Isabel Celaá: "La ley establece las mismas obligaciones para la pública y la concertada porque ambas se nutren con fondos públicos"

  • "Los alumnos de hogares más vulnerables repiten cuatro veces más que el resto; esto hay que atajarlo"

  • “La educación concertada no corre ningún riesgo y no se va a despedir a sus profesores"

  • "Nos alegramos de que Bildu esté transitando por la senda de la democracia"

"La equidad y la excelencia". Dos ideas que justifican la nueva ley de educación (Lomloe), según la ministra del ramo, Isabel Celaá (Bilbao, 1949). "El país necesita todos los talentos y todo el mundo es capaz de aprender con los refuerzos necesarios". Más allá de estas premisas, la controversia política se ha centrado en el futuro de la educación concertada y en la desaparición de la mención al castellano como lengua vehicular. "El debate que la derecha ha suscitado en torno a esta ley es el mismo que hubo con la LRU, con la LODE, con la LOGSE, con la LOE. No es un debate educativo".

Dos semanas después de que el pleno del Congreso aprobara la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, la norma tendrá que pasar ahora por el Senado y volver al Congreso para su votación final. Si todo va bien, antes de que acabe el año.

Pregunta. ¿Por qué esta ley era necesaria?

Respuesta. Era necesaria y urgente. La LOMCE [aprobada por el PP en 2013] era una ley que incurría en errores técnicos. De facto, ni siquiera el propio Partido Popular ha sido capaz de poder aplicarla. En 2016 se suspendió el calendario de su aplicación, las reválidas. Lo que quedaba encima de la mesa era un auténtico galimatías jurídico. Más allá de eso, hay itinerarios excluyentes, programas de bajo nivel educativo, distintas metas, dos títulos diferentes... Estamos en un mundo globalizado donde hay que garantizar que todo alumno y alumna llegue al máximo de su potencialidad. Y esta es la excelencia que nosotros entendemos, y esta es la nueva mirada que tiene la LOMLOE: equidad y excelencia para una mayor calidad.

P. ¿Cuál es el principal problema que esta ley pretende atajar?

R. La equidad, que es fundamental. Un país no puede permitirse una pérdida de talento tan extraordinario como el que estábamos teniendo, con un 17% de abandono escolar temprano. El país necesita todos los talentos y todo el mundo es capaz de aprender con los refuerzos necesarios.

P. El éxito o el fracaso escolar en España viene determinado por el estatus socioeconómico de los padres, ¿está fracasando la escuela como nivelador social en los últimos años?

R. Sí. Es cierto que el impacto del nivel socioeconómico es grande sobre los resultados del sistema. De facto, el sistema educativo español mantiene un índice de repetidores, con un 29%, muy superior a la media del 11% de la OCDE. Sabemos que aquellos alumnos y alumnas que proceden de hogares de mayor vulnerabilidad repiten cuatro veces más que el resto y esto hay que atajarlo. El objetivo es que aquel alumno que entra en la escuela siendo vulnerable salga de ella no siéndolo.

P. Una vez más, una ley educativa se aprueba sin consenso

R. Rotundamente, no. Primero, el gran consenso y el gran pacto educativo ya se fraguó en el artículo 27 de la Constitución española. Esta ley está en el pacto constitucional, que consagró, en primer lugar, el derecho a la educación del alumno y, en segundo lugar, la libertad de enseñanza. Esas dos cuestiones están perfectamente preservadas en la LOMLOE. Pero, además, la ley vigente es una legislación para una sociedad que ya no existe.

Ningún país consideraría que la religión o concertada sí o no es un debate de educación.

P. ¿No teme que cuando vuelva a gobernar la oposición revierta esta ley?

R. Lo que pasa es que el debate que se ha suscitado en torno a esta ley por parte de las derechas es exactamente el mismo que suscitó con la LRU, con la LODE, con la LOGSE, con la LOE. Es el debate de siempre: el de la religión, concertada sí o no, y ahora también el de la lengua. El mismo debate, que no es educativo. Ningún país consideraría que la religión o concertada sí o no es un debate de educación. Hablar de educación es hablar de cómo establecer que la educación infantil sea un principio rector del sistema, de la coeducación, de la flexibilidad del sistema, de incorporar en bachillerato una cuarta modalidad como es el bachillerato general. Esto, ¿qué opiniones suscita? No sabemos.

P. ¿Que el español deje de figurar como lengua vehicular de la enseñanza y que con ello pueda quedar marginado en territorios con lengua propia es normal y es oportuno?

R. En absoluto va a quedar marginado en ninguna comunidad por poner o no vehicular. El término de que el castellano fuera "lengua vehicular" se puso por primera vez el año 2013 en la LOMCE (del PP). Si esto fuera así, cabría preguntarse si en los gobiernos del PP anteriores al 2013, presididos por el presidente Aznar, el castellano no era vehicular. ¿Es que el castellano es vehicular o no en función de que una ley lo plantee? El castellano ha sido vehicular siempre y a lo largo de toda la historia y seguirá siendo vehicular.

P. Entonces, ¿por qué se blinda el sistema de inmersión lingüística que ya funciona desde hace años en Cataluña, donde solo se da Lengua Castellana en español?

R. No hay que tener miedo a la inmersión. Lo que tiene que ser es una inmersión compensada, en varias lenguas. Y eso es lo que dice la ley, que todos los alumnos y alumnas tienen que llegar a un dominio pleno y equivalente tanto en castellano como en las lenguas cooficiales allí donde las hubiere.

Un gobierno no puede consentir que aquello que se financia con recursos públicos esté sometido a desigualdad.

P. La escuela concertada considera la ley como un ataque frontal

R. Rotundamente, no. Este es el mismo argumento cada vez que se proyectaba una ley desde un gobierno socialista y ahora de colaboración con Unidas Podemos. Ante la LOE, se llegó a afirmar exactamente lo mismo. Y lo cierto es que la concertada ha seguido en su implantación con niveles muy homogéneos e, incluso, ha crecido un poco: de un 25% ha pasado a un 27%. Lo que hace la LOMLOE es incrementar los espacios de libertad, de igualdad y de compensación de oportunidades. Un gobierno no puede consentir que aquello que se financia con recursos públicos esté sometido a desigualdad. La LOMLOE conserva de manera rigurosa toda la arquitectura de la enseñanza concertada. Lo que no se incorporan son aquellas medidas que suscitaron tanta controversia en la LOMCE porque establecían desigualdad de oportunidades, como la cesión de terreno [a colegios concertados] o el cobro desmedido de cuotas a las familias.

P. ¿Considera una anomalía el gran peso que tiene la educación concertada en España?

R. Yo no voy a hablar de anomalías, pero sí es un sistema muy singular. Lo propio en Europa es la prevalencia de la educación pública. La educación privada subvencionada cien por cien como es la concertada española en cuanto a servicios educativos es singular en Europa.

P. La LOMLOE prohíbe las aportaciones obligatoria de las familias a los centros concertados, pero eso ya era ilegal y se consentía. ¿Cómo lo va a hacer cumplir la LOMLOE?

R. La ley pide una supervisión por parte de las administraciones públicas. Ahora con la LOMLOE no se pueden cobrar las actividades complementarias que se habían ido colando y que eran estables y que se incorporaban al currículum a cualquier hora. Tampoco se puede ceder suelo público a una empresa privada para que construya un centro al que se le dice previamente que será concertado sin haber sido autorizado por la administración pública. Aquí también ha habido abusos y privilegios.

La educación pública representa un 67% del sistema, pero incorpora un 76% de necesidades educativas especiales. Lo que va a hacer la LOMLOE es equilibrar la escolarización estableciendo las mismas obligaciones para la pública que para la concertada.

P. ¿Por qué la red pública asume la mayor parte de los alumnos con dificultades?

R. Esta es otra de las cuestiones que la LOMLOE ha de corregir. La educación pública representa un 67% del sistema, pero incorpora un 76% de necesidades educativas especiales. Lo que va a hacer la LOMLOE es equilibrar la escolarización estableciendo las mismas obligaciones para la pública que para la concertada porque se nutren de fondos públicos, con los impuestos de todos. Los requisitos para la admisión tienen que ser equivalentes y no deben cobrarse esas actividades complementarias, salvo que sean actividades extraescolares que se den fuera del horario y que sean voluntarias.

P. ¿Podría asumir la educación pública las plazas que ahora cubre la educación concertada?

R. No lo deseamos tampoco. Nosotros valoramos mucho el sistema educativo español y que haya libertad de enseñanza. La ley hace dos cosas importantes: afirmar el derecho a la educación de todos los alumnos, esto significa no sólo su acceso universal a la educación sino su culminación con éxito. Lo que queremos es un equilibrio. ¿De qué trato puede quejarse la educación concertada cuando ha habido tal descompensación en el tratamiento a la educación pública? Tenemos que dar más a aquellos que no tienen lo necesario y aquí no solo entraría la educación pública sino también centros concertados que atienden a población vulnerable. La escuela concertada no tiene ningún riesgo, ni ningún profesor de la concertada va a perder su puesto de trabajo. Se dicen barbaridades, se incorpora sufrimiento a las personas totalmente infundado. Esta ley no va en contra de nadie, va a favor de todos.

P. Otro de los grandes reproches es el temor de muchas familias a que se cierren los centros de educación especial.

R. Lo que dice la ley es que en los centros ordinarios [públicos, concertados y privados] es necesario incrementar los recursos para el tratamiento de personas con discapacidad. Y esto no es política solo española sino internacional. La ONU ha condenado a España por no asistir al derecho de las familias que quieren que sus hijos se eduquen en centros ordinarios. La ley dice también que se va a seguir prestando apoyo a los centros de educación especial, donde se escolarizan en este momento 37.000 alumnos. No se van a cerrar los centros de educación especial y a ningún alumno se le sacará de estos centros en contra de su voluntad.

Bildu es una fuerza política legal y con escaños legítimos. En democracia la legalidad y la legitimidad se identifican. Han respaldado los presupuestos porque les han parecido buenos. No conozco ningún pacto más allá de lo que significa el pacto presupuestario.

P. Al margen de la educación, como ministra de este Gobierno con una larga trayectoria política en el socialismo vasco, quería preguntarle qué ha pactado el Gobierno con Bildu.

R. Desconozco los detalles, pero lo que ha hecho Bildu es respaldar los Presupuestos, que son bienvenidos porque los necesitamos. No solo para que sean la embocadura de los fondos europeos sino porque España necesita estabilidad. Yo creo que Bildu, que es una fuerza política asentada en el Congreso de los Diputados, legal y con escaños que son legítimos, porque en democracia la legalidad y la legitimidad se identifican, los han respaldado porque les han parecido buenos. No conozco ningún pacto más allá de lo que significa el pacto presupuestario.

P. Usted trabajó con José Ramón Recalde y con Fernando Buesa, ambos víctimas de atentados de ETA, y ha colaborado también con Ramón Jáuregui, quien hace unos días mostraba su desazón en NIUS

R. Hace 10 años que ETA cerró. Bildu es una colaboración entre distintas fuerzas políticas. Bildu hizo el otro día un gesto acudiendo al homenaje a Ernest Lluch y ha hecho muchos otros en el País Vasco. Generalmente, viene al día de las víctimas. ¿Que evidentemente nos gustaría que hiciera el gran gesto de pedir perdón público a las víctimas por tanto horror? Por supuesto, nos gustaría. Todo va en camino a la normalización necesaria que requiere una democracia. Nos alegramos de que Bildu esté transitando por la senda de la democracia. Cuando íbamos a terminar con el horror, dijimos que queríamos que trabajaran en política. Están trabajando en política y seguimos pidiéndoles que pidan perdón y que se reencuentren con las víctimas.