El Partido Popular de Galicia ha registrado este jueves en el Parlamento su propuesta para reformar la ley de salud gallega de 2008 para adaptarla a la pandemia del covid-19. Entre las sanciones propuestas, se encuentran multas de hasta 60.000 euros por saltarse un aislamiento y de hasta 3.000 euros por negarse a vacunarse o a hacerse un test.

La propuesta, firmada por los 42 diputados populares, incluido Alberto Núñez Feijóo, distingue tres niveles de infracción: el nivel leve, cuya sanción oscila entre los 100 y 300 euros, el nivel grave, que conlleva multas de 3.000 a 60.000 euros, y por último el nivel muy grave, que podría elevarse hasta los 600.000 euros.

Saltarse una cuarentena por parte de infectados o personas con síntomas compatibles con el coronavirus está estipulado como infracción grave, pero pasará a ser muy grave si se hace de forma repetida o si produce un daño elevado en la salud pública.

El rechazo a vacunarse o hacerse pruebas está estipulado como leve (entre 1.000 y 3.000 euros) en el caso de que las repercusiones tuviesen una "incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población", pero pueden pasar a graves o muy graves en función del daño ocasionado. La multa por no llevar mascarilla se marca en un mínimo de 100 euros, con la posibilidad de incremento en función del incumplimiento.

Entre otras infracciones leves también se encuentran: hacer botellón, infringir los toques de queda, reuniones con más personas de las permitidas, participar en fiestas que incumplan las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias, incumplimientos de horarios de locales, ausencia de protocolos de contingencia en lugares de trabajo, así como no respetar la distancia de seguridad entre mesas en terrazas.

Las infracciones graves en salud pública se refieren a la denegación de colaboración con las autoridades sanitarias; el suministro información falsa; la apertura de locales con prohibición expresa de hacerlo; así como la reincidencia de infracciones leves en los últimos 12 meses. Aquellas que derive en daños "muy graves" para la salud pública pasarán a la consideración de infracciones muy graves. También la reincidencia de faltas graves en los últimos cinco años. En el caso de las sanciones muy graves se apunta también la posibilidad del cierre de locales por hasta cinco años.

Por otra parte, Un juzgado de Oviedo ha avalado este jueves el ingreso hospitalario en contra de su voluntad de un anciano de 94 años positivo por covid19 que permanecía desde ayer en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), aunque no autoriza su tratamiento intravenoso forzoso. La jueza considera que la importancia actual de la pandemia y la posibilidad de contagio justifican dicho ingreso en aislamiento.

El anciano fue diagnosticado el jueves con covid19 después de acudir al servicio de urgencias por una disnea y, debido a su situación de dependencia y la falta de apoyo familiar, fue obligado a permanecer en el centro a la espera del pronunciamiento judicial. La jueza, que considera esta medida "necesaria y proporcionada", considera que la situación de dependencia del paciente impide garantizar su aislamiento en su domicilio al necesitar ayuda de terceras personas y carecer de apoyo familiar.

Sin embargo, no autoriza el tratamiento intravenoso forzoso al no constar ningún informe médico que establezca que el anciano tenga una merma importante de su capacidad cognitiva. La jueza considera que en este aspecto debe tenerse en cuenta la voluntad del paciente, ya que el hecho de tener una edad tan avanzada no le impide "decidir libremente sobre aspectos médicos referentes a su salud".