Todos los acusados se enfrentan a penas de más de dos años de cárcel. Si son condenados a las penas solicitadas, todos irán a prisión. Dos imputados más de Diviertt o tres de la empresa Madrid, Espacios y Congresos, del Ayuntamiento; permitieron la clausura de cinco de los ocho pasillos de escape de la pista. Y la apertura de una puerta de emergencias para que entraran 3000 personas más directos a pista. Para defenderse llegaron a decir que su responsabilidad era con el edificio vacío, o que esa noche no estaban de servicio aunque fueron a la fiesta. Entre los cuatro imputados de Seguriber está el vigilante del cuarto de cámaras, ausente de su puesto más de una hora y sobre todo en el momento de la avalancha. Sus jefes también autorizaron la apertura de la puerta para que entraran los jóvenes procedentes de un botellón ilegal. Por no actuar contra ese botellón se juega la cárcel el ex jefe de policía municipal, a pesar de que la fiscalía no lo incluye en la lista de imputados.

También para el doctor Viñals de casi 80 años y su hijo, la fiscalía rebajó la petición a menos de dos años pero las acusaciones les piden cuatro; por falta de medios y por no haber reanimado a dos de las víctimas que dieron muertas cuando aun no lo estaban. Viñals padre llegó a decir que hizo la reanimación a mano con su hijo. Su hijo aseguró que aprendió viendo videos. Y casi 20 minutos después el Samur usó el desfibrilador que según el juez los Viñals no usaron. A pesar de las evidencias Simón Viñals espetó en la sala que gracias a su actuación una de las niñas recobró un hilo de vida y pudieron donar sus órganos.

Tampoco los dos acusados de la empresa de controladores se sienten responsables de nada. Ya también estaban en la fiesta viendo el colapso. Que nadie asume las cinco muerte los sabíamos, que Flores tenía problemas económicos y escatimó en vigilantes no. Eso lo descubrimos en la sesiones del juicio. Pero es que encima Flores pudo ganar con la fiesta más de 600.00 euros. La estrategia de su defensa es responsabilizar de lo ocurrido al Ayuntamiento de Madrid. El Madrid Arena no tenía licencia pero además no estaba preparado para soportar una fiesta de esas características.

Olvida una de las claves que podría valorar la sentencia. El contrato firmado con Aoki. En él se pedía expresamente que la pista junto al escenario estuviera abarrotada de gente para poder tirarse encima de la gente o de las balsas de goma que repartió para hacer su número. Ocho personas por metro cuadrado. Por eso taponaron casi todos los vomitorios e impidieron a la gente escapar de la ratonera en la que se estaba convirtiendo la pista. Y por eso dejaron entrar en tropel por la puerta de emergencias a 3.000 “bebidos”, desde la calle, directos a pista. Muchos testigos de la tragedia explicaron que el agobio les hizo salir en ese momento de la pista por el vomitorio que tenía más a mano (sólo había 3 abiertos). Allí quedaron atrapados cuando comenzaron a caer unos encima de otros. Como Estefanía que relató la agonía hasta que rompieron una puerta de un cuartito que había en el vomitorio: “Empieza a salir gente de delante y acabo tirada en el suelo con el cuerpo metido dentro de ese cuarto y las piernas todavía bajo toda la gente. Dejé las botas entre la multitud de gente y conseguí finalmente sacar las piernas pero pensé que me quedaba sin piernas allí”. O Alejandra también aprisionada en el vomitorio. “Me empiezo a marear. Había una puerta y ahí me suben. Llega un controlador me saca para dentro de la pista. Intento salir. La primera puerta estaba cerrada. Me pregunta si había tenido una pelea y que por ahí no se sale. Nos vamos a la siguiente. Insiste, insiste y al final, como excepción, nos deja salir”

Belén, Katia, María Teresa, Cristina y Rocío murieron aplastadas debajo de una montaña de jóvenes y fueron conscientes de que se morían, poco a poco. Ni fortuito, ni imprevisible. Los cinco homicidios se podían haber evitado. No lo decimos los periodistas. Lo dice la fiscalía. Y las acusaciones dicen más. Se incumplieron 19 normas en un recinto municipal. Ningún responsable político del Ayuntamiento de Madrid ha sido juzgado.