Javier Huete, fiscal de Sala de Coordinador de Menores, ha sido entrevistado por Pedro Piqueras a través de una conexión con Informativos Telecinco en la que ha valorado las imágenes que se están produciendo al respecto del desacato de algunos jóvenes que parecen hacer oídos sordos a las medidas de restricción impuestas por las autoridades sanitarias para salvaguardar la salud de todos en el marco de la crisis del coronavirus.

“Es realmente preocupante porque traduce una falta de sensatez, --el considerar que esto no va con ellos--, y realmente lo que importa es que se dieran cuenta de que las medidas están adoptadas en su protección. No es un capricho, no es prohibir por prohibir. Es simplemente protegerse. Y para protegerse el primero que tiene que ser consciente es uno mismo. No hemos debido hacer bien la pedagogía porque estas imágenes son tremendas”, ha subrayado, valorando episodios en los que se ha podido ver a grupos de jóvenes haciendo botellón o realizando actividades en grupo en el parque sin mantener el distanciamiento social o algún otro tipo de prevención ante un posible contagio.

En este sentido, Hueta subraya que “todos estos chicos, de 14 a 18 años, tienen normalmente familias”, señalando que “los padres también son los responsables” y “tendrían que haber trasladado esa norma de respeto, de autoprotección”. “La primera llamada es a los padres: sí, se puede salir para lo que se puede salir, pero es imprescindible que trasladen esa obligación de comportamiento cívico. Porque si no, las consecuencias vienen después”, ha enfatizado.

Consecuencias que, en primer lugar, pueden pasar por el hecho de “volver a casa y transmitir el virus a padres, hermanos o abuelos”, señala, para a continuación entrar en su campo y valorar posibles consecuencias jurídicas: “En una primera situación no habrá más que una consecuencia administrativa, pero la reiteración y las conductas asociadas de violencia hacia el agente de la autoridad, que te dice que tienes que comportarte, puede generar no solo un delito de desobediencia sino que puede ir a un delito de atentado contra la autoridad. En los casos graves en los que haya además conductas delictivas como esa, como el atentado, se puede llegar incluso un internamiento cerrado”, ha apuntado.

A este respecto, añade, con los menores la sanción económica “no existe”, pero sí hay “otras medidas que en confinamiento impiden que se puedan llevar a ejecución porque, en estos casos, no solo van hacia el castigo sino hacia la reeducación y recuperación del menor. Por eso nuestras sanciones son en internamiento cerrado, semiabierto o abierto. Puede haber también la libertad vigilada. No son sanciones económicas en el ámbito de la jurisdicción de menores, pero sí medidas de esta naturaleza que ahora mismo no se podrían aplicar, pero que cuando se reabra la actuación ordinaria, en los casos más graves, seguro que se seguirán los procedimientos contra ello”, ha explicado, llamando a la responsabilidad y el respeto a las normas dispuestas para preservar la salud de todos.