La negativa de 35 padres de Granada a vacunar a sus hijos contra el sarampión llevó en 2010 a un juez de esta localidad andaluza a decretar la vacunación forzosa de los niños, la mayoría de menores de dos años. La medida fue reclamada por la Junta de Andalucía ante la imposibilidad de controlar el brote en un colegio del Albaicín y puede servir ahora, diez años más tarde, como guía ante la inminente distribución en España de la vacuna contra el coronavirus y la certeza de que un 47 por ciento de los españoles no quieren ponérsela, según datos del CIS.

La imposición del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Granada logró que en pocos días se superase el 96 por ciento de cobertura vacunal, lo que interrumpió de forma definitiva el avance de la enfermedad.

Desde la Asociación Española de Vacunología (AEV) se recuerda que haría falta que un 70 por ciento de la población se inmunizase contra la covid-19 para lograr alcanzar la conocida como 'inmunidad de grupo. En ese alto porcentaje no solo intervendrían las personas vacunadas sino también aquellos que ya han pasado la enfermedad y han quedado inmunizados contra el SARS-CoV-2, a pesar de que aún se desconoce con certeza el tiempo que permanecemos protegidos ante la pandemia.

Amós García es el presidente de la AEV, y uno de los mayores defensores de la necesidad de concienciar a la población en general sobre el beneficio de las vacunas a pesar de que, según este experto, "somos un país muy vacunador con una tasa superior al 95 por ciento de menores inmunizados".

A pesar de ello, el último barómetro del CIS ha constatado un aumento de los españoles reacios a vacunarse contra el coronavirus. En el último mes el porcentaje ha pasado del 43,8 % que aseguraban que no lo harían en octubre a un 47 % de encuestados que afirman ahora que no lo harán.

Antes de que las vacunas de Pfizer o PfizerModerna lleguen a España y empiecen a distribuirse entre la población, los responsables sanitarios de las Comunidades Autónomas comienzan a tomar posiciones. Este jueves hemos conocido que el Parlamento gallego estudia un texto para reformar la ley de salud gallega de 2008 en el que se fija que el rechazo a vacunarse o hacerse pruebas será multado hasta con 3.000 euros, aunque las sanciones podrían llegar hasta los 600.000 euros en el caso de que las consecuencias de esta negativa fuesen calificadas como "muy graves".

La urgencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus y la obligación a través de las multas de vacunar a la población deja en el aire qué pasaría con aquellos ciudadanos que se nieguen a ponérsela por miedo a los posibles efectos secundarios. Los expertos están convencidos de que ese 47 por ciento que según el CIS son reacios a vacunarse no son antivacunas sino ciudadanos "remisos" ante la rapidez en la que han sido aprobadas las vacunas y la falta de información y experimentación de las mismas.