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La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge desde este miércoles y hasta el viernes el juicio contra los tres acusados de vender a una menor a una familia rumana.
Según han informado a Europa Press fuentes de la Fiscalía, el Ministerio Fiscal pide 14 años de prisión para la madre de la chica por un presunto delito de trata de personas, así como pide seis años para una madre y su hijo, el cual se casó con la menor, que se quedó embarazada, y al que piden además cuatro años de prisión por un supuesto abuso sexual.
Asimismo, tanto para el padre de la menor como para el marido de la otra acusada la Fiscalía ha pedido que se deduzca testimonio de los hechos para que se inicie un procedimiento respecto a ellos.
Hace precisamente un año que agentes de la Policía Nacional liberaron en Huelva a una menor embarazada que "fue previamente vendida por sus progenitores". Según informó la Policía Nacional, "la venta de la joven, de 16 años de edad y natural de Rumanía, fue orquestada por sus padres a cambio de 8.000 euros a una familia rumana para que contrajera matrimonio con un varón del clan.
Los padres habían denunciado presuntamente de manera falsa el rapto de la menor en Rumanía, explicando incluso ante las autoridades que los hechos ocurrieron en plena calle y fueron cometidos por cuatro individuos.
La investigación comenzó tras presentarse una denuncia ante las autoridades rumanas por parte de un matrimonio de dicho país en el que manifestaban cómo su hija menor había sido secuestrada, metida en un coche a la fuerza ocupado por cuatro individuos y trasladada a España, unos hechos que finalmente no pudieron ser acreditados.
En la denuncia inicial, presentada por los padres de la menor, ambos explicaban cómo habían conocido el supuesto secuestro de su hija a través de otra joven de su misma ciudad. Asimismo afirmaron haber intentado ponerse en contacto con la víctima a través de su teléfono móvil y también a través de familiares y amigos, sin obtener ningún resultado.
En su denuncia los padres explicaron cómo en otra ocasión fueron contactados a través de una llamada realizada por la matriarca de esta familia rumana, quien "reconocía que tenía retenida a la menor, reclamando además 150 euros para costear un aborto de la víctima, que se encontraba en un hospital embarazada de unos cuatro meses". Tras asegurar los padres que pagaron esa cantidad, fue el hermano de la menor quien recibió en su móvil una fotografía de su hermana en la que llevaba el brazo izquierdo escayolado y un hematoma en su ojo izquierdo.
Los padres también aseguraban en su denuncia que aprovecharon un viaje a España de su sobrina para hacerle llegar a su hija algo de ropa y 150 euros. Sin embargo, nunca dejaron que viese a la víctima para poder constatar su bienestar y semanas después, la madre de la menor aseguró haber recibido otra llamada de su hija solicitándole el envío de más dinero, esta vez 350 euros.Al parecer había conseguido escapar de sus captores pero desconocía su paradero y cuando el padre comunicó al marido de la menor su intención de viajar a España para rescatar a su hija, esté le amenazó de muerte.
Finalmente se pudo constatar cómo este clan habría pagado 8.000 euros a los padres de la víctima a cambio de un documento mediante el que autorizaban a su hija a salir de Rumanía y residir en España. Este escrito, cuya legalidad ya ha sido comprobada, fue hallado por los agentes en el momento de las detenciones.
Tras realizar la investigación de los hechos denunciados por los padres, los agentes no pudieron acreditar lo que habían explicado en su denuncia. En una primera intervención policial se detuvo a los miembros del clan rumano que supuestamente la tenía retenida, por su supuesta implicación en un delito de trata de seres humanos a través de matrimonios forzados. Se trataba de una madre y sus dos hijos entre los que se encontraba el marido de la menor, quien fue arrestado además por un presunto delito de abusos sexuales.
Hay que recordar que para la detención de los padres se solicitaron sendas órdenes europeas de detención y entrega por simulación de delito y por trata de seres humanos para la realización de matrimonio forzado. Poco después las investigaciones situaron a la madre en Huelva y al padre en Rumanía, mientras que la joven, una vez liberada, fue trasladada a un centro de menores dependiente de la Junta de Andalucía.