Las medidas impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez para frenar la pandemia de COVID-19 en España se implementan según aumentan los casos de infectados en el país. Entre las últimas medidas se encuentra el cierre de las cárceles de toda España.

Concretamente ha sido la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) quien ha anunciado la ampliación de las restricciones de accesos a todas las cárceles del país en el marco de las medidas de contención aprobadas ante el brote de COVID-19.

El departamento dependiente del Ministerio de Interior amplía así una medida que ya se aplicaba en los establecimientos penitenciarios de Madrid, Álava y La Rioja.

Tras dos casos de coronavirus registrados en el ámbito penitenciario (una trabajadora de la prisión de Aranjuez y un preso de Zaballa), desde Instituciones Penitenciarias se ha acordado la suspensión de todas las comunicaciones familiares, de convivencia e íntimas.

De este modo, solo se permitirán las comunicaciones ordinarias ya que se producen en locutorios separados por una mampara de cristal. Además, los letrados y ministros de culto comunicarán exclusivamente a través de locutorio.

Igualmente, solo se permitirá el acceso a personal funcionario, laboral y personal extra penitenciario cuya labor sea imprescindible y queda excluida, por tanto, la entrada a voluntarios de ONG, entidades colaboradoras, profesionales acreditados y otro personal no necesario.

Quedarán suspendidos los traslados intercentros, salvo aquellos que obedezcan a razones excepcionales, sanitarias o judiciales y se cancelan las salidas programadas, así como el resto de salidas tratamentales, que se comunicarán a Vigilancia Penitenciaria en el caso de que hubiesen sido autorizadas por dicho órgano.

En cuanto a la actividad docente, se establecerá en función a lo dispuesto por las diferentes administraciones educativas.