Más denuncias: el temor de las familias de la residencia de lliria es ahora cómo murieron algunos familiares
El director general de Operaciones de Domus Vi, , José Luis Roselló da su versión de los hechos
Las familias viven ahora con el temor de si la falta de atención precipitó el final de algunos familiares
La propuesta de sanción de la Generalitat incluye una multa por trato degradante
El drama de los familiares de la residencia de Lliria continúa y ahora su temor es si alguna de las muertes en la residencia se precipitaron por la falta de cuidados. La Guardia Civil sigue recopilando testimonios de familias y aunque los técnicos de la Generalitat no se han personado en el centro están siguiendo la situación al milímetro.
Ahora, todas las familias revisan los finales de algunos de los suyos. Como una familia que, en declaraciones a Informativos Telecinco, recuerda que desde el día en que la dejaron ingresada hasta el día que murió pasaron solo seis semanas. Un tiempo en el que la anciana perdió mucho peso, (como muestra la fotografía que ilustra este reportaje) y en la que solo la pudieron visitar en dos ocasiones como consecuencia de la pandemia.
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El día que falleció habían hablado con ella por la mañana a través de una videoconferencia. En el centro les dijeron que la causa de la muerte fue probablemente un infarto, pero la familia ahora sospecha que la falta de atención pudo influir. Su denuncia ya forma parte de la investigación.
Llueve sobre mojado
El grupo empresarial Domus Vi, responsable de la residencia Jardines de Llíria investigada tras difundirse un vídeo sobre un supuesto maltrato a ancianos, califica de "duras" las imágenes pero argumenta que reflejan "un instante" que puede inducir a creer situaciones "alejadas de la realidad", y defiende que todas las personas que salen en él "fueron atendidas
Pese a todo, hoy se ha conocido que la propuesta de sanción de la Generalitat a la residencia de ancianos Domus VI de Llíria por un importe de 174.000 euros incluye una falta muy grave, sancionada con 80.000 euros, por trato degradante a ancianos. La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha explicado que el informe de la inspección recoge irregularidades graves que motivaron una de las sanciones más altas vistas en este ámbito, una de ellas la de trato degradante que conlleva la sanción más elevada de todas, con 80.000 euros.
El informe recogía "indicios de trato no correcto, incluso degradante" y que en algún caso los ancianos no iban vestidos o estaban en posturas corporales inadecuadas, según Oltra, que se ha referido a la "crudeza" de las imágenes emitidas por Telecinco, en las que se ve a ancianos atados a sillas, con llagas o desnudos, supuestamente desatendidos para comer e incluso abandonados tras caer al suelo.
Sobre si se han trasladado a la Fiscalía estos hechos, ha señalado que ésta ya abrió diligencias de investigación de oficio ante la gravedad de las imágenes, y que la consellería ha trasladado los procedimientos sancionadores en marcha y ha puesto a la Inspección a su servicio, y ha asegurado que, una vez concluya la investigación interna sobre el vídeo, se determinará si lleva los hechos a la Justicia.
Preguntada si la Generalitat intervendrá la residencia, ha manifestado que se actuará en función del informe de la inspección, ya que se requiere una base técnica. Sobre las irregularidades detectadas en 2019 a esta residencia, ha indicado que la inspección hace un seguimiento para comprobar si se subsanan o si hay una "rebeldía" en el cumplimiento.
Oltra ha resaltado el "valor" del trabajo de la inspección y ha asegurado que su departamento va a ser "inflexible" en la exigencia "no solo trato correcto, sino buen trato a los mayores, digno y afectuoso".
Familiares de algunos residentes en Llíria ya han pedido el traslado de algunos mayores a otro centro, si bien Oltra no ha podido precisar cuántas han sido al ser una cuestión que depende de los servicios sociales municipales, aunque ha recordado que la consellería facilitará los traslados que se pidan.
Oltra afirma que, en aplicación de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de 2019, se va a adelantar el incremento del número de inspectores y en un año y medio los 21 actuales llegarán a 33 o 34, con una ratio de uno por cada 150.000 habitantes, y ha señalado que con los 7 que había en época de gobierno popular "no se habrían podido detectar" las irregularidades de la residencia de Llíria. Oltra ha defendido que la gestión de los servicios sociales "no es la bolsa ni una inversión" y por tanto los grupos empresariales que se dedican a ella tienen que primar la responsabilidad social y el trato digno a las personas. Hay grupos que "no lo entienden así" y cuyas consecuencias se han visto en Llíria o en Alcoy, donde murió más de la mitad de residentes y casi todos se contagiaron de covid, por lo que "llueve sobre mojado".
DomusVi se defiende
Por su parte, en una entrevista con EFE, el director general de Operaciones de DomusVi, , José Luis Roselló, ha criticado la difusión "fuera de contexto" de imágenes de la "intimidad personal" de personas con graves problemas cognitivos, ha acusado a la empleada que las grabó de "falta de humanidad" y ha defendido "al cien por cien" que el "afán de beneficio no cabe" en el sector de la dependencia. En las imágenes puede verse a ancianos atados a sillas, con llagas o heridas, desnudos y aparentemente desatendidos para comer e incluso a uno tras caer al suelo, mientras una empleada les está grabando.
"Esas imágenes están sacadas de contexto y muestran solo un instante de una situación en concreto; lo que podemos afirmar con toda seguridad es que ninguna persona ha sido desatendida en ningún momento", afirma Roselló, para quien "inducen a pensar muchas cosas que pueden estar muy alejadas de la realidad".
Según el directivo, "es un momento puntual en el que los residentes estaban desayunando en sus habitaciones" por la restricción de las actividades de socialización motivadas por la pandemia. Añade que la empleada, contratada como refuerzo para limpieza durante la pandemia pero a la que no se le renovó el contrato, "aprovecha ese momento para grabar situaciones de la intimidad de las personas en su habitación y eso no es que no hubiera personal a su cuidado; por supuesto que lo había".
"Cualquier persona y acción que se realiza es debidamente registrada y nos consta que cada una de las situaciones que aparecen en el vídeo fueron debidamente atendidas. El vídeo muestra una situación pero hay un antes y un después, y evidentemente está sacada de contexto y eso hace que la dureza sea mayor", explica. Reconoce que las imágenes le causaron "consternación y perplejidad", que son "muy duras y nunca tenían que haber aparecido" y hacen que uno quede "conmocionado"; asegura que la empresa las "condena enérgicamente" y "comparte el dolor" que han causado tanto a familias como a trabajadores.
"Lamentamos profundamente la alarma social que estas imágenes han podido provocar", afirma, y dice desconocer la motivación personal que llevó a esa trabajadora a grabarlas, a quien recrimina, por "increíble", que no prestara auxilio a una persona que se cae y a la que acusa de "una falta de humanidad absoluta". Recuerda que hay en marcha una investigación interna, al margen de la investigación judicial en curso para "depurar todas las responsabilidades" y "analizar punto por punto qué es lo que puede haber ocurrido, tanto por el hecho de la grabación en sí como por lo que muestran las imágenes".
Tras las acusaciones de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, de que Domus Vi piensa más en el negocio que en la responsabilidad social, sostiene que "está al cien por cien de acuerdo" con quien diga que "el cortoplacismo o el afán de beneficio no cabe en este sector".
"Es un sector de largo plazo, de recursos muy costosos y amortizaciones a muy largo plazo, y por tanto, siempre tenemos que tener una mirada larga basada en la calidad de los servicios y en la reputación", apunta, a la par que defiende que su foco "siempre está puesto en proporcionar la mayor calidad posible pero no como eslogan de marketing, sino como necesidad".
Sobre las deficiencias que han llevado a varias visitas de la Inspección y a proponer una multa de 174.000 euros a la residencia de Llíria, explica que el centro fue comprado a finales de 2018 y llevan un proceso "constante" de dotación material, de personal y mejora estructural desde entonces, así como que el expediente está "en fase de alegaciones" y defenderán lo que están en desacuerdo.