Desarticulado un grupo dedicado a vender contratos de trabajo falsos a nombre de empresas ficticias
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado dedicado a cometer estafas mediante la venta de contratos de trabajo falsos a nombre de empresas ficticias. En total hay cuatro arrestados, tres hombres y una mujer de entre 37 y 61 años a los que se les imputa los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal, según ha informado Jefatura en un comunicado.
La decena de víctimas, extranjeros irregulares, pagaban entre 900 y 1.200 euros por contrato que posteriormente utilizaban para solicitar la autorización de residencia.
La operación, denominada 'Azahara', se inició hace tres meses al tener conocimiento de que en un local de Valencia se estaban vendiendo contratos de trabajo falsos. Como consecuencia de las primeras gestiones, los agentes de la UCRIF localizaron el local que, con apariencia de gestoría, era frecuentado por dos españoles.
Uno de ellos ejercía como abogado laboralista sin estar colegiado, y el otro hacía las funciones de gestor. La clientela era captada por una pareja boliviana que se encargaba de localizar extranjeros en situación irregular en el país.
Una vez en el local, las víctimas era recibidas por el supuesto abogado laborista --con numerosos antecedentes policiales por estafas, robos con fuerza, usurpación de estado civil--, quien mediante engaño convencía a éstas de poder conseguir un contrato de trabajo pagando una alta cantidad de dinero. Además, les convencía de que con estos contratos de trabajo lograrían la autorización de residencia en el país.
Los policías de la UCRIF averiguaron que las víctimas, alrededor de una decena, pagaban entre 900 y 1.200 euros por contrato de trabajo, así como que las empresas, al ser ficticias, nunca les pudieron dar de alta. El grupo criminal podría haber conseguido más de 10.000 euros con estos hechos.
Las víctimas presentaban las solicitudes de autorización de residencia junto con los contratos de trabajo en los que figuraban las empresas ficticias en la Delegación del Gobierno, que sistemáticamente denegaban dada la irregularidad de estas empresas.
Como consecuencia de las investigaciones, los policías averiguaron la identidad de los presuntos autores, identificando al español, que se hacía pasar por abogado laborista, como cabecilla del grupo. Tras ser localizados fueron detenidos y puestos a disposición judicial.
