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Como cada verano, los mortales acuden a los centros comerciales para algo más que disfrutar del aire acondicionado y los restaurantes. A falta de vacaciones, buenas son las rebajas estivales para quienes desean renovar el armario o adquirir lo último en tecnología. Por su parte, los comerciantes respiran con cierta cautela este año, tal y como aseguran desde la Confederación Española de Comercio (CEC), porque el incremento en los beneficios “no superará, en cualquier caso, el 3 por ciento interanual”.
Pese a que el objetivo es remontar la irregular campaña de primavera-verano, que ha estado marcada por las bajas temperaturas, las previsiones son moderadas de cara a los próximos meses. La principal causa de esta agorera situación para los vendedores es la regulación en cuanto a las rebajas. Antes de 2012 solo existían dos periodos tradicionales: a principios de enero y en julio, de acuerdo a la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista. Sin embargo, todo cambió desde 2012 con un giro liberalista con el Artículo 25 de la citada ley.
A partir de entonces, “las ventas podrán tener lugar en los periodos estacionales de mayor interés comercial según el criterio de cada comerciante”, tal y como recoge el texto. De la misma manera, “la duración de cada periodo de rebajas será decidida libremente por cada comerciante”. Aunque muchas marcas siguen realizando por tradición estas rebajas, organizan las suyas en el periodo del año que más les convenga.
Pero no en todos los territorios es igual, ya que las normativas de Cataluña y Galicia, más proteccionistas y defensoras de las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas), marcan unos límites. En la primera comunidad autónoma los periodos de rebajas van del 7 de enero al 6 de marzo (invierno) y del 1 de julio al 31 de agosto (verano). Por su parte, en la segunda van del 7 de enero al 7 de abril (invierno-primavera) y del 1 de julio al 30 de septiembre (verano). Además, la duración es de un mínimo de una semana y un máximo de dos meses.
De esta forma, como expresan desde CEC, “los pequeños y medianos comerciantes se ven empujados a competir como pueden, pero en una clara desigualdad”, porque las grandes superficies pueden permitirse poner descuentos mucho más agresivos debido a su margen de ventas. Como respuesta indican que las PYMES “deben centrarse en ofrecer productos de calidad y un servicio y atención personalizada para lograr una experiencia única en el cliente”.
En cuanto a preferencias, los consumidores siguen decantándose, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por los productos del sector textil, pese a que gozan de una amplia gama de ofertas en otros como el tecnológico o el editorial. “Los clientes suelen adquirir productos que les sean útiles para sus vacaciones de verano: bañadores, toallas…”, matizan.
Entre las quejas más usuales de los usuarios, como expone OCU, está la no devolución del dinero y que el bien pagado no esté en perfectas condiciones. Asimismo, en cuanto a las operaciones por Internet, las reclamaciones refieren al “envío tardío, malas condiciones del producto o que, directamente, no llegue a consecuencia de un fraude”.
En lo referente a las malas prácticas por parte de las empresas, advierten que muchas lanzan publicidad engañosa que “distorsiona el comportamiento del comprador”. Siguiendo la misma línea recuerdan que este tipo de procedimientos acarrean sanciones de entre los 3.005,06 hasta los 601.012,10 euros.
A esta mala praxis se suman los casos en los que las entidades suben el precio deliberadamente de los artículos para, cuando llegan las rebajas, dejarlos con el mismo coste inicial. “Indican que el producto tiene un porcentaje de descuento concreto y realmente es menor porque lo han subido anteriormente”, critican desde Facua.
En caso de que el cliente note en algún momento estar en desacuerdo con las políticas de la empresa o estar siendo estafado, Facua aconseja exigir una hoja de reclamaciones. A partir de este momento, el usuario deberá rellenarla en el mismo establecimiento, donde dejará una de las tres copias que incluye. Otra de las mismas será para el propio consumidor y la restante habrá de llevarla al ayuntamiento o al organismo autonómico de consumo correspondiente. “De forma paralela, es recomendable presentar una denuncia ante los servicios autonómicos de consumo contra la empresa infractora”, remarcan.
Como cada año, para evitar posibles estafas y fraudes, así como cuidar el bolsillo sin caer en deudas y préstamos de terceros inasumibles, desde OCU señalan varios consejos a los consumidores:
Andalucía: desde 1 de julio al 31 de agosto.
Aragón: desde 1 de julio al 1 de septiembre
Asturias: desde 1 de julio al 31 de agosto
Baleares: desde 1 de julio al 31 de agosto
Canarias: desde 1 de julio al 31 de agosto
Cantabria: desde 1 de julio al 30 de septiembre
Castilla - La Mancha: desde 1 de julio al 30 de septiembre
Castilla y León: desde 1 de julio al 31 de agosto
Cataluña: desde 1 de julio al 31 de agosto
Comunidad Valenciana: desde 29 de junio al 5 de septiembre
Extremadura: desde 1 de julio al 31 de agosto
Galicia: desde 1 de julio al 30 de septiembre
La Rioja: desde 1 de julio al 31 de agosto
Madrid: desde 21 de junio al 21 de septiembre
Murcia: desde 1 de julio al 31 de agosto
Navarra: desde 1 de julio al 31 de agosto
País Vasco: desde 1 de julio al 30 de septiembre
Ceuta: Sin estipular
Melilla: desde 1 de julio al 31 de agosto