Magrudis tenía su propio sistema de autocontrol y un laboratorio externo que se encargaba de certificar que todo era correcto. En todos estos años de actividad pasó, además tres inspecciones públicas.

El Ayuntamiento de Sevilla ha incidido este martes en que las inspecciones a Magrudis, responsable del brote de listeriosis, se han realizado "de acuerdo con las directrices europeas, la clasificación de la empresa y la implantación de un sistema de autocontrol".

Según detalla en un comunicado el Consistorio, los delegados de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales, Juan Manuel Flores, y Economía, Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana, Francisco Páez, han mantenido esta jornada una ronda de reuniones con los representantes de los grupos políticos de la oposición para explicar "con total transparencia" la gestión realizada dentro de las competencias municipales con motivo de la alerta sanitaria por 'Listeria Monocytogenes' decretada y coordinada desde la Junta de Andalucía.

En ellas, han explicado "toda la información", han ofrecido el acceso a la "documentación necesaria" y "aclarado todas las dudas" en torno a la gestión realizada durante este agosto, así como al funcionamiento y el trabajo de los servicios de Consumo y del Laboratorio municipal, la misma información que habían trasladado la semana pasada al Gobierno autonómico. Del mismo modo, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha mantenido una reunión con el presidente de Facua, Manuel Baus, y su portavoz, Rubén Sánchez.

Por todo ello, el Gobierno local critica que el PP intenta "de forma irresponsable" y por motivos políticos "desviar la atención hacia la plantilla municipal", cuando "el único responsable de esta crisis alimentaria son las empresas que han puesto en el mercado un producto contaminado". "Y las administraciones debemos trabajar con lealtad y responsabilidad para frenar esta situación y tomar todas las medidas necesarias para que no se repita", ha asegurado Flores tras las reuniones.

Según asegura el Consistorio, durante las reuniones se ha detallado a los grupos municipales el funcionamiento de la inspección de Consumo a cualquier empresa dentro de las competencias municipales. En este sentido, se ha explicado "paso a paso" las inspecciones que ha recibido la empresa cárnica desde que en 2015 se la dio de alta en el registro sanitario de la Junta con categoría B, "de acuerdo con el sistema de clasificación de establecimientos alimentarios en base al riesgo".

Según el relato del Ayuntamiento, Magrudis tuvo en noviembre de 2016 una inspección ordinaria con el método basado en riesgo por parte de los inspectores municipales del área de Consumo y se situó la categoría en A. En julio de 2017, se realizó una nueva inspección, en la que se establece que la categoría del establecimiento es C, "al haber implantado un plan de autocontrol". Todos estos cambios "de acuerdo con el sistema de clasificación de establecimientos alimentarios en base al riesgo".

En concreto, según el informe emitido por la inspectora actuante en relación a la visita realizada a la empresa en julio 2017, se llevó a cabo una valoración del riesgo de dicha industria en base a un protocolo establecido. En dicho protocolo, se valoró el sistema de autocontrol implantado por la empresa acorde a la producción y tratamientos aplicados en sus procesos, además del estado de sus instalaciones. Ello le dio una catalogación que "permitía una mayor amplitud en los periodos del control oficial de la misma", subraya el Ayuntamiento.

Por último, en julio de 2019, Magrudis notificó a la Junta la ampliación de sus instalaciones y el cumplimiento del sistema de autocontrol. En el escrito, la empresa afirma que dispone del documento relativo al Sistema de Autocontrol basado en principios de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, garantizando que "se han mantenido las condiciones técnico sanitarias iniciales y correcto funcionamiento del sistema de Autocontrol y su cumplimiento durante el tiempo que se desarrolle el ejercicio de la actividad".

El Ayuntamiento de Sevilla ahonda en que para este tipo de empresas "se establecen unos periodos estimativos para inspecciones en función de la categoría de establecimientos". "Son plazos orientativos, en ningún caso obligatorios, como queda claro en la normativa autonómica", agrega, antes de puntualizar que las categorías de una industria alimentaria en base al riesgo se establecen conforme a los criterios marcados por la Junta de Andalucía "y de los datos que la propia empresa facilita y de los que se hace responsable". En el caso de la categoría C, la frecuencia aproximada de inspección es de 18 meses.

En este sentido, incide en que el servicio de Consumo del Ayuntamiento trabaja siguiendo el Reglamento 882/2004 del Parlamento Europeo y del consejo de 29 de abril, donde se establecen las normas generales para la realización de los controles oficiales que permitan comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable y con el fin de garantizar un elevado nivel de protección a los consumidores en relación con la seguridad alimentaria.

De dicho Reglamento, el Ayuntamiento reseña que los controles oficiales se llevarán a cabo mediante procedimientos documentados que contendrán la información e instrucciones para el personal que los vaya ejecutar. Concretamente, el apartado 13 manifiesta que "la frecuencia de los controles oficiales debe ser regular y proporcional a la naturaleza del riesgo, teniendo en cuenta los resultados de los propios controles efectuados por los operadores de las empresas alimentarias, y conforme a los programas de control basados en el Sistema de Autocontrol y Puntos Críticos de Control (Appcc) implantado por la empresa", según el Consistorio.

En este caso por tanto, el Ayuntamiento asegura que "se establece un control proporcional a la implantación comprobada en 2017 de un sistema de autocontrol y puntos críticos de control por la empresa".

Como apunta el Gobierno local, en cada una de estas inspecciones se trabaja con un sistema de 'check list', en el que se fijan una serie de elementos a comprobar y se evalúan obteniendo una puntuación final que determina la categoría, por lo que el establecimiento de un sistema de autocontrol en 2017 "fue determinante", ya que "desde ese momento la empresa asume la responsabilidad en el seguimiento y captación de datos de acuerdo con la normativa vigente". "El sistema de revisión y clasificación es un modelo estándar de la Junta de Andalucía de acuerdo con las directrices europeas. No se toman muestras salvo que así lo determine un plan de inspecciones de la Junta de Andalucía. Se comprueba el funcionamiento y la documentación", incide.

El Ayuntamiento profundiza en que realiza inspecciones periódicas y aleatorias a los establecimientos "basadas en este criterio de proporcionalidad" y el Plan de Control de Peligros Biológicos que establece la Junta de Andalucía, que fija el tipo de productos y el número de empresas que se deben inspeccionar, "priorizando aquellas que tienen un mayor volumen o que presentan situaciones de riesgo".

"No ha sido el caso de Magrudis, al tener un producto al horno con elevadas temperaturas de cocción, tener un sistema de autocontrol, no tener ningún antecedente y por los productos y el volumen de su distribución", subraya el Consistorio, que concreta que este 2019 se han realizado por parte de los servicios municipales 335 análisis de alimentos en relación con la listeriosis. Todos ellos han sido negativos.