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La pregunta de cuántas personas han muerto en residencias con COVID-19 confirmado o con síntomas de él sigue sin respuesta. Hace 25 días que el Gobierno pidió esos datos a las comunidades autónomas y 12 que los recibió, pero desde entonces, siempre que le han preguntado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha zanjado la cuestión con un "lo estamos estudiando".
Este mismo miércoles, Illa ha vuelto a decir lo mismo sobre esos datos de muertes en residencias: "Los daremos a conocer cuando sean estudiados", ha respondido a la primera pregunta sobre el tema en rueda de prensa. A la segunda, mismo mensaje: "Cuando tengamos la información la vamos a ofrecer".
Y hasta ahí, porque no está claro cuál es el análisis que se está llevando a cabo o cuáles son las dificultades con las que se está encontrando el Gobierno a la hora de cruzar las informaciones remitidas por las comunidades autónomas a través de este formulario con indicaciones precisas elaboradas en el ministerio que dirige Salvador Illa:
El 24 de marzo, hace más de un mes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo en El programa de AR, en Telecinco, que la Unidad Militar de Emergencias (UME) había encontrado ancianos fallecidos en residencias. Las palabras de la ministra contribuyeron a generar más incertidumbre sobre la situación de esos centros, donde se encuentra la población más vulnerable.
El problema para las estadísticas era que esas personas habían muerto sin confirmación clínica de la enfermedad, porque nunca llegaron a ir al hospital y nunca se les hizo una prueba PCR. Poco a poco, fueron conociéndose datos de residencias donde los ancianos habían muerto por decenas: 23 en una del barrio de Chamartín, en Madrid; 60 en otra de Sant Adrià de Besòs, en Barcelona; 26 en otra de Alcoy, Alicante, y suma y sigue.
La idea de que los muertos iban a ser en realidad muchos más que los de la cifra oficial tomaba cada vez más cuerpo. El Gobierno movió ficha:
Mientras el Ministerio de Sanidad analiza los datos de que dispone desde hace casi dos semanas, cada comunidad autónoma publica a diario una actualización del estado de sus residencias de la tercera edad. NIUS ha consultado esa información abierta, que arroja una cifra de 15.610 ancianos muertos en residencias.
No todas las comunidades hacen las cuentas de la misma manera. Algunas autonomías solo informan de los fallecimientos de internos de las residencias que dieron positivo en la prueba de PCR.
Es el caso de Castilla-La Mancha (968), Aragón (543), País Vasco (473), Comunidad Valenciana (452), Andalucía (450) o Asturias (163).
En otros casos, además de los muertos confirmados por PCR se informa de aquellos en los que se sospecha de un posible fallecimiento por COVID-19. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, que a las 1.130 víctimas mortales confirmadas le suma la nada despreciable cifra de 4.681 muertes con sospecha. En Castilla y León hay casi tantas muertes de un caso como de otro, 1.248 y 1.072, respectivamente.
En el caso de Cataluña, desde hace unos días publica unos datos basados en los registros de las funerarias que poco tienen que ver con los del Ministerio de Sanidad. Según esas cuentas, en residencias de la tercera edad catalanas habrían muerto 2.902 personas.
Y otra lectura distinta es la de Galicia, que contabiliza 128 muertes en residencias por un lado y 119 residentes muertos en hospitales por otro.
Según esta información pública, el número de ancianos fallecidos en los geriátricos de toda España salvo Ceuta y Melilla sumaría un total de 15.610. Casos confirmados por una PCR serían algo más de nueve mil, y el resto sospechosos.
Por otro lado, la Fiscalía ya ha abierto 109 investigaciones penales para ver si se ha cometido algún delito en residencias de ancianos. De ellas, 12 están ya en algún juzgado.
Esta información, que la Fiscalía General del Estado remite cada semana, vuelve a poner a Madrid muy por encima del resto de comunidades autónomas, con 42 diligencias de investigación abiertas. La segunda, de nuevo, es Cataluña, con 24.
Esas 109 investigaciones totales suponen 23 más que la semana pasada, cuando el Ministerio Público dirigido por Dolores Delgado informó de 86 investigaciones penales.
Entre las investigaciones penales de los fiscales, un buen número se han abierto por fallecimientos, aunque en la información proporcionada sólo lo especifica en algunos casos, como las 10 muertes de un centro en Jaén. En otras residencias de las provincias de Salamanca, Burgos y A Coruña, el documento habla de "varias muertes", sin número.
En cuanto a las averiguaciones por la vía civil, hay 165 abiertas ahora mismo de las 176 que se han iniciado en total, el resto se han archivado o están pendientes de ser cerradas.