El militar de La Manada, expulsado del Ejército

El expediente administrativo abierto por las Fuerzas Armadas ha concluido con la pérdida de condición de militar al miembro de La Manada, condenado por abusos sexuales a una chica en los Sanfermines de 2016.

En la actualidad se encontraba adscrito administrativamente a la Subdelegación de Defensa de Sevilla en la situación de servicio activo sin posibilidad de asignación de destino.

Cabezuelo se encontraba en situación de servicio activo desde que la Audiencia Provincial de Navarra decretó la puesta en libertad condicional de los cinco condenados por el abuso de una joven en Pamplona. Defensa argumentó que adoptaba esta decisión "por imperativo legal" y lo adscribió administrativamente a la Subdelegación de Defensa de Sevilla.

Sin embargo, decidió no asignarle destino en aplicación del artículo 111.3 de la Ley de la Carrera Militar, que permite adoptar esta decisión tras una condena y valorando "los hechos imputados, la trascendencia social y el interés del servicio".

El soldado estuvo suspendido de funciones desde que fue detenido por los abusos sexuales y entró en prisión. Sin embargo, una vez decretada su libertad, el Ministerio dirigido por Margarita Robles explicó que "no podía evitar" su vuelta al servicio activo ya que, a falta de sentencia firme, *el Reglamento impone un plazo máximo de seis meses durante los que un militar puede estar suspendido en sus funciones.*

En cualquier caso, se abrió contra Cabezuelo un expediente administrativo por condena por delito doloso que ahora se ha resuelto con la resolución del compromiso que tenía adquirido con las Fuerzas Armadas, según la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial de Defensa.

EL ABOGADO DE 'LA MANADA' CARGA CONTRA EL MINISTERIO DE DEFENSA

Agustín Martínez Becerra, abogado de cuatro de los miembros de ‘La Manada’, ha advertido de que la resolución del Ministerio de Defensa que se refiere a la expulsión de las Fuerzas Armadas de su cliente Alfonso Jesús Cabezuelo “no es firme” ni “efectiva”, tildando la difusión de dicha decisión de “puro marketing publicitario y populista”.

“Entendemos que la aplicación que hace el Ministerio de Defensa es absolutamente injustificada e injustificable, y nos sorprende que se haga desde el punto de vista de que ahora la ministra de Defensa es miembro de la carrera judicial”. “Sorprende igualmente que se saque una nota de prensa en estos términos, incluso poniendo el nombre y los apellidos de esta persona, vulnerando de una manera flagrante la ley de datos y la protección que este señor sigue mereciendo, porque por mucho que le cueste, incluso a la ministra de Defensa, ese señor sigue siendo inocente hasta que no exista una sentencia firme. Lo que nos acaba sorprendiendo es esta necesidad de publicitarse y de hacer populismo barato”, ha dicho.