Tenían una deuda con la Seguridad Social de mas de cuatro millones de euros. Para ser exactos de 4.298.601. Pero ni el uno que acaba esa larga ristra de números pagaban. Eso sí, entre 2008 cuando empezaron a cumularla, y 2020, cuando se puso en marcha la investigación, habían contratado a más de 10.000 trabajadores.
Algo, evidentemente, no cuadraba así que, tras recibir la denuncia por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, la policía se puso a investigar. Tras las primeras pesquisas, se pudo constatar que el fraude se había realizado a través de un grupo de empresas formado por ocho sociedades a nombre de diferentes testaferros con el fin de ocultar la identidad del verdadero responsable. Testaferros que buscaban personas con escasos conocimientos en la gestión de este tipo de empresas, o familiares desvinculados de los negocios
Pero nada dura eternamente, y menos si la policía ya está sobre la pìsta. Detrás de esa intensa actividad empresarial, detrás de esos miles y miles de contratos, los agentes han encontrado fuertes ingresos y elevados beneficios que contrastaba con la nula intención de pagar sus deudas.
De hecho contaban con una sociedad patrimonial que había comprado inmuebles por valor superior a 2.500.000 euros para, posteriormente, vender parte de esos inmuebles por un precio aproximado al millón de euros. Todo, mientras su deuda con la Administración crecía y crecía.
Hasta hoy. La policía ha detenido a sus presuntos responsables. Seis en Cádiz, uno más en Madrid. Además de responder a esa deuda, se han encontrado indicios de otros presuntos delitos como no dar de alta a trabajadores, exigir más horas de trabajo que las estipuladas en los contratos, no facilitar vacaciones o no pagar los salarios