La denuncia de educadores de centros de menores: "Estamos presos en los peores destinos y turnos"

Covadonga Díaz trabaja como titulada media educadora en un centro de la Comunidad de Madrid para menores de 0 a 6 años con enfermedades. Se encarga de cuidarles y de atender sus necesidades. Tiene 40 plazas. "Gran parte de la población está compuesta por bebés. Es un lujo para todos aquellos a los que la infancia nos apasiona. Poder abrazarles, darles el biberón, ver cómo comienzan a andar, escucharles cuando empiezan a expresarse con lengua de trapo, a montar en triciclo, arroparles en sus cunas o camitas…", relata.

Estos pequeños están en situación de tutela o guarda mientras esperan una adopción, un acogimiento familiar o la reincorporación a sus familias de procedencia. "Algunos requieren atenciones específicas y cuidados sanitarios diarios, dentro y fuera del centro. La plantilla cuenta con un equipo médico, compuesto por un pediatra y enfermeros. Hay padres que solicitan la guarda porque tienen dificultades por problemas económicos -algunos no tienen trabajo o los horarios son incompatibles- o porque tienen otros hijos y no pueden pasar temporadas largas en un hospital. En otros casos, cuando ha habido una negligencia grave por parte de los progenitores o abandono se opta por la tutela.

Actualmente la ratio es de cinco menores por educador. "Por desgracia, la resolución de los casos suele ser larga y pasan más tiempo del que deberían. Por muy bien cuidados y atendidos que estén, una residencia no es el sitio ideal para que un niño crezca. Siempre será mejor un núcleo familiar y a eso se debe tender", se lamenta.

María Fontán trabaja en un centro de menores extranjeros no acompañados (MENAS). Está a cargo de 10 chicos en el turno de noche. La mayoría son de origen magrebí. Tiene capacidad para 32 plazas. "A la dificultad de trabajar con adolescentes, se une la complejidad de ser extranjeros, desconocen el idioma, sin familiares en el territorio nacional, la diferencia cultural y una mochila emocional añadida. Algunos han pasado años en situación de calle en Ceuta y en sus países de origen. Es duro pero también gratificante. Cuando en Madrid te encuentras con tus chicos trabajando en cafeterías y restaurantes o mantienes el contacto y ves que les va bien, supone una alegría", confiesa.

"Hay que saber cómo tratarles, darles una de cal y otra de arena. Tenemos que compaginar la adaptación a un grupo con las normas de convivencia, reflejo de nuestra sociedad, con horarios, quehaceres y una atención individualizada según sus necesidades. Es fundamental establecer un vínculo, que sepan que estás ahí para acompañarles y guiarles. Alcanzar el equilibrio es complicado. Tienes que ganarte su respeto, tener complicidad, pero al mismo tiempo ser firme en la estructura, poner límites continuos. Hace falta tener un don para la comunicación para poder interpretar qué les pasa. Nos enfrentamos a trastornos, adicciones, violencia y conductas delictivas. Esto es una realidad", relata.

María lleva 21 años en el mismo puesto. Ahora tiene 57. Empezó a trabajar como educadora con la Comunidad de Madrid en el año 1996. Antes pasó por más de una decena de residencias para discapacitados, menores y menores infractores. Acumula más de 15 contratos con la misma empresa. Sus compañeros están igual que ella: "Somos todos interinos, no podemos cambiar a otros centros más amables. Aquí es habitual que un chico agreda a otro menor o a un compañero. Pero tenemos que seguir conviviendo y trabajando con él. Hay bajas por esguinces, contracturas o ansiedad. Estas personas podrían pasar a otros puestos pero la rigidez y la mala planificación hace que se vayan a casa. Muchas son evitables, si hubiera posibilidades de traslado o de adaptación. Esto supone un gran gasto de dinero que es de todos. Está mal gestionado", apunta.

En el caso de Covadonga tiene 51 años y lleva 22 en la misma residencia. Ejerce como portavoz de la Asociación de Víctimas de Abuso de la Temporalidad del AMAS por la Regularización (AVATAR). Fue creada para denunciar esta situación: "Los centros de menores protegidos son los grandes olvidados de la administración pública. Durante décadas han ido desmantelando el servicio y ahora nos encontramos con una red de protección obsoleta. Se destinan menos recursos por el cierre de residencias y no crean nuevos centros. Algunos están masificados, no cuentan con recursos específicos para trastornos de conducta o adicciones, por ejemplo. Las plantillas son insuficientes, están envejecidas y precarizadas".

El perfil de estos profesionales es el de mujer, de más de 52 años, en el 85% o 90% de los casos. La mayoría con contratos de larga duración, que superan los 20 años de antigüedad. Fueron contratadas como personal laboral temporal para cubrir necesidades que no eran temporales, urgentes, ni imprevistas, sino permanentes y estructurales. Superaron un proceso selectivo por el que accedieron a la Administración, pero no obtuvieron plaza fija, ya que tan sólo se ofertaron 7 plazas, aunque se necesitaban cientos. Desde hace 25 años no se ha realizado ninguna oferta pública de empleo para optar a una plaza fija. Se ha infringido la normativa interna al exceder los plazos previstos legalmente. Pero además han sido víctimas de un abuso, según la Directiva europea.

En los casos de interinidad de vacante, estas plazas debieron incluirse en la oferta de empleo pública el año de contratación o al siguiente y ejecutarse en un plazo máximo de tres años. Pero esa situación nunca se dio." Muchos trabajadores temporales se sienten presos en los centros que nadie quiere y en los peores turnos. No hemos tenido ninguna opción de traslado o de ascenso. Es como poner a los soldados de 60 años en primera línea del frente. Es un trabajo para gente de una edad determinada. A mí antes me pegaban un empujón o me daban un golpe cuando intentaba separarlos en una pelea y no me pasaba nada. Ahora me sale una contractura. Ya tiene otras consecuencias. Y eso que ahora por lo menos tenemos vigilantes, que hemos estado muchos años sin ellos en este centro. En dos años se jubila un 20% de la plantilla", cuenta María.

El 7 de mayo se manifestarán en la capital. La convocatoria está impulsada por la Plataforma Estatal de Temporales Públicos en Fraude y acudirán afectados de todas las Comunidades. "Antes no habíamos reclamado nuestros derechos por miedo o ignorancia. Nadie nos había hablado de la Directiva europea. Desconocíamos el concepto de abuso de la temporalidad. Los sindicatos tampoco defendieron nuestros intereses, ya que a todos favorecía nuestra situación: salimos más baratos, sumisos y complacientes. En vez de, comprobar nuestra situación de contratación irregular, para en caso de que se constate el abuso, sancionarlo, han puesto en marcha unos procesos de estabilización que nos abocan al despido, sin reconocimiento del abuso, resarcimiento a las víctimas, ni sanción a la administración incumplidora, que sigue y seguirá impune”, explica Covadonga.

Reducir la temporalidad es un objetivo desde hace más de 30 años pero se ha ido produciendo un incremento sucesivo. Los educadores son los que cargan con el peso de estos centros. Hay 2 tipos de temporalidad según el contrato:

1- Contratación temporal regular, lícita, que responde a necesidades temporales, provisionales, urgentes, ya sea para tareas de refuerzo, sustitución de los titulares (bajas, excedencias) o cobertura de vacantes, siempre que cumplan con los plazos legales. El Gobierno se ha puesto el objetivo de reducirla por debajo del 8 %.

2- Contratación temporal ilícita, irregular o abusiva. Se produce cuando se hacen contratos temporales para cubrir necesidades permanentes. El objetivo es erradicarla y la ley no ofrece margen para infringirla. El ejecutivo debe instrumentar medidas políticas de reproche, de sanción disuasoria, para evitar que la administración siga incurriendo en abuso.

El Estatuto de los Trabajadores establece que la relación temporal abusiva tiene que transformarse en una relación indefinida o fija por el mero hecho de haber prestado servicios para el mismo empresario. "Se calcula que más de 800.000 empleados públicos han sido víctimas nivel estatal, pero se desconoce el número exacto, ya que no se han activado los mecanismos de control e inspección, al igual que en el empleo privado. No se ha adoptado ninguna medida de reproche o de carácter sancionador contra el abuso en el sector público.

Tanto la Directiva europea, como la jurisprudencia comunitaria e interna, exigen que se comprueben las relaciones laborales irregulares - para en el caso de que fueran abusivas- se imponga sanción disuasoria a la administración infractora y se resarza a las víctimas. Mientras que esta comprobación, declaración y sanción no se realice no se debería cesar a ningún trabajador temporal", explica Covadonga.

La Directiva europea tiene como objetivo combatir, sancionar y erradicar el abuso de temporalidad y establece una serie de condiciones a adoptar por los estados miembros para cumplir con sus objetivos.

En España el ejecutivo actúa de manera diferente en el sector público y en el privado. En las empresas públicas se han puesto en marcha medidas de fomento, ayudas y subvenciones para reducir la temporalidad regular y tender hacia la contratación indefinida o fija. También se han establecido las correspondientes medidas de reproche para detectar la contratación irregular o abusiva, a través de un plan de inspección reforzado para detectar el fraude y el abuso en la contratación temporal, que acarrea multas e indemnizaciones.

"En el sector público no hay medidas de reproche para detectar, combatir y erradicar la temporalidad abusiva. La solución del Gobierno ha sido convocar una oferta pública de empleo, que permita cesar a los trabajadores, sin sanción y sin tener ningún efecto disuasorio para erradicar y evitar el incremento de esta temporalidad abusiva", puntualizan.

En los procesos de estabilización de la Comunidad de Madrid saldrán a concurso de oposición las plazas ocupadas por estos titulados, con contratos temporales interrumpidos desde el año 2017. "Son de libre concurrencia, se puede presentar todo el mundo. Compiten opositores de nuevo ingreso con empleados públicos que accedieron hace décadas en estos puestos. Tenemos que superar dos fases. La primera, compuesta por dos exámenes: uno tipo test memorístico con temas que poco o nada tienen que ver con nuestro trabajo de campo y un segundo con dos supuestos prácticos a desarrollar, que habrá que defender posteriormente ante un Tribunal. Si se superan ambas pruebas, se pasará a la fase de concurso, donde se valorará la experiencia y formación. Nosotros hemos acreditado nuestro mérito y nuestra capacidad mediante procesos selectivos. No hay voluntad de estabilizarnos, ni facilitan la posibilidad", aseguran.

En el caso de que se presenten a las pruebas y no obtengan plaza fija, cobrarían una compensación de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. Si no se presentan, serían cesados sin compensación. "Eso supone que me iría a la calle con un año de mi sueldo: unos 1000 euros al mes, trabajando en turno de fin de semana, supondría una compensación por despido de 12.000 euros, menos el 21% que se llevaría Hacienda. Me veo sin trabajo, con una limosna, abocada al paro de larga duración después de 25 años de trabajo. Además, si apruebo no volvería a mi destino, plaza y puesto, con el que estoy encantada y me apasiona, donde querría continuar hasta la jubilación", confiesa Covadonga.

María asevera: "Esto supondrá que va a haber una movilidad tremenda de los educadores dentro de la red de centros de menores. De un día para otro, se desmantelan todas las plantillas. Durante décadas hemos sustentado este trabajo, intentando salvar todos los problemas que tiene la red. Ahora nos obligan a acudir a los tribunales para intentar que se cumpla con la legalidad y no seamos cesados, sin reconocimiento ni sanción al abuso. Hemos pasado toda nuestra vida con un contrato temporal, pendientes de que sucediera una cosa que nunca ha ocurrido y cuando llega es de esta manera. Esto pasa factura. Me dan una patada y luego me dicen que me presente al examen con 25.000 personas. Pero además no va a haber un traspaso de conocimiento, ni un proceso escalonado para que puedan adaptarse. Aquí tienes que saber estar en tu sitio, tener la mente fría, saber dónde estás. Debes ser capaz de calmarte y trasmitírselo a ellos. Hay situaciones límite. Nosotros lo hacemos a costa de nuestra salud pero es verdad que aunque seamos mayores ya les tenemos pillado el truco. Nos tienen como referentes y les da tranquilidad que siempre seamos las mismas. En cuanto llega alguien nuevo desconfían. Intentan hacerle faenas para ver cómo aguanta el tipo. Puedes tener un currículum maravilloso pero se viven situaciones de conflicto y no puedes quedarte paralizado. Son gajes del oficio que se aprenden con el tiempo. Hay que tener tablas para tomar el control, la mente fría. ¿Te crees que hay derecho después de pasar por lo que he pasado?. No les importamos, pero vemos que tampoco prima el interés superior de estos niños”.