España es el país donde más muertes adicionales por cualquier causa hubo entre mediados de febrero y mayo, de un total de 21 territorios industrializados analizados en un estudio publicado este miércoles en "Nature Medicine".

La investigación, encabezada por Majid Ezzati, del Imperial College London, revela que, en ese periodo, España tuvo de media 98 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, un 38 % más que su nivel habitual previo a la covid-19, seguida por la mortalidad adicional de un 37 % que se registró en Inglaterra y Gales.

En conjunto, los 21 países o territorios estudiados, que fueron seleccionados por tener más de cuatro millones de habitantes y por facilitar datos semanales, computaron 206.000 decesos más (105.800 hombres y 100.000 mujeres) de lo que hubiera sido esperable, un incremento del 18 %.

Además de Australia y Nueva Zelanda, el equipo utilizó información de 19 naciones europeas, de 2010 a 2020, para crear un modelo que permitió calcular las muertes que habrían ocurrido en ese período sin el virus -lo que después pudieron contrastar con las cifras oficiales de decesos-.

Los lugares analizados son Austria, Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, Inglaterra y Gales, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Escocia (que está en el Reino Unido, pero tiene sus propias competencias sanitarias), Eslovaquia, España, Suecia y Suiza.

Bulgaria, Nueva Zelanda, Eslovaquia, Australia, República Checa, Hungría, Polonia, Noruega, Dinamarca y Finlandia "experimentaron cambios en mortalidad que fueron desde pequeños retrocesos a incrementos de un 5 % o menos", señala el estudio.

Los países que sufrieron un efecto "bajo" son Austria, Suiza y Portugal, y "medio", Francia, Países Bajos y Suecia.

Los territorios con mayor tasa relativa de mortalidad son España, Inglaterra y Gales, Bélgica, Italia y Escocia, de acuerdo con la investigación.

El estudio subraya que, si bien la pandemia de SARS-CoV-2 ha causado más de un millón de muertes en todo el mundo, su efecto en cada país debe medirse también según la cifra adicional de decesos por otras causas.

Ezzati, presidente de Salud medioambiental global de la Escuela de Salud Pública de la universidad londinense, afirmó a Efe que el impacto del virus en la mortalidad "es compleja", y pueden incidir una serie de factores.

Las diferencias entre los 21 países reflejan variaciones en las características de su población, la respuesta política a la pandemia y "el nivel de preparación" de los respectivos sistemas sanitarios y de atención a mayores, lo que incluiría los programas de detección y rastreo de contagios.

También es "importante la temprana o tardía introducción del confinamiento en la primera ola" del coronavirus, si bien los países con un buen sistema de rastreo de contagios "pudieron permitirse un confinamiento más corto o menos severo", declaró el experto.

"Los países que pudieron ofrecer un cuidado tanto de COVID-19 como rutinario en la comunidad pueden haber registrado asimismo menos muertes", agregó.

Según el estudio, Italia, España, los Países Bajos, Francia y el Reino Unido "introdujeron medidas de confinamiento solo cuando el número de casos y muertes había alcanzado tales niveles que la epidemia continuó durante semanas".

En el caso de España, Ezzati reconoció que es "excepcional" porque, por una parte, sufre duros efectos de la pandemia, pero por otra, tiene una población con larga expectativa de vida.

La razón de su alto número de muertes adicionales puede deberse a "una combinación de comportamientos generales de salud y su sistema sanitario y de atención social", explicó a Efe.

Advirtió de que esos sistemas podrían ser aún "vulnerables", "por ejemplo en relación al ritmo de propagación de la infección en las residencias" de cuidado de mayores u otros grupos.

Ezzati observó además que la propia edad longeva de la población española "es un factor que puede incrementar la mortalidad".

Vistos los numerosos elementos que inciden en la prevalencia y mortalidad adicional generada por el coronavirus, el estudio recomienda un enfoque amplio para combatirlo.

Además de tratar de suprimir la transmisión para minimizar el número total de decesos, recomienda construir "canales de atención integrados", que permitan atender también a los ciudadanos con enfermedades crónicas y otras patologías.

Ello puede requerir "redistribuir o aumentar la inversión en los servicios de sanidad y atención social ", sobre todo si ha habido una financiación previa insuficiente, concluyen los expertos