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Son las 9 de la mañana en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Las largas colas en la explanada comienzan a deshacerse y abogados, citados y funcionarios discurren entre las salas de vistas. Apenas unos minutos más tarde, una mujer entra por la pequeña puerta situada en el lateral derecho del edificio. Es una de las dos mujeres al día que, en los últimos siete meses, ha interpuesto una denuncia por violencia de género en la nueva oficina integral de la capital del Turia.
396 mujeres atendidas, 210 denuncias presentadas y ninguna retirada. “Son datos alarmantes, pero sin denuncia difícilmente podemos ayudar y proteger. Necesitamos que denuncien y aquí atacamos todo lo que lo impide”, cuenta la subinspectora Leila Mohamed. El éxito de este proyecto puesto en marcha por la conselleria de Justicia reside en “eliminar todas las barreras con las que se encuentra una víctima que se decide a denunciar”. Solo una vez resueltas todas las dudas la mujer dará el paso. Y es precisamente esa seguridad la que evitará que la retiren en sede judicial.
Los atestados que salen de la Oficina de Denuncias y Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género son más completos que los de cualquier comisaría por la intervención del área psicosocial. Psicólogas y trabajadoras sociales elaboran un informe en el que se evalúa tanto la vulnerabilidad de la víctima como la peligrosidad del agresor. Porque, aunque la prioridad son ellas, 39 agresores han sido detenidos desde abril.
Cuando una mujer entra en la oficina es atendida en primer lugar por la policía, que valora la emergencia del caso. Después se somete a una entrevista con el equipo psicosocial, que también presencia un agente. “Queremos reducir la victimización secundaria - explica la psicóloga Laura Ramírez – y que no tengan que repetir el relato de la agresión”. Buscan que las mujeres se sientan apoyadas porque “tienen muchas dudas y la sensación de no saber qué va a pasar o si se les va a creer”, añade.
Cada mujer llega con su historia de vida, con su mochila. A muchas les cuesta desvincularse del agresor, del que habitualmente dependen económica y emocionalmente. Por eso hay que coordinar la actuación de los servicios sociales municipales y del centro de salud. Pero sobre todo “asesorar a las mujeres acerca las ayudas que pueden solicitar”. Son palabras de Maite Rubio, trabajadora social, que destaca el seguimiento que se hace de las víctimas.
Las mujeres salen por la puerta con la denuncia interpuesta, pero también con la protección policial necesaria. Todo en un mismo espacio, lo que evita el peregrinaje de la víctima de una institución a otra. Un viaje “difícil de encajar en sus vidas a muchos niveles”, según la responsable de la oficina, la subinspectora Leila Mohamed. No se les suelta la mano hasta el día del juicio, incluso después se mantiene el contacto.
En esta oficina integral todo el personal está especializado. Allí trabajan 11 agentes del Cuerpo Nacional de Policía, 6 psicólogas, 6 trabajadoras sociales, un médico forense y 23 profesionales de la Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito de Valencia. Lo hacen en grupo y por turnos para garantizar “la protección, el acompañamiento y la seguridad de la víctima”. Así lo cuenta la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien pide ayuda al ministerio de Interior para extender esta idea a toda la Comunidad Valenciana bajo una premisa: “la denuncia es el primer paso para salir del círculo del maltrato”.