Los padres de la menor que sufrió un caso de acoso escolar racista en un colegio público del distrito Fuencarral-El Pardo esperan que la sentencia que condena a la Comunidad de Madrid por no evitar los hechos sea "ejemplarizante" en el sistema educativo español.

Así lo han señalado tras hacer pública la condena a la Comunidad de Madrid, que deberá indemnizar con 7.500 euros a los padres de la menor, que sufrió los hechos cuando tenía 10 años en el CEIP Cardenal Herera Oria, situado en la calle Fermín Caballero.

La juez determina ahora en sentencia que el Gobierno regional no actuó "de la manera adecuada" al no poner los medios necesarios para evitar o paliar este caso de 'bullying'.

A través de un comunicado de la plataforma 'suspendoalracismo' expresan que esperan que la resolución "sea una sentencia ejemplificadora" para el sistema educativo español, "marcando un antes y un después en la lucha contra la discriminación racial y la violencia que hoy sufren numerosos niños en sus colegios".

En el comunicado, dicha plataforma ha destacado que el acoso se caracteriza, como regla general, por "una continuidad en el tiempo, pudiendo consistir los actos concretos que lo integran en agresiones físicas, amenazas, vejaciones, coacciones, insultos o en el aislamiento deliberado de la víctima, siendo frecuente que el mismo sea la resultante del empleo conjunto de todas o de varias de estas modalidades".

"La igualdad que debe estructurar la relación entre iguales, degenera en una relación jerárquica --de dominación-sumisión--, entre acosador/es y acosado", ha señalado.

Ante ello, ha recalcado que "la situación experimentada por la menor, le produjo un trastorno de estrés postraumático grave, asociado a sintomatología depresiva, ansiedad, miedo y baja autoestima".

Según la plataforma, "los protocolos vigentes de acoso escolar y puestos en marcha por el colegio en virtud de las quejas formuladas por la madre, resultaron totalmente ineficaces, la directora del Centro no dio traslado de la situación a la Inspección de la Consejería, ni implementó los procedimientos administrativos previstos, como la recogida de testimonios de los alumnos, no hubo seguimiento de las medidas tomadas, ni entrevistas con las familias de los niños involucrados".

La madre de la menor invertira la compensación de la sentencia en la campaña #suspensoalRACISMO, para darla a conocer entre las poblaciones de niños vulnerables al bullying y al racismo.