Manuel Rico publica 'Vergüenza', sobre el drama de las residencias: "Los familiares tienen derecho a saber la verdad"
El periodista explica las causas de la catástrofe humanitaria vivida en las residencias a partir de marzo de 2020
Con datos oficiales inéditos desvela quiénes se enriquecen con el cuidado de nuestros mayores
Muchos de los grandes grupos del sector en España son propiedad de fondos de capital privado. "Para ellos, nuestros abuelos son lo mismo que una cadena de hamburguesas", dice a NIUS
Conocer la realidad a través de los datos. Eso pretendía el periodista Manuel Rico. Varios meses se pasó recopilándolos. Utilizó el Portal de Transparencia de cada comunidad autónoma para recabar la información. "Hice muchas preguntas, el número de fallecidos en cada centro, el tamaño de la residencia, el tipo de gestión pública o privada que tenían...", cuenta Rico a NIUS.
El resultado, un aluvión de cifras oficiales, la mayoría inéditas, que le han servido para explicar otra cifra, la de la ignominia: los 20.000 muertos en residencias durante la primera ola, los casi 30.000 hasta ahora.
Una minuciosa y ardua investigación cuyas conclusiones recoge en su último libro: Vergüenza, el escándalo de las residencias (Planeta). "Las familias de los fallecidos tienen derecho a que se conozca la verdad y a que se depuren responsabilidades por la dejación y abandono que sufrieron los suyos", asegura Rico.
Pero no se trata solo de recordar y denunciar lo sucedido, el periodista quiere ir más allá. "El libro desvela la gestión polémica y con fines puramente lucrativos que hay detrás de muchas de las residencias", explica, "Los mayores siguen viviendo en estos centros, es necesario analizar los fallos y enmendar los errores para que esta catástrofe no vuelva a repetirse", defiende.
Pregunta. ¡Vergüenza! ha titulado su libro. ¿Dudó en el nombre o lo tuvo claro?
Respuesta. En la editorial me preguntaron. ¿Podrías defender este título ante un tribunal? Y la respuesta fue un rotundo sí. El libro está dividido en tres bloques: las causas que originaron el desastre humanitario en las residencias, quién está haciendo negocio con el cuidado de los mayores y la responsabilidad de una Administración ausente a la hora de proteger a los ancianos. Te aseguro que en los tres bloques hay más de una situación vergonzosa que habría que reparar.
P. Empecemos por el principio, la realidad amarga...
R. Todavía duele hasta decirlo, pero sucedió. Se dejó morir a los ancianos en muchos centros en los que vivían sin que recibieran siquiera atención hospitalaria. Algo tan grave no respondió a una sola causa, sino a muchas. Todo lo que podía salir mal salió mal.
Las causas de la hecatombe
Destaca Manuel Rico en el libro cinco causas principales que, como en una tormenta perfecta, se alinearon en las residencias para convertirlas en auténticos tanatorios:
- Lugares diseñados para contagiar, no para frenar el virus. "Se daban todos los elementos para desencadenar la catástrofe", asegura el periodista. Por un lado el perfil vulnerable de los residentes, la mayoría con más de 80 años, dependientes o con patalogías graves. Por otro, el personal, que entra y sale constantemente del centro llevando de un lado a otro el virus, y que además precisa estar cerca de los mayores para atenderlos. "Tú no le puedes dar a un residente la comida ni cambiarle el pañal a un metro y medio de distancia". Y por último las instalaciones, con zonas en común y con habitaciones compartidas en muchos casos. "Al virus no se le puso un muro de contención, sino una autopista para que se expandiese a toda velocidad", lamenta.
- Deficiencias previas a la pandemia. "El virus llegó tras una década de recortes en los servicios públicos. Con graves déficits como la falta de planes de contingencia, la excasez de personal y la exclusión de los residentes de la atención primaria, además de la descoordinación entre las Consejerías de Sanidad y Asuntos Sociales de las distintas comunidades", destaca. "La factura la pagaron con su vida miles de ancianos".
- Errores al estallar la crisis. "Para contener la pandemia se necesitaban tres cosas y todas fallaron: no había EPIs, no había pruebas para saber quién estaba contagiado o no y no fue posible en muchos casos aislar a los positivos, por la propia estructura del edificio o porque estaban a tope", lamenta. "En algunos centros la solución fue, imagínate qué barbaridad, encerrar a todos los ancianos en sus habitaciones y que no pudiesen salir", recuerda Rico.
- La responsabilidad de los políticos. Destaca Manuel Rico medidas como "el Protocolo de la indignidad" aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que prohibía derivar a los hospitales a los mayores de residencias con un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. En Madrid tampoco se aplicaron alternativas como medicalizar los geriátricos, usar el hospital de campaña de Ifema (al que no se llevó a quienes más lo necesitaban) o utilizar los hospitales privados (no consta ni un solo traslado en los primeros meses de la pandemia). En Cataluña se aprobó un Protocolo que recomendaba no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años.
- La responsabilidad de las empresas. Las residencias padecían en marzo de 2020 una gran falta de recursos, especialmente en las ratios de personal de atención directa a los mayores. "Un hecho que ya es un grave problema en una situación de normalidad y que se convirtió en un drama absoluto durante la pandemia cuando se empezaron a multiplicar las bajas de personal y las plantillas quedaron diezmadas", explica Rico. A esta situación se sumaron decisiones fatales. "En las primeras semanas de marzo muchos trabajadores recibieron instrucciones explícitas de no usar mascarillas para no asustar a los mayores", asegura Rico. "Cuando finalmente les dieron los EPI las empresas no les dijeron cómo utilizarlos correctamente". Otro factor que tuvo un efecto negativo fue el tamaño de los geriátricos de los grandes grupos. Las residencias tienen en España una media de 73 plazas, cifra que son mucho mayores en los centros de las principales empresas (en Orpea es de 162, en Ballesol de 156 y en Amavir de 155). Y en su mayoría se trata de habitaciones dobles. "El objetivo, claro está, es maximizar ingresos. Ambos elementos —tamaño y zonas compartidas— contribuyeron a la expansión del virus", lamenta.
P. ¿Está diciendo que el tamaño de los centros influyó negativamente en el número de muertes?
R. Rotundamente, sí. Hay dos informes oficiales de Gobiernos autonómicos que lo corroboran. En Castilla y León, casi el 60% de los contagiados se localizaron en los grandes centros, a pesar de que solo contaban con el 45% de los residentes. En Navarra, la tasa de contagios no llegó al 17% en los geriátricos de menos de 100 plazas, mientras que se situó en el 34 por ciento en aquellos que superaban dicha cifra.
P. ¿Y también influyó si eran residencias privadas o públicas?
R. Sí, hubo más muertes en las privadas. Existen datos desglosados de fallecidos por residencias durante la primera ola en 11 comunidades autónomas. En ocho fue mayor el impacto en los centros de gestión privada (Baleares, Canarias, Murcia, Cantabria, Andalucía, Madrid, Comunitat Valenciana y La Rioja), mientras que en tres fue mayor la afectación en centros de gestión pública (Castilla-La Mancha, Catalunya y Extremadura).
Pero más que la división público/privado, el factor realmente determinante fue si la residencia pertenecía a un gran grupo o no. El impacto del covid fue mucho mayor en las residencias explotadas por los 30 grandes grupos empresariales que en aquellas gestionadas por el resto del sector privado (pequeñas compañías y tercer sector), donde el porcentaje de fallecidos fue menor.
P. ¿Quién está haciendo negocio hoy en España con el cuidado de los mayores?
R. La mayoría de las residencias son privadas. Apenas hay 49.000 plazas de gestión pública, lo que representa un 13% del total (375.497 plazas). En el libro explico quiénes son los dueños de las residencias. Quizá sorprenda saber que el principal operador es la Iglesia católica, por delante de cualquier grupo empresarial, aunque este hecho pasa desapercibido porque la Iglesia opera con múltiples marcas (diferentes congregaciones religiosas y fundaciones).
Por otro lado están los grandes grupos. Las 30 principales empresas privadas controlan más de 96.000 plazas y más de 750 geriátricos. El problema es que, cada vez más, las grandes empresas del sector en España son propiedad de fondos de capital privado, de private equity. Fondos meramente especulativos cuyo objetivo es obtener los máximos beneficios posibles, y eso sólo se puede conseguir recortando la calidad de los servicios que se prestan a los mayores. Para ellos nuestros abuelos son lo mismo que una cadena de hamburguesas: entran en las empresas, las maximizan y salen en un plazo con importantes plusvalías".
P. ¿Y el Gobierno no controla las residencias, la calidad de los servicios?
R. Esa es otra de las vergüenzas que destapo en el libro. Te voy a dar un dato que lo dice todo. El número de inspectores que se encargan en España de controlar a las residencias es de 219, una cifra que equivale de media a un funcionario por cada 1.686 plazas de residencia. Hay territorios donde los servicios de inspección prácticamente no existen. Sin inspectores, no puede haber inspecciones.
P. Ni sanciones...
R. Exacto. Las residencias se convierten en una especie de territorios sin ley a la hora de imponer sanciones. Las ilegalidades no se sancionan casi nunca, las pocas veces que se imponen multas son por cuantías mínimas y las contadas ocasiones en que el castigo es ejemplar resulta que no recae en los grandes grupos del sector. En los últimos cinco años, en toda España sólo se han puesto diez multas firmes con un importe por encima de 100.000 euros, aunque la ley contempla sanciones de hasta un millón de euros por infracciones muy graves.
Los datos de sanciones y de inspecciones a mi me producen una enorme vergüenza, te repito. Son la demostración palpable de que falla el sistema y de que todo está en manos de las empresas, quien quiera actuar bien lo hará, pero quien actúe mal podrá hacerlo casi con total impunidad.
P. La conclusión de tu libro es entonces que para evitar una catástrofe como la que se ha dado en las residencias habría que cambiar el modelo...
R. Sí, es un asunto que hay que abordar cuanto antes. Si el libro sirve para que la gente reflexione sobre el modelo residencial habrá merecido la pena, no se puede anteponer el lucro al bienestar y la salud de nuestros mayores.