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Conocer la realidad a través de los datos. Eso pretendía el periodista Manuel Rico. Varios meses se pasó recopilándolos. Utilizó el Portal de Transparencia de cada comunidad autónoma para recabar la información. "Hice muchas preguntas, el número de fallecidos en cada centro, el tamaño de la residencia, el tipo de gestión pública o privada que tenían...", cuenta Rico a NIUS.
El resultado, un aluvión de cifras oficiales, la mayoría inéditas, que le han servido para explicar otra cifra, la de la ignominia: los 20.000 muertos en residencias durante la primera ola, los casi 30.000 hasta ahora.
Una minuciosa y ardua investigación cuyas conclusiones recoge en su último libro: Vergüenza, el escándalo de las residencias (Planeta). "Las familias de los fallecidos tienen derecho a que se conozca la verdad y a que se depuren responsabilidades por la dejación y abandono que sufrieron los suyos", asegura Rico.
Pero no se trata solo de recordar y denunciar lo sucedido, el periodista quiere ir más allá. "El libro desvela la gestión polémica y con fines puramente lucrativos que hay detrás de muchas de las residencias", explica, "Los mayores siguen viviendo en estos centros, es necesario analizar los fallos y enmendar los errores para que esta catástrofe no vuelva a repetirse", defiende.
Pregunta. ¡Vergüenza! ha titulado su libro. ¿Dudó en el nombre o lo tuvo claro?
Respuesta. En la editorial me preguntaron. ¿Podrías defender este título ante un tribunal? Y la respuesta fue un rotundo sí. El libro está dividido en tres bloques: las causas que originaron el desastre humanitario en las residencias, quién está haciendo negocio con el cuidado de los mayores y la responsabilidad de una Administración ausente a la hora de proteger a los ancianos. Te aseguro que en los tres bloques hay más de una situación vergonzosa que habría que reparar.
P. Empecemos por el principio, la realidad amarga...
R. Todavía duele hasta decirlo, pero sucedió. Se dejó morir a los ancianos en muchos centros en los que vivían sin que recibieran siquiera atención hospitalaria. Algo tan grave no respondió a una sola causa, sino a muchas. Todo lo que podía salir mal salió mal.
Destaca Manuel Rico en el libro cinco causas principales que, como en una tormenta perfecta, se alinearon en las residencias para convertirlas en auténticos tanatorios:
P. ¿Está diciendo que el tamaño de los centros influyó negativamente en el número de muertes?
R. Rotundamente, sí. Hay dos informes oficiales de Gobiernos autonómicos que lo corroboran. En Castilla y León, casi el 60% de los contagiados se localizaron en los grandes centros, a pesar de que solo contaban con el 45% de los residentes. En Navarra, la tasa de contagios no llegó al 17% en los geriátricos de menos de 100 plazas, mientras que se situó en el 34 por ciento en aquellos que superaban dicha cifra.
P. ¿Y también influyó si eran residencias privadas o públicas?
R. Sí, hubo más muertes en las privadas. Existen datos desglosados de fallecidos por residencias durante la primera ola en 11 comunidades autónomas. En ocho fue mayor el impacto en los centros de gestión privada (Baleares, Canarias, Murcia, Cantabria, Andalucía, Madrid, Comunitat Valenciana y La Rioja), mientras que en tres fue mayor la afectación en centros de gestión pública (Castilla-La Mancha, Catalunya y Extremadura).
Pero más que la división público/privado, el factor realmente determinante fue si la residencia pertenecía a un gran grupo o no. El impacto del covid fue mucho mayor en las residencias explotadas por los 30 grandes grupos empresariales que en aquellas gestionadas por el resto del sector privado (pequeñas compañías y tercer sector), donde el porcentaje de fallecidos fue menor.
P. ¿Quién está haciendo negocio hoy en España con el cuidado de los mayores?
R. La mayoría de las residencias son privadas. Apenas hay 49.000 plazas de gestión pública, lo que representa un 13% del total (375.497 plazas). En el libro explico quiénes son los dueños de las residencias. Quizá sorprenda saber que el principal operador es la Iglesia católica, por delante de cualquier grupo empresarial, aunque este hecho pasa desapercibido porque la Iglesia opera con múltiples marcas (diferentes congregaciones religiosas y fundaciones).
Por otro lado están los grandes grupos. Las 30 principales empresas privadas controlan más de 96.000 plazas y más de 750 geriátricos. El problema es que, cada vez más, las grandes empresas del sector en España son propiedad de fondos de capital privado, de private equity. Fondos meramente especulativos cuyo objetivo es obtener los máximos beneficios posibles, y eso sólo se puede conseguir recortando la calidad de los servicios que se prestan a los mayores. Para ellos nuestros abuelos son lo mismo que una cadena de hamburguesas: entran en las empresas, las maximizan y salen en un plazo con importantes plusvalías".
P. ¿Y el Gobierno no controla las residencias, la calidad de los servicios?
R. Esa es otra de las vergüenzas que destapo en el libro. Te voy a dar un dato que lo dice todo. El número de inspectores que se encargan en España de controlar a las residencias es de 219, una cifra que equivale de media a un funcionario por cada 1.686 plazas de residencia. Hay territorios donde los servicios de inspección prácticamente no existen. Sin inspectores, no puede haber inspecciones.
P. Ni sanciones...
R. Exacto. Las residencias se convierten en una especie de territorios sin ley a la hora de imponer sanciones. Las ilegalidades no se sancionan casi nunca, las pocas veces que se imponen multas son por cuantías mínimas y las contadas ocasiones en que el castigo es ejemplar resulta que no recae en los grandes grupos del sector. En los últimos cinco años, en toda España sólo se han puesto diez multas firmes con un importe por encima de 100.000 euros, aunque la ley contempla sanciones de hasta un millón de euros por infracciones muy graves.
Los datos de sanciones y de inspecciones a mi me producen una enorme vergüenza, te repito. Son la demostración palpable de que falla el sistema y de que todo está en manos de las empresas, quien quiera actuar bien lo hará, pero quien actúe mal podrá hacerlo casi con total impunidad.
P. La conclusión de tu libro es entonces que para evitar una catástrofe como la que se ha dado en las residencias habría que cambiar el modelo...
R. Sí, es un asunto que hay que abordar cuanto antes. Si el libro sirve para que la gente reflexione sobre el modelo residencial habrá merecido la pena, no se puede anteponer el lucro al bienestar y la salud de nuestros mayores.