El exnovio de Verónica, principal sospechoso de la difusión del vídeo sexual que acabó con el suicidio de la mujer, ha quedado en libertad sin cargos. No hay nada que lleve a su detención. Ha estado prestando declaración después de que él mismo se haya presentado voluntariamente en un cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo. Ha dicho que no difundió el video y de momento la policía no tiene datos para pensar que miente.

Veinte compañeros y excompañeros de Verónica, que trabajaba en la empresa de automoción Iveco, fueron los primeros en tener los vídeos de contenido sexual en los que ella aparecía: un grupo de WhatsApp en el que está el hombre que fue su pareja; el mismo que ella identificó ante sus jefes como presunto autor de la difusión dos días antes de quitarse la vida. Ese hombre, que ya no trabaja en la empresa, no ha aguantado la presión. Le llegaban amenazas desde que se conoció la muerte de Verónica, y porque la policía estaba sobre quienes compartieron los vídeos íntimos que él, presuntamente, habría puesto en circulación, llegando a decenas de trabajadores.

No era un secreto que Verónica se sentía acosada. Sufría burlas y comentarios de sus compañeros. El caso está en los tribunales. La jueza de Alcalá de Henares, en Madrid, que se hizo cargo del suicidio de Verónica, investiga ya un posible delito de revelación de secretos. Si se confirma el acoso, la coacción, habrá consecuencias penales, tanto para el responsable como para quienes contribuyeron a causar un daño a la intimidad de la mujer. Las penas podían ser de hasta 5 años de cárcel.

Verónica contó a la dirección su infierno por la difusión de vídeos sexuales. En algunos no estaba sola. No se tomaron medidas.

Mientras prosigue la investigación, entre los compañeros de Verónica se suceden ahora las concentraciones de repulsa y muchos hacen examen de conciencia. Pero el daño ya está hecho. Las pesquisas siguen la pista de la grabación íntima, que corrió por los móviles de una plantilla con mayoría de hombres, y no son pocos los que admiten la culpabilidad colectiva.

Como señala el experto Borja Adsuara, "no se puede juzgar un delito sin saber los detalles, pero en el caso de Verónica vemos claramente una situación de acoso". El art 173.1 detalla el delito contra la integridad moral, y va de seis meses a dos años de prisión, mientras que el art.169 contempla el de amenazas o coacciones. En el delito contra la intimidad la pena puede llegar hasta los 5 años de prisión si se exige una cantidad u otra acción por no revelar el vídeo. Y de seis meses a tres años si no se consiguen esos objetivos.

Por otra lado está el art. 197.3 que incluye la revelación de secretos. Hasta 2015 tenía que haber acceso ilegal del vídeo para que fuera un delito, pero ahora mismo no. Por eso en el caso de Hormigos no hubo penas. Ahora, con el cambio de ley para acabar con la pornovenganza si el vídeo se consigue con consentimiento, pero se difunde sin la autorización de la víctima hablamos de penas de entre 3 meses y un año.

CCOO traslada su pésame a la familia, amigos y compañeros de la mujer, afiliada al sindicato, que considera que lo ocurrido es un "claro" caso de acoso sexual y denunciará ante la Inspección de Trabajo "la inacción de la empresa automovilística, que se negó a activar el protocolo cuando supo lo que estaba ocurriendo" desde el pasado 23 de mayo. "La mujer estaba siendo acosada por un compañero y no hizo nada para evitarlo", ha recalcado