{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
"Estoy embarazada de casi nueve meses, acabo de salir de cuentas y llevo casi tres meses sin que ningún médico me vea ni a mi, ni a mi hijo. En el centro de salud me dijeron que si me atendían me tenían que cobrar unos 150 euros y eso yo no podía pagarlo", cuenta Carmen, ecuatoriana de 35 años, bastante agobiada. Carmen llegó a España el 30 de enero. Para tener acceso a la sanidad pública en España debe cumplir unos requisitos y por eso lleva casi tres meses sin saber como está su hijo.
Al principio le dijeron que debía llevar tres meses en España para tener acceso a la sanidad. "Yo rezaba para que mi hijo naciera a partir del 30 de abril (ya haría cumplido los tres meses). Pero luego, además, se enteró de que no solo son tres meses en España sino tres meses empadronada. Ella consiguió una habitación con su marido y su otro hijo el 10 de febrero. "No creo que aguante en la tripita hasta el 10 de mayo así que ahora solo quiero que nazca sano y que traiga un pan bajo el brazo, porque los ahorros se han acabado".
Ha conseguido hacer alguna ecografía de manera privada pero no ha podido tener cita con el ginecólogo porque no puede pagarlo. La ONG que la está ayudando le ha dicho que cuando se ponga de parto debe ir al hospital. Allí la van a atender aunque luego le pasarán la factura y, entonces, ya verán como la recurren. "Estoy más tranquila porque se que voy a poder tener a mi bebé en el hospital, pero si me pasan la factura no voy a poder pagarla. Y luego mi hijo recién nacido estará desantendido también", se lamenta esta embarazada.
Como Carmen, en lo que llevamos de año en Madrid son 34 las mujeres embarazadas a las que se les ha denegado la atención sanitaria. "Tenemos las manos atadas. Ahora mismo tengo más 20 facturas recurridas en la mano y 257 personas a las que las han denegado la asistencia sanitaria por no tener papeles en la Comunidad de Madrid; menores, personas con enfermedades crónicas, más de 30 embarazadas", cuenta Begoña Pablos, trabajadora social y técnico sanitario de Médicos del Mundo.
En 2012 el sistema nacional de Salud, en plena crisis económica, instauró bajo el Gobierno de Mariano Rajoy el Real Decreto 16/2012. Un Real Decreto que dejó sin documentación sanitaria a algunos colectivos, entre ellos a las personas en situación irregular. Excluyó de prácticamente toda atención sanitaria gratuita a las personas extranjeras en situación irregular. "Unas 800.0000", calcularon diversas ONG. Solo se atendería a las urgencias por enfermedad grave o accidente, embarazadas y menores.
Esta situación la intentó subsanar el PSOE en 2018 con el Real Decreto 7/2018 pero parece que ha sido infructuosa también. Según denuncia Médicos del Mundo, junto a Yo sí Sanidad Universal y la plataforma Red de Denuncia y Resistencia (REDER), que agrupa a más de 300 organizaciones, “a día de hoy sigue habiendo exclusión sanitaria en España". Pablo Iglesias, técnico de iniciativa política de Médicos de Mundo, explica que en lo que va de año han contabilizado "más de 1.500 casos de vulneración del derecho a la salud en toda España”, entre los que han detectado mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo, personas reagrupadas".
¿Por qué? Porque este decreto solo atiende a personas sin papeles si son capaces de acreditar que llevan tres meses, 90 días, viviendo en España. Para recibir la atención sanitaria, las personas indocumentadas deben acreditar una estancia en el país de al menos 90 días, bien sea a través del empadronamiento u otras fórmulas válidas. "Este requisito deja ahora desprotegidas a personas que a las que antes sí les reconocía una excepcionalidad en la exclusión, como son las mujeres embarazadas y los niños. Ahora no pueden ser atendidos hasta que pasen 90 días aquí", sostiene la trabajadora social. "No es sólo el riesgo para mujeres embarazadas o para niños recién nacidos, también menores que pueden quedar sin vacunar, por ejemplo. A estas personas se les priva de todo tipo de atención sanitaria, incluso la urgente, ya que el hecho de facturarles las urgencias les disuade de acudir salvo en casos extremos. Otra trabajadora social de un centro sanitario de Madrid asegura que incluso se ha dejado de atender a personas que pueden padecer enfermedades contagiosas, y eso asusta, porque ya no se ve sólo como un problema ajeno, sino que nos podría afectar a todos.
Otros casos que llegan a las ONG son las reagrupaciones familiares. Madres y padres que deciden venir a España a estar con sus hijos que ya tienen la nacionalidad española. Pero Extranjería les exige para entrar en el país y tramitar su permiso de residencia que contraten un seguro médico privado "sin que en ningún caso la residencia de éste pueda generar una carga para la asistencia social", dice literalmente la norma. "Son personas mayores algunas con enfermedades crónicas o serias que las aseguradoras o no les cubren o ponen precios altísmos imposibles de asumir. Para entrar suelen coger el seguro básico que al final no les cubre nada y quedan completamente desprotegidos", dice Iglesias.
En Madrid, la impotencia de no poder dar soluciones a estas personas en exclusión sanitaria ha empujado a 136 trabajadoras sociales de distintos ámbitos a unirse y crear "la mesa técnica de trabajadoras sociales contra la exclusión sanitaria", con el objetivo de visibilizar la situación y organizarse cuando llaman a sus puertas pacientes sin tarjeta sanitaria. "Tengo casos de todo tipo. Menores que no cumplen con los nuevos requisitos y que quedan enfermos y sin que se les trate. Un niño que necesitaba urgencias y a su madre le pasaron una factura de casi 300 euros a la que por supuesto no podían hacer frente. Ya hemos recurrido 20 facturas de diferente personas en estos cuatro meses, las facturas van desde los 70 euros de una consulta (te ven en consulta y te vas) hasta los 18.000 euros", aseveran desde Médicos del Mundo.
Una señora de 74 años que venía a ver a su hijo. Se ha puesto mala a los cuatro días de llegar y hay que hacerla un trasplante de la válvula aórtica. "Ya le han dicho que los diez días que lleva en el hospital se los van a facturar y le han cancelado la operación hasta que no cumpla los tres meses en España que será a finales de julio. Pero si sale del hospital se muere ¿Qué haces ante esta situación? Ella es turista y no entra dentro del real decreto. No está empadronada".
Otro problema es que en noviembre la Comunidad de Madrid saco del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a más de 25.000 personas migrantes que ya estaban dentro del sistema sanitario, denuncia Médicos del Mundo. "Dicen que han avisado a todas estas personas, pero no es así, ninguna de las personas a las que nosotros ayudamos ha recibido la llamada, se han dado cuenta al ir al médico, que les han dicho que no estaban ya en el sistema y que tenían que volver a empezar. No sabemos que criterio se ha seguido. Son personas con cáncer o diálisis que han visto interrumpido su tratamiento y que para volver al sistema están dando hora para noviembre de 2023", explica Begoña Pablos.
Además, se han creado un total de siete oficinas para extranjeros para "supuestamente facilitar este trámite pero es todo lo contrario, es una "segregación y un cuello de botella" para la tramitación del derecho a la sanidad de estas personas, dicen desde Médicos del Mundo.
Es una pescadilla que se muerde la cola, exponen desde la mesa técnica de trabajadoras sociales contra la exclusión sanitaria. Estas Unidades de tramitación están lejos de los domicilios de las personas lo que provoca por un lado dificultades para llegar por falta de recursos económicos (por ejemplo, una persona de Villalba tiene que ir a la Unidad de Paseo imperial en ronda de Toledo) y por otro dificulta “lo comunitario”, las redes sociales y vecinales que las personas han desarrollado en su barrio de residencia.
Además, las citas en las UT tienen una demora que impide que las personas puedan acceder al sistema público de salud. Por ejemplo, a día 9 de febrero, sabemos que las citas que se dan en la UT Centro son para agosto y las que se dan en Sur son para abril.
Luego está el miedo de las personas en situación administrativa irregular del posible cruce de datos con inmigración y en general a acudir a espacios donde se sabe que van solo personas en situación irregular. El trámite se hace demasiado largo para personas enfermas. Se tarda mucho para conseguir cita y el trámite de análisis de la documentación se puede alargar hasta tres meses.
Según fuentes de la Comunidad de Madrid consultadas por NIUS, aseguran que la atención sanitaria de Urgencias y la continuidad de tratamientos de VIH u otros medicamentos de uso hospitalario están garantizadas a cualquier ciudadano, independientemente de su situación administrativa y de si tiene o no tarjeta sanitaria. Otra cosa es la tarjeta sanitaria, según normativa nacional, deben llevar más de 90 días en España. Menos de 90 días se considera transeunte.
Ahora, el Ministerio de Sanidad está elaborando el Anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del SNS, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en primera vuelta el pasado 8 de noviembre. Sin embargo, estas entidades critican que "en lo concerniente al acceso universal continúa sin abordar algunas situaciones de exclusión sanitaria".
Ante la inminencia de que el Gobierno apruebe el texto definitivo de este Anteproyecto, han resaltado que "este es el momento de garantizar un SNS plenamente universa. Es urgente recuperar el modelo de sistema sanitario universal previo a 2012: esto es lo que exigimos, ni más ni menos", han reivindicado.
Por todo ello, han solicitado al Gobierno que recupere la titularidad de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos para todas las personas con nacionalidad española y para las personas extranjeras que se encuentren en España y que hayan declarado este territorio como su residencia, sea cual sea su situación administrativa.
Asimismo, instan a "eliminar la exigencia de un tiempo mínimo de permanencia en España para poder acceder a la atención sanitaria. Esta exigencia está suponiendo retrasos de semanas y meses para recibir asistencia, con el consiguiente impacto negativo sobre la salud de las personas y en algunos casos poniendo en riesgo su vida. El temor infundado al llamado 'turismo sanitario' no justifica esta medida, para el cual ya existen otros mecanismos de control", han asegurado.