El próximo curso escolar trae consigo numerosas novedades, y no solo por las medidas que se toman en las aulas para prevenir el coronavirus. El Ministerio de Educación y FP ha dejado en manos de las comunidades autónomas que un alumno pase de curso sin límite de asignaturas suspensas, según se desprende del Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria a causa de la covid19. El debate está servido.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, afirmaba el pasado mes de abril que "no correspondía" al ministerio de Educación fijar un número de suspensos con el que los alumnos puedan pasar de curso u obtener el título y que esta valoración compete a los docentes a los que respaldó en su labor. Una posición que, con el anuncio de la nueva medida, recibe ahora duras críticas por parte de sindicatos y asociaciones de padres y madres, aunque también cuenta con apoyos.

El documento presentado por Educación recoge modificaciones a la hora de establecer los criterios de evaluación y promoción en educación primaria, secundaria y bachillerato, dejando estos en manos de las administraciones autonómicas y de los centros para el curso 2020/21.

Con respecto a la evaluación, el texto señala que "las Administraciones educativas podrán autorizar la modificación de los criterios de evaluación previstos para cada curso, y en su caso materia, con el fin de valorar especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso educativo y la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo, y en el caso del bachillerato, para aplicar los métodos de investigación apropiados".

Los estudiantes no tendrían límite de suspensos para pasar de curso. Una medida que levanta sentimientos contrarios en las asociaciones de padres y madres. Las asociaciones que representan a la escuela pública, mayoritariamente, se han mostrado a favor de la medida. Lo reclaman desde hace años. "¿Sirve de algo repetir curso? Uno de cada tres alumnos lo hace antes de terminar la ESO. Respuesta: debe eliminarse", señaló la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado, CEAPA, en un tuit.

"Todo lo que no sea perjudicar al alumnado, está bien. También pedimos que haya un cambio de las evaluaciones porque no todo tienen que ser exámenes. Además, se está haciendo mucho hincapié en que los centros van a decidir si promociona el alumno, y no es nada novedoso. Ya es así", comenta al respecto la presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal.

"Confiamos en que no se regale el título a nadie. Desde la inspección educativa tendrían que llevar otra metodología de supervisión para detectar incorrecciones. Ahora mismo, tal y como se plantea la situación, muchas comunidades ya lo hacen así en la mayoría de casos: un alumno o alumna puede aprobar aunque haya suspendido unos exámenes. Se pueden dar muchas circunstancias para que el estudiante haya suspendido. Un tema personal, por ejemplo", explica Cardenal a Informativos Telecinco.

Por otra parte, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos, CONCAPA, "ha manifestado su absoluto desacuerdo" con la nueva norma, "máxime cuando se indica que las comunidades autónomas serán las que puedan autorizar este curso 2020-21 la modificación de "los criterios de evaluación" previstos para cada curso y, en su caso, para cada materia", según apunta su presidente, Pedro José Caballero.

La Asociación de Colegios Privados e Independientes CICAE considera acertada "la flexibilización de medidas de contingencia del covid19 en los colegios, con el fin de asegurar un mayor acceso a la educación presencial el próximo curso, y espera que las comunidades autónomas doten de máxima autonomía en función de las características y particularidades arquitectónicas de cada centro".

Para CICAE sería "necesario revisar y adaptar la programación del curso 2020-2021 para incluir el refuerzo que precisen los alumnos como consecuencia a esta situación y realizar planes de atención emocional, teniendo en cuenta la situación vivida en el último trimestre".

La nueva medida, según el Real Decreto Ley, establece en segundo lugar que los centros, de acuerdo con lo regulado por la comunidad autónoma, podrán modificar los criterios de promoción de un alumno. "Los centros docentes, de acuerdo con lo regulado en su caso por las administraciones educativas, podrán modificar, de manera excepcional, los criterios de promoción en todos los cursos de educación primaria, y de educación secundaria obligatoria, así como en la correspondiente promoción de primero a segundo de bachillerato", puntualiza el texto propuesto por Educación.

Y añade que lo que se valorará será la evaluación global del estudiante y no el número de materias suspensas: "La repetición se considerará una medida de carácter excepcional que se adoptará, en todo caso, de manera colegiada por el equipo docente en función de la evolución académica del estudiante, globalmente considerada, sin que pueda ser la causa únicamente las posibles materias que pudieran quedar sin superar en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato".

No obstante, algunas comunidades autónomas tan importantes como Andalucía y la Comunidad de Madrid, entre otras, ya han anunciado que no darán el título de bachillerato si un estudiante no aprueba todas las asignaturas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, lanza duras críticas contra la nueva propuesta, aunque apoya la flexibilidad de temario a causa de los problemas pandémicos. Inciden "gravemente en lo que implica" a la educación pública. "Si se deja a cada centro, puede suceder que el título de la ESO o el título de Bachillerato, en cierta medida, quede desacreditado por la sociedad, haciendo que instituciones privadas otorguen títulos que tengan mayor proyección social. Creo que sabemos de que estamos hablando, solo con pensar en lo que ha sucedido con la universidad para algunos másteres", señala a Informativos Telecinco Mario Gutiérrez, responsable de educación del CSIF.

Según Gutierrez, la nueva medida se ha hecho "deprisa y corriendo". Sin una negociación y sin una reflexión pausada para ver cuál es el carácter de esta medida. "Se desacredita el único título que la educación pública da, los títulos oficiales. Si se ningunea, se facilita tanto y deja de tener importancia social, es evidente que los que menos recursos tienen van a tener una titulación que no merece la pena y los que pueden se sacarán el titulado en otros sitios que tengan esa repercusión social" explica.

"En la propia ley o en el propio real decreto ley, lo que se establece es que el profesorado, en su materia, podrá adaptar y flexibilizar la enseñanza a la pandemia. En esto estamos de acuerdo. Porque es el profesor el que sabe a qué puede llegar y a qué no, y no debe tener un temario de forma fija sin flexibilizar el dar más o menos clase. Lo que no estamos de acuerdo es que, una vez que se ha tomado toda esa flexibilidad, incluso cuando el profesorado ofrece toda la ayuda al alumnado, además se pueda aprobar después de haber tenido dos suspensos. Consideramos que eso es ningunear e ir contra la igualdad de oportunidades que tiene que defender la enseñanza pública" añade.

"El número de materias suspensas para poder pasar, promocionar o titular en cada centro, no puede quedarse establecido ni tan siquiera en el centro educativo, porque conocemos y sabemos que en junio, cuando se trató de manera excepcional, hubo controversia en los centros educativos y crea verdaderos quebraderos de cabeza. Se debería establecer un número para todos iguales, y unos criterios comunes para todos los centros de España, no de la comunidad autónoma", comenta Gutiérrez.

"Hay una desigualdad de base en lo que es la inclusión a la universidad. Cuando estamos hablando que la universidad es distrito único -cualquier alumno de España puede ir a cualquier universidad-. Si el título de Castilla y León se lo ha sacado de una manera diferente a Castilla-La Mancha, cuando dos estudiantes van a luchar por la misma plaza de una universidad de Madrid, no van a presentar igualdad de oportunidades. Estamos contra esto", destaca el responsable de educación del CSIF.

Desde la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza, STEs, también se critica el hecho "de que no haya una norma estatal", ya que "es competencia del ministerio". "Educación está haciendo dejación de sus responsabilidades al pasar a las CCAA la posibilidad de legislar de manera distinta. En este sentido, no nos parece adecuado", apunta José Ramon Merino responsable de política educativa sindicato STEs. Ven "un problema de diversidad de criterios que puedan aplicar unas comunidades autónomas respecto a otras", algo que no les parece "justo".

No obstante, "entrando en el fondo de la cuestión", tampoco consideran la nueva medida "una aberración". Critican las formas. "Puede ser que los equipos de profesorado, al ser los que conocen al estudiante por darle clase, considere que el alumno puede pasar de curso con una suspensa o varias. "La normativa establece que la evaluación en las etapas obligatorias es continua, desde los 6 a los 16 años. En este sentido, sí puede tener lógica que sea el equipo de profesorado el que evalúe y tome la determinación sobre la promoción del alumnado", señala Merino.

"Tendría que ser el ministerio el que legisle. Esa es la solución. Cuando entre en vigor la Lomloe, efectivamente, pues las enmiendas que presentaron los grupos parlamentarios en conjunto, los grupos parlamentarios socialistas y de Unidas Podemos, que sustentan al Gobierno, introducen esta modificación que se limitan las repeticiones y esto es parte de una ley orgánica, entonces se acabó el debate. Ahí las CCAA ya no pueden decir una cosa u otra. Entonces, lo que comentamos, nos parece bien el fondo de la cuestión, pero debe ser una competencia estatal", aclara el responsable de política educativa de STEs.

Según la actual Ley de Educación, los alumnos tendrán que repetir curso si hubieran obtenido suspenso en tres o más asignaturas, o si las materias con calificación negativa fuesen 'Lengua Castellana y Literatura' y 'Matemáticas' de forma simultánea. "Esto es una normativa que estableció la Lomce, la cuál consideramos un retroceso, no solo en este sentido, sino en general. Hizo retrotraer la educación a tiempos pretéritos", apostilla José Ramon Merino.

"La nueva ley orgánica de educación que está tramitando el parlamento, la que parece ser Lomloe, limita las repeticiones en la enseñanza obligatoria a dos como máximo. Actualmente se puede repetir hasta tres veces. Que se limite a una vez en primaria y otra en secundaria no nos parece mal", explica Merino respecto a la nueva ley.

"Se está intentando vender que esto viene de la Lomce, el que se repita, pero no. De toda la vida, el número de materias suspensas máximas para aprobar el curso siempre se ha incluido en todas las leyes educativas desde el 90, que fue la Logse, hasta ahora. Incluso en el proyecto de ley que hay de la Lomloe, también viene establecido este número", apunta Mario Gutiérrez.

"En lo que es la titulación de bachillerato, nunca, ni siquiera la Logse, permitía tener el título con una materia suspensa. Jamás. En 30 años de leyes orgánicas. No es de la Lomloe ni nada. Sabemos que España tiene unos índices de repetición tremendamente duplicados a lo que es la media europea. La OCDE nos ha dado muchos palos al respecto. Llevamos con este problema tres décadas. Y la solución al problema es esconderlo a través de un falso aprobado... Cuando un alumno suspende muchas materias, no es porque el profesor le tenga manía, sino porque tiene unas lagunas que, evidentemente, si se tapan, en el curso siguiente seguirán presentes. Esto deriva en fracaso escolar o rebajar los únicos títulos que la educación pública otorga para la proyección social", opina el responsable de educación del CSIF.

España toma ejemplo de los países europeos que ya tenían como costumbre la repetición excepcional. Sin embargo, según los expertos, no podemos comparar situaciones. "No podemos comparar los datos que queramos. La inversión educativa en España está un punto por debajo del PIB de lo que es la UE, estamos un punto por debajo de lo que el propio gobierno tiene legislado que es el 5% -estamos en el 4%-. El gasto educativo es del 8% y la media es del 11%, la ratio es sobre 25 cuando la media y lo que se aconseja es sobre 20, el profesorado no tiene ninguna carrera profesional y no hay una ley orgánica que se sustenga más de cuatro años... En los países con éxito, si el profesor llama a la administración porque algunos alumnos necesitan apoyo, mandan tres profesores. Aquí te dicen que te apañes como puedas", comenta al respecto Mario Gutiérrez.

"Cuando en junio salió este decreto, el gobierno central, en palabras de la señora ministra, dijo que se iba a aprobar y a hacer un programa de refuerzo para aquellos alumnos que van con materias suspensas, puedan recuperar lo perdido. Este refuerzo no se ha producido en ningún sitio. En los demás países, la repetición es excepcional porque una vez se comprende o se ve que un alumno va retrasado por cualquier motivo, se le pone el refuerzo necesario, algo que en España no se hace. Esto se viene reclamando desde hace tiempo", explica el experto del CSIF,

"La repetición no es una enfermedad, es un síntoma. Y no se tiene que luchar contra el síntoma, también hay que rebajarlo, pero hay que enfrentarse a la enfermedad. La enfermedad es la poca inversión educativa que tenemos en España comparada con la OCDE y con la UE y tener el mismo sistema educativo desde hace 30 años", concluye.