La aceptación de una excepción en la aplicación de la Ley de Caducidad, que impide juzgar a los autores de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, puede abrir las puertas a otros casos similares y al enjuiciamiento de ex militares y ex policías implicados en esos crímenes cometidos entre 1973 y 1985.

"El Poder Ejecutivo al amparo de lo previsto en el artículo 33 del Código General del Proceso, acepta el planteo de excepción de inconstitucionalidad realizado por el ministerio Público y Fiscal ante la Suprema Corte de Justicia", señala el comunicado emitido esta tarde.

El respaldo de inconstitucionalidad se refiere al caso de la muerte en dependencias militares en 1974 de la opositora comunista Blanca Estela Sabalsagaray Curuchet y en referencia a varios artículos de la citada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Esta normativa fue aprobada en 1986 y refrendada en una consulta popular en 1989.

Según el comunicado, el Gobierno anunció su decisión de avalar esa inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en ese caso a la Suprema Corte de Justicia de Uruguay por intermedio del secretario de la presidencia del país, Miguel Angel Toma.

Esta acción de la Administración del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, respondió al planteamiento de inconstitucionalidad presentada por la fiscal Mirtha Guianze contra varios artículos de la citada ley y en torno a la muerte de Sabalsagaray.

La decisión que deberá ser contemplada de nuevo por la Suprema Corte de Justicia no significa que se podrá derogar la ley, pero ampliará el horizonte de los juicios sobre violaciones de derechos humanos en Uruguay cometidas durante la dictadura, dijeron fuentes judiciales a radio El Espectador.

Ahora el caso deberá ser remitido de nuevo al fiscal de Corte, que deberá opinar sobre la constitucionalidad de la Ley de Caducidad y después la norma regresará a la Suprema Corte de Justicia para que sus integrantes emitan sentencia, lo que podría tardar varios meses.

Fuentes del Gobierno citadas hoy por la prensa indicaron que ya en el Consejo de Ministros celebrado ayer, el presidente uruguayo afirmó que para el actual Poder Ejecutivo "la Ley de Caducidad es inconstitucional".

Guianze remitió ayer una nueva petición a la Suprema Corte de Justicia y al Gobierno para que éste se pronunciara e indicara si la Ley de Caducidad ampara el caso de varios disidentes que fueron asesinados en unidades militares uruguayas en los años setenta.

La muerte de algunos de estos opositores puede ser relacionada, según Guianze, a la acción concertada de los Gobiernos dictatoriales de la época en Suramérica en el marco de la Operación Cóndor de eliminación de disidentes.

Representantes de la Fiscalía uruguaya ya habían indicado que no se producirá ninguna confrontación entre los dos poderes, el Judicial y el Ejecutivo, en el caso de que el Gobierno se pronunciara sobre el alcance de la Ley de Caducidad.

Según indicó el fiscal de la Corte Suprema de Justicia Rafael Ubiria, es el Poder Ejecutivo el que tiene que decidir cuáles son los casos de violaciones a los derechos humanos que son excluidos de la Ley de Caducidad.

No obstante, en el citado Consejo de Ministros, Vázquez y varios titulares de su Gabinete subrayaron que la posición final sobre la constitucionalidad de la ley corresponde al Poder Judicial.

De forma paralela, organizaciones y grupos de derechos humanos están recolectando firmas para convocar un referendo encaminado a derogar la Ley de Caducidad.

Hasta el momento se han reunido más de 205.000 firmas, de las 250.000 necesarias, aunque la intención de los responsables de la campaña es recabar al menos 300.000 firmas antes del fin de abril.

El referendo se celebraría el próximo 25 de octubre, en coincidencia con las elecciones nacionales convocadas para ese día en Uruguay.