"La inscripción en el registro de investigados de catorce personas sobre el 'caso Eluana Englaro' supone un deber" tras haber recibido las denuncias, explica Biancardi en un comunicado de prensa divulgado hoy después de que la prensa local informara de que el padre de la joven, Giuseppe Englaro, está entre los investigados.
Según el fiscal, en los últimos días han recibido en su oficina "numerosas" denuncias enviadas o presentadas "por parte de ciudadanos, todos identificados e identificables".
"La inscripción llevada a cabo sólo en estos últimos días responde a la necesidad de separar las denuncias específicas contra las personas posteriormente inscritas, de las también numerosísimas exposiciones, a veces delirantes, exentas sin embargo de relevancia penal y de acusaciones precisas", explica Biancardi.
Los medios de comunicación locales informaban hoy de que la Fiscalía de Udine, ciudad en la que se localiza el centro de cuidados "La Quiete" en el que murió Eluana el pasado 9 de febrero, investiga, además de a Giuseppe Englaro, al anestesista Amato Da Monte.
En un primer momento, los medios locales afirmaban que la investigación llegaba después de que la asociación "Ciencia y Vida" denunciara un supuesto delito de homicidio voluntario en el caso de Eluana, quien murió tras la suspensión de la hidratación y alimentación artificial que le había suministrado una sonda durante los 17 años que pasó en coma vegetativo.
Este extremo fue aclarado posteriormente tanto por "Ciencia y Vida", que negó haber presentado ninguna denuncia, como por la asociación "Comité Verdad y Vida", que sí confirmó haber denunciado por homicidio voluntario a Giuseppe Englaro y a otras trece personas.
Según "Comité Verdad y Vida", asociación que se define aconfesional y apolítica, con su denuncia pretende que se investigue más allá de la correcta aplicación del protocolo médico que propició la muerte de la joven.
El nombre de Eluana Englaro, quien sufrió un accidente de tráfico en 1992, se ha convertido en Italia en sinónimo de debate sobre la eutanasia y de desacuerdo entre el Tribunal Supremo del país, que permitió su muerte, y el Gobierno, que intentó obstaculizar que ésta pudiera producirse.