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Al final, Bruselas se ha "atrevido" a incluir el gas natural y la energía nuclear dentro de la 'taxonomía verde'. Una iniciativa que la Comisión Europea presidida por Úrsula Von der Leyen ha acordado en medio de muchas voces críticas: las de algunos de sus integrantes, su propio comité de expertos, varios Estados miembro y ONGs.
La tormenta desatada desde el anuncio del borrador a principios de enero pone en evidencia que no hay consenso en Europa sobre el impacto medioambiental de estas dos fuentes de energía. Un debate al que le quedan al menos cuatro meses, en los que eurodiputados y el Consejo deberán decidir si apoyan o no la nueva 'etiqueta verde' para el gas y la nuclear.
La respuesta en España al anuncio ha estado dividida. El Ministerio de Transición Ecológica, que ya se había mostrado contrario al modelo propuesto por la Comisión, ha reiterado en un comunicado que la idea "no envía las señales adecuadas". La cartera dirigida por Teresa Ribera apunta que la inclusión "de energías más costosas y contaminantes, con largos plazos de amortización, puede distraer fondos e inversiones que podrían destinarse en la dirección correcta: las tecnologías renovables".
De hecho, el Gobierno se reserva la posibilidad de aplicar un estándar mejorado, "aplicando la propuesta original, como ya hizo España con su primera emisión de bonos verdes en verano de 2021".
Por su parte, el Foro de la Industria Nuclear española ha celebrado la decisión de Bruselas. Desde la agrupación señalan que supone un "espaldarazo" a la energía nuclear, reconociéndola como una "fuente fiable y constante de producción eléctrica que da estabilidad a la red y es esencial en la lucha contra el cambio climático".
Frente al rechazo del Gobierno, la oposición también está con la Comisión. PP y Ciudadanos ya han criticado anteriormente el rechazo del Ejecutivo a la nuclear, calificándola de "ideológica".
En cambio, como era de esperar, las principales ONG medioambientales se han mostrado contrarias a la nueva taxonomía. Greenpeace ha acusado a la Comisión Europea de "intento de robo". "Alguien está intentando quitar miles de millones de euros a las energías renovables", ha señalado la responsable de finanzas sostenibles de la organización en la UE, Ariadna Rodrigo.
Desde Ecologistas en Acción critican que la decisión convierte a la taxonomía en un instrumento de greenwashing. "Si un combustible fósil y una energía que deja residuos para millones de años se consideran 'verdes', ¿qué no lo es?," plantea su responsable de finanzas sostenibles, Sara Bourehiyi.
El grupo de expertos que asesora a la Comisión en esta materia, la Plataforma de Finanzas Sostenibles, también se ha mostrado reiteradamente contrario a la propuesta y presentó requisitos más estrictos de entrada en la lista.
En España hay siete reactores en funcionamiento (otros tres ya han sido clausurados), aunque tienen los días contados. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), del Ministerio de Transición Ecológica, prevé el cierre de cuatro reactores antes de 2030 y los tres restantes deberán hacerlo para 2035.
Este año también fue el primero que la eólica superó a la nuclear como principal fuente de generación. Pero, de momento, los reactores todavía son una parte importante del sistema eléctrico español. Junto con el gas, son las fuentes que nutren la red cuando las renovables no funcionan por cuestiones meteorológicas y su incapacidad para almacenar energía en grandes cantidades. El PNIEC incluso resalta la "capacidad de respaldo" del gas en la transición ecológica hasta 2030.
En 2021 la nuclear todavía supuso el 21% de la generación nacional, según datos de Red Eléctrica de España (REE). El ciclo combinado, que quema gas, produjo el 17% de la electricidad. Las plantas de cogeneración (que generan energía térmica y eléctrica a la vez), funcionan quemando combustible, en muchos casos gas natural. Supusieron el 10% de la generación, la mayoría dirigida directamente a instalaciones industriales.
Esta clasificación establece la lista de actividades económicas sostenibles, de acuerdo con ciertos requisitos. Con ella la UE busca dirigir la inversión privada a aquellos proyectos que apoyen la senda de la descarbonización para 2050. En la presentación, la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, ha insistido en que la guía es de seguimiento voluntario.
Bruselas asume que ni el gas ni la nuclear son fuentes neutras a nivel climático, ni tampoco renovables, pero defiende su papel como "energías de transición" admitiéndolas dentro de la taxonomía. También amplía la posibilidad de seguir construyendo centrales de ciclo combinado de gas hasta 2030 y la de nucleares hasta 2045.
Porque cabe recordar que se trata de una propuesta de la Comisión, pendiente de aprobación. Ahora se abre un periodo de cuatro meses, ampliables hasta seis, en el que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo pueden presentar sus objeciones a la normativa. Si no, entrará en vigor de manera automática el próximo 1 de enero. Se necesitarían 353 eurodiputados o 20 de jefes de Estado o Gobierno contrarios para tumbarla.
Los miembros de la UE están divididos. Alemania y Francia, dependientes del gas y la nuclear, respectivamente, apoyan la propuesta. Los países del Este se suman a los germanos en su dependencia gasística y Finlandia, Hungría o la República Checa también son adalides de la nuclear como los franceses.
En el otro bando, con España, están naciones como Dinamarca, Luxemburgo y Austria, que ya remitieron una carta conjunta a la Comisión Europea en rechazo al borrador en enero. Ante el anuncio de Bruselas, dispuesto a seguir adelante, se han mostrado decepcionados. El ministro de Finanzas de Austria, Magnus Brunner, la ha calificado de "miope" e "incomprensible".