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Nuevo aborto por listeriosis en España. Una mujer que ingresó el pasado viernes en el Hospital General Universitario de Guadalajara tuvo que ser sometida a un aborto el pasado sábado. Tanto a ella como a su marido se les ha realizado la encuestra epidemiológica y se espera que los resultados de los análisis realizados, enviados al Centro de Epidemiología de Madrid, se conozcan en un plazo de entre dos y tres semanas.
Hasta que no se tengan esos resultados, no se conocerá la causa que ha motivado la enfermedad.
Fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por Europa Press, recuerdan que los síntomas de la bacteria listeria son similares a los de una gastroenteritis en una persona normal. Sin embargo, en el caso de una embarazada, los síntomas pueden ser más graves.
En Castilla-La Mancha sólo en 2018 se registraron unos 30 casos de listeriosis, motivados en su mayor parte por el consumo de agua o alimentos en mal estado.
La carne mechada salida de la empresa Magrudis desató la crisis de la listeriosis en España. De sus naves salió la carne que ha provocado 3 muertes y al menos, 7 abortos, a la espera de conocer el origen de la enfermedad de esta última embarazada.
El gerente de la empresa, José Antonio Marín Ponce, así como su hijo mayor, Sandro Marín Rodríguez, han sido enviados a prisión por un delito contra la salud pública en concurso con tres delitos de homicidio por imprudencia grave, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y varios delitos de lesiones por imprudencia grave. Su otro hijo, el menor, Mario Marín, está en libertad con cargos y tiene que comparecer ante la jueza dos días al mes.
La Guardia Civil tenía pinchado el teléfono de José Antonio Marín y éste cayó en la trampa: reconoció que en febrero había listeria en Magrudis, y al tirar del hilo los investigadores de la Guardia Civil descubrieron que el lote analizado era de diciembre. Es decir, tal como manifiesta la jueza, tanto él como su hijo “tenían conocimiento de que, al menos desde diciembre de 2018, la bacteria estaba en sus instalaciones”.
No retiraron el producto ni dejaron de fabricarlo. Tampoco lo comunicaron a las autoridades, mientras los ciudadanos comían su carne.
Ahora, una jueza ha ordenado destruir toda la carne salida de Magrudis.