La vecina de Gerona que el 30 de diciembre de 2019 ahogó a su hija de diez años en la bañera después de drogarla con ansiolíticos ha declarado este miércoles en el juicio que afronta en la Audiencia Provincial que cometió el crimen por que lo veía "todo negro" y no quería "que ella sufriera".

Después de dos jornadas de declaraciones, la acusada, Maria Àngels F., ha visto llegar su turno, aunque sólo ha respondido a cinco preguntas de su abogado, David Muñoz, para lo que ha empleado poco más de un minuto.

Interrogada sobre si en el momento de los hechos tomaba la medicación del tratamiento que seguía en el centro psiquiátrico donde estuvo ingresada de agosto al 24 de diciembre de 2019, momento en que recibió el alta, ha explicado que, desde que regresó a su casa, no lo había hecho.

Muñoz le ha preguntado cuál era la relación que tenía con su hija, a lo que la procesada ha contestado que era “buena”.

Ha negado que el acto que cometió el 30 de diciembre de 2019 fuese "premeditado" y la última pregunta de la defensa ha sido “¿por qué lo hizo?”, a lo que, en el mismo tono plano de todo el juicio, ha explicado: “Lo veía todo negro y no quería que ella sufriera”.

La magistrada presidente de la sala, Fátima Ramírez, ha pedido a la acusada si quería contestar una pregunta que quería hacer uno de los miembros del jurado popular, a lo que se ha negado, aunque se ha formulado para que constara en acta: "¿Si pudiera volver atrás lo volvería a hacer?”.

El juicio ha seguido con la lectura de los mensajes que la acusada intercambió a través de redes sociales con un periodista al que le confesó el crimen y la reproducción de las llamadas de ambos al teléfono de emergencias.

Tanto el fiscal Enrique Barata como la acusación particular en nombre del padre, representada por los abogados Óscar Ballester y Óscar Álvarez han elevado sus conclusiones a definitivas.

El primero pide por primera vez en la Audiencia de Girona prisión permanente revisable por un delito de asesinato sobre persona especialmente vulnerable con agravante de parentesco y atenuante de confesión, así como que se indemnice al exmarido y padre de la niña con 200.000 euros.

La acusación particular ha mantenido la petición de veinte años por asesinato y la defensa, que sostiene que la acusada tenía las capacidades volitivas y cognitivas anuladas durante los hechos por trastorno mental, reclama internamiento psiquiátrico, pero ha modificado sus conclusiones provisionales.