Juicio en Galicia a un falso médico para el que se piden más de trescientos años de prisión. Durante meses tendrán que declarar más de un centenar de afectados por una estafa continuada, intrusismo, lesiones y hasta homicidio por imprudencia.

José Manuel López, alias Coté, solo tiene el bachillerato pero actuó como médico. A uno de sus pacientes lo dejó morir al confundir un tumor con un ganglio.

Según el escrito de calificación de los hechos, el hombre está acusado de delitos de intrusismo, estafa, falsedad, homicidio por imprudencia y lesiones. En las cuestiones previas de la sesión, el fiscal ha solicitado que se amplíe la actividad delictiva a diez años antes de su detención y el embargo y comiso de todas sus propiedades.

Por su parte, el abogado del falso médico reclamó la nulidad de las escuchas telefónicas de 2007 por ser, dijo, "vulneración del derecho del secreto de las comunicaciones". Según el letrado, estas pruebas no cumplen los "requisitos de motivación, proporcionalidad y excepcionalidad" porque no existió "investigación judicial previa" para la resolución judicial.

Por estas razones, el abogado de la defensa pidió anular el auto del juez instructor para intervenir el teléfono de la clínica del encausado en Ferrol y del suyo propio porque estaba "justificado" solo, dijo, con noticias de prensa y capturas de pantalla de internet.

El letrado especificó que el falso médico tenía los "antecedes cancelados" porque había dos procesos "sobreseídos" en años anteriores. "No estaba realizando ninguna actividad ilícita", aseguró, por lo que considera que se debía haber optado por "métodos de investigación menos lesivos".

Si había, continuó, "riesgos graves para la salud", como se alega en el auto, se preguntó por qué no existían, dijo, "denuncias". "Parece evidente que, con carácter previo a intervenir las comunicaciones, habría que consultar a los pacientes", defendió.

También considera que existió "falta de justificación" para el registro de la casa y de la clínica de Ferrol en el año 2008 por lo que cree que esta medida "vulnera el derecho de inviolabilidad del domicilio".

El abogado de la asociación de víctimas, Rubén Veiga, pidió, en su turno de cuestiones previas, excluir a tres personas del conjunto de las que representa, que suman 101, y denunció la retirada de 3.000 euros de los fondos reservados para posibles indemnizaciones.

Están personados en la causa otras víctimas a título particular y también el Estado como la Xunta, a través del Sergas, así como el Colegio de Médicos de A Coruña, el de Fisioterapeutas de Galicia y el Consejo General de Fisioterapeutas de España.

El juicio se celebra en sala Emilia Pardo Bazán, habilitada especialmente para el juicio por el elevado número de partes implicadas. El acusado, de traje y corbata azul, y su mujer, también encausada y vestida de negro, se ha mostrado tranquilos durante la primera sesión.