En tan solo una hora de deliberación y por unanimidad, el Tribunal Supremo ha dictaminado que Franco tiene que salir del Valle de los Caídos; una decisión que ha provocado una “profundad decepción” en la familia del dictador, que pedirá al Tribunal Constitucional paralizar la exhumación.

“Nunca pensamos que el Tribunal Supremo pudiese pasar por alto clarísimos vicios de inconstitucionalidad como afecta al Real decreto ley y que, por otro lado, validase una actuación arbitraria y contraria a derecho", ha declarado Luis Felipe Utrera Molina, abogado de la familia Franco.

Por esta razón, una vez se conozca la resolución, adoptada por los seis magistrados que componen la Sala, y se conozcan los “matices” de los argumentos jurídicos que puedan ser “relevantes”, presentarán un recurso de amparo ante el tribunal de garantías.

"Vamos a llevar esta batalla hasta el final con todas las armas que nos concede la ley, invocando el amparo al Constitucional porque entendemos que se ha producido una violación de derechos fundamentales que no admiten excepciones por razón del apellido", ha recalcado el abogado, quien además ha subrayado que esta sentencia “no es contra Francisco Franco” sino contra una familia que “va a ser la primera del planeta Tierra que no pueda decidir dónde entierra los restos de su abuelo”.

El abogado de la familia Franco, incide además en que no cree que los restos del dictador sean trasladados de Cuelgamuros al cementerio de El Pardo-Mingorrubio en un plazo corto de tiempo, asegurando que en el recurso que van a presentar incluirán la petición de que se adopte la medida cautelar de suspender la ejecución de la sentencia hasta que los magistrados del TC valoren el fondo del asunto.

Más allá, destaca que el Gobierno tiene aún dos grandes “escollos” si desea llevar a cabo la exhumación: por un lado, aún está vigente la suspensión del juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, de la licencia de obra para el levantamiento de la losa que cubre la sepultura de Franco; por otro, ha recordado que el Ejecutivo necesita la autorización del prior de la comunidad Benedictina, "cuya postura ha sido en todo momento muy firme" sobre que sin el permiso de la familia "él no iba a conceder la autorización para exhumar". No obstante, apunta, aún queda esperar a conocer la sentencia del TS para ver si se prenuncia sobre estos aspectos.