La ministra considera que muchos de estos medicamentos podrían sustituirse por otro tipo de tratamientos, "a veces, naturales". La eliminación de la financiación pública de estos 456 medicamentos supondría un ahorro para Sanidad de 440 millones, de un total de 7.000 que debe reducir Mato.
Así los enfermos de estreñimiento, diarreas, migrañas, hemorroides, varices, ansiedad leve o congestión nasal y también quienes tengan el deterioro cognitivo asociado a la edad, dermatitis del pañal, psoriasis o la sequedad ocular podrían dejar de tener sus medicinas subvencionadas por el Estado. En total son fármacos de uso común para 18 dolencias de carácter leve.
No obstante, Sanidad ya ha dicho que existirán excepciones en caso de patologías concretas graves. El Ministerio también ha señalado que los médicos podrán prescribir estos fármacos excluidos "si lo juzgan necesario" pero "los pacientes tendrán que satisfacer la totalidad de su precio".
En concreto, los medicamentos son: exceso de secreción gástrica (compuestos de aluminio); estreñimiento (laxantes y antagonistas de opiáceos); antidiarreicos (preparados con carbón antipropulsivos, migraña y alcaloides del Ergot); deterioro cognitivo asociado a la edad (vasodiladatores periféricos o piracetam); hemorroides (corticoides); varices (bioflavonoides); dermatitis del pañal (miconazol); psoriasis (extracto de calaguala); virosis tópicas o superficiales (idoxuridina, tromantadina, aciclovir, etc.); tratamientos tópicos de inflamaciones de origen traumático (antiflamatorios no esteroideos tópicos); ansiedad leve (passiflora y crateabus, oxitriptan); vías respiratorias y tos (mucolíticos y alcaloides de opio); sequedad ocular (lágrimas artificiales); inflamación reumática leve (diacereina); dislipenias leves (triglicéricos omega 3); y congrestión nasal (simpaticomiméticos).
Hoy la ministra de Sanidad se reúne con las Comunidades Autónomas para abordar este y otros asuntos. A pesar de lo complicado se esta medida, el copago farmacéutico en función de la renta y que afecta también a pensionistas es lo que más preocupa a los gobiernos regionales. De hecho, el País Vasco ha aprobado de urgencia un decreto para aviar su aplicación. Andalucía y Cataluña también consideran que el pago por los medicamentos impuesto por el Ejecutivo invade sus competencias.