para que la red distribuyese pornografía ilegal. Mediante su actividad empresarial ingresó en cinco años, entre 2010 y 2015, un total de 106.988 euros, de los cuales, la mayoría, 95.000 euros, tenían una procedencia no justificada.

La actividad que comenzó con archivos CD y DVD pasó a distribuirse vía Internet con el tiempo, la investigación encontró 598 clientes dentro de los dominios webs en los que distribuían las grabaciones, solo en 2011 más de 200 de estos clientes realizaron peticiones explícitas protagonizadas por menores que se tenían que mostrar en las cintas. Para Jean Luc que figura como principal acusado se pide un total de 1.179 años de prisión por corrupción de menores, organización criminal y 17 delitos de abuso sexual con acceso carnal.

Otro de los acusados es un amigo de Jean Luc, se llama Christian y desde el año 2000 producían material pornográfico en un piso de Barcelona. Según los registros desde 2002 comenzaron a incluir a menores en las cintas, en estas grabaciones, que se prolongaron hasta 2011 utilizaron a un total de once menores, identificados en 81 cintas.

Christian era el encargado del material gráfico publicado, además de ser el que organizaba la explotación de menores en el extranjero. Productor de pornografía en el ámbito internacional había actuado en países de Asia y Europa, también había participado en captaciones en Marruecos, donde junto a otros miembros de la banda participaba en las películas. Entre 2002 y 2014 se registraron un total de 40 cintas producidas durante estos viajes que organizaba la red, en las que aparecían menores extranjeros. Para Christian fiscalía y acusación particular solicitan una pena de 720 años, a los delitos cometidos por todos los miembros se suma en su caso el de abuso sexual de menores.

La actividad de la red aumentó en el año 2011, cuando el cabecilla y un nuevo miembro de la trama, Youness llegaron a Tortosa. Este último fue el que propuso que usasen a menores en situación de vulnerabilidad para los videos, conocía la situación de los jóvenes dentro de los centros tutelados y la aprovechó para captarlos.

Según el atestado algunos de los niños captados tenían hasta once años cuando se produjeron los hechos, a algunos les convencieron para que se escapasen del centro y en el piso que tenían en la localidad realizaban las grabaciones, siempre con una vigilancia cautelosa para no ser incautados. A los menores se les pagaba entre 10 y 20 euros, además del consumo de estupefacientes en algunos casos.

Youness figuraba además como responsable informático, coordinaba la elaboración y edición de videos, además de la captación de menores. Con él entre 2012 y 2013 la red implementó 28 dominios de Internet, algunos en servicios de pago y otros en plataformas gratuitas, publicando tráileres o secuencias que utilizaban como gancho publicitario. Además, era el encargado de organizar los encuentros anuales en Marruecos, para él se piden 1.088 años de prisión.

A estos viajes acudían otros dos miembros de la organización, Fernando y José, ambos conocidos de la justicia por delitos similares. Los dos se encargaban de elaborar material pedófilo. En 2009 se trasladaron a Bucarest, donde captaron a cinco menores de edad. Esa misma práctica la repitieron con posterioridad en la trama, en este caso con una ciudad española, Valencia. Ofrecían dinero a niños del barrio de Cabanyal, primero pedían hacerles fotos para progresivamente adentrarlos en las grabaciones.

Para Fernando, José y Jean Luc hay otra causa abierta por la grabación de actos pornográficos con menores en Málaga. Para José solicitan un total de 1.028 años ingresado en la cárcel mientras que para Fernando 1.016. La condena de José es mayor porque se le imputa un delito de distribución de material pornográfico para el que se han usado menores de edad.

A estos cinco acusados se suman Martín R. y Miguel A., para los que la fiscalía pide 1.016 años y 576 respectivamente. Uno de ellos, Martín R. ya había sido condenado anteriormente por delitos relacionados con abusos sexuales y pedofilia, participó junto a otros miembros de la organización en la captación de Valencia. Los siete están acusados por corrupción de menores, producción y distribución de material pornográfico, y un delito de organización criminal.