La Agencia Tributaria, a través de la Abogacía General del Estado, solicita una pena de 28 años de cárcel para los actores Imanol Arias y Ana Duato por los delitos fiscales que se les atribuye entre 2009 y 2015. La petición corresponde a cuatro años de prisión por cada delito de fraude que se les imputa. La Abogacía del Estado, además, añade una petición de multas que suman unos 16 millones de euros.
Hacienda ha constatado que los actores cometieron siete delitos fiscales en cada año fiscal durante el referido período, aunque fuentes del caso consideran que algunos de esos delitos han prescrito por el tiempo transcurrido. Ana Duato e Imanol Arias abonaron ya la mayor parte de la cuota defraudada, lo que les servirá para acogerse a atenuantes y pueden buscar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía que les evite la cárcel, según adelanta El Confidencial.
Fuentes próximas a Imanol Arias han confirmado al periódico que la petición de Hacienda es "excesiva" y esperan que la de la Fiscalía sea claramente inferior. Con la investigación ya en marcha, el actor abonó 2,33 millones en declaraciones complementarias en Hacienda. Eso le permite acogerse a una atenuante para rebajar la pena, pero esto no le exime de la multa que le reclama Hacienda. De cumplirse la pena, el actor debería pagar hasta cuatro veces lo defraudado, lo que en este caso supera los nueve millones.
Ana Duato no se ha pronunciado aun al respecto. Hacienda considera que la actriz defraudó 1,9 millones de euros en siete ejercicios. Como Imanol Arias, Duato ya abonó 708.130 euros cuando comenzaron las inspecciones. La Agencia Tributaria pide para ella 7,6 millones de multa.
El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional dictó el pasado junio un auto por el que proponía juzgar a los actores Imanol Arias y Ana Duato, junto a otras 29 personas físicas y otras seis jurídicas, por el llamado 'caso Nummaria', nombre del despacho de abogados dedicado presuntamente a construir y mantener una estructura jurídico económica para que sus clientes evadiesen impuestos.
El despacho, dirigido por el inspector de Hacienda en excedencia Fernando Peña, creaba "estructuras societarias, de ámbito nacional e internacional" basadas "en el principio de opacidad". El despacho utilizaba sociedades en el Reino Unido opacas que eran "entidades simuladas constituidas para fines ilícitos de todo tipo" y que estaban gestionadas por "administradores-testaferros de Costa Rica o Mauricio", siempre según la acusación.
En el caso de Imanol Arias y Ana Duato se les imputan delitos contra la Hacienda Publica y en el de Duato, además, por falsedad documental. En el texto el juez deja clara su opinión y asegura que los clientes del despacho de abogados "eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas".