Los últimos éxodos migratorios llegados a Europa tienen su origen en lugares y momentos completamente ajenos a esas familias engañadas que se agolpan en sus fronteras. El último fenómeno no comienza esta semana, sino en agosto de 2020, cuando el déspota bielorruso Alexandr Lukashenko se atribuyó la victoria en las elecciones presidenciales de su país con más del 80% de los votos. La UE calificó los comicios como fraudulentos y aplicó sanciones contra Bielorrusia. Meses después Lukashenko se ha cobrado la venganza.

Desde hace meses el Gobierno bielorruso participa en una oscura trata de personas, facilitando visados a miles de refugiados, que ahora ha colocado en la linde con Polonia. Más que ingenuos peones, se trata de individuos a quienes tampoco les ofrecen otra oportunidad. La mayoría son iraquíes kurdos, que Turquía repudia, y a los que el régimen de Erdogan también ayuda a desfilar hacia la UE. Son las últimas armas arrojadizas de un conflicto político. Lo que en Bruselas y Varsovia han definido como una “guerra híbrida”.

En 2015 el término aún no se había puesto de moda, aunque lo que ocurrió entonces no fue tan distinto. Aquel año, más de un millón de personas, en su mayoría sirios, arribaron a las costas griegas. Escapaban de la guerra en su país, pero quien abría o cerraba la puerta estaba en Ankara. Los refugiados llegaban a las playas turcas, a unos 10 kilómetros por mar de la isla de Lesbos, y desembarcaban en Grecia. En muchos casos denunciaron palizas, agresiones sexuales o malos tratos por parte de las autoridades turcas, que los empujaban hacia la UE.

Tras una acogida masiva en Alemania, el asunto ya se había convertido en un problema interno para el Gobierno de Angela Merkel. Así que, en marzo de 2016, la UE y Turquía firmaron un acuerdo para que el Ejecutivo de Erdogan frenara el tráfico de migrantes. A cambio, Bruselas prometía 6.000 millones en ayudas, que el presidente turco se ha encargado siempre de reclamar bajo amenaza de volver a levantar la mano. La UE cedía al chantaje, a condición de externalizar el problema.

En Libia debieron tomar nota. La ruta entre este país e Italia era la otra gran vía de entrada en Europa para los migrantes, en este caso subsaharianos y procedentes de Oriente Próximo. El peregrinaje duraba meses y costaba miles de euros. La diferencia entre Turquía y Libia es que los primeros contaban con un Gobierno fuerte, alguien con quien negociar; en el caso de los segundos reinaba el desgobierno.

Italia se había cansado de pedir ayuda a la UE para gestionar la llegada de cientos de miles de personas. No lo consiguió nunca. De modo que en 2017 le encargaron la tarea a un antiguo oficial de los servicios secretos, Marco Minniti, a quien nombraron ministro del Interior. Minniti viajó a Libia, se reunió con los líderes tribales que controlaban el territorio y les ofreció dinero a cambio de controlar la inmigración. Con modos todavía más rudos y campos de detención mediante, la salida de embarcaciones desde Libia también se frenó. El acuerdo se produjo en tiempos de un Gobierno socialdemócrata. Lo presidía Paolo Gentiloni, hoy comisario europeo de la EU. Después llegaría Salvini y su discurso xenófobo.

El último episodio de este tipo lo hemos vivido mucho más cerca. En mayo de este año cerca de 8.000 personas llegaron en un par de días a Ceuta. Entre ellos, como suele pasar, había cientos de menores. Al igual que en 2006, con la crisis de los cayucos, el reino de Marruecos utilizó a todas estas personas para desestabilizar a España. En esta ocasión, se trataba de una respuesta a la acogida en nuestro país del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

España contó con el respaldo de la UE, como ahora ocurre con Polonia. Sin embargo, la crisis provocó una fisura en el Gobierno de Pedro Sánchez. A la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que autorizó la entrada de Gali en España, le costó el puesto. Después fue llamada a declarar como investigada en un juicio para aclarar si hubo delito y apaciguar a la monarquía marroquí. Desde entonces, Mohamed VI ha rebajado el tono.

Marruecos se ve ahora envuelto en otra crisis, después de que Argelia cerrara el grifo del gas que unía a ambos países. España, que deberá recibir el gas argelino por barco, se ve de nuevo en medio del conflicto diplomático en el Magreb. En un momento muy delicado por la escalada del precio de la electricidad y la escasez mundial de mercancías, el suministro energético se vuelve a colocar en el centro. Es lo que pasa también entre Bielorrusia y Polonia.

Por Bielorrusia transita el 20% del gas ruso que llega a los países europeos. Lukashenko ya ha amenazado a la UE con cortar el suministro si desde Bruselas no levantan las sanciones. Vladimir Putin, el verdadero dueño del gas ha rebajado las amenazas de Lukashenko, aunque también en Moscú celebran las contrariedades que se han abierto en Bruselas.

La UE ahora respalda ciegamente a Polonia, un país con el que hace literalmente dos semanas estaba al borde del colapso, tras la negativa polaca a respetar la independencia judicial que le exige la Comisión Europea. En los últimos años el Gobierno ultraconservador de Varsovia se ha negado a acoger refugiados, ha aprobado leyes homófobas y veta el acceso de la prensa a ciertas informaciones. Con este socio debe hacer frente común la Comisión. Mientras, miles de personas se mantienen como rehenes en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Sin agua ni alimentos, al margen de la disputa.