Coincidiendo con la celebración, este lunes, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, la Policía y la Guardia Civil han hecho públicos los datos de denuncias por esta lacra registrados entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2019: en total han sido 64.228, un 11,2% más que en el mismo periodo del año anterior.

Tal y como señalan ambos cuerpos en un comunicado, del total de denuncias policiales recibidas en lo que va de 2019, el 64% se interpuso ante Policía Nacional, cuya demarcación de competencias son las capitales de provincia y los grandes núcleos de población, en los que, con carácter general, "las víctimas encuentran más recursos y gozan de mayor anonimato, circunstancias que favorecen" este procedimiento.

En el resto del territorio nacional, competencia de Guardia Civil, se recibió el 36% de denuncias. En este sentido, indican que "los entornos de menor concentración de población y ámbito rural son espacios en los que las víctimas encuentran menos recursos y menor anonimato", lo que dificulta que se acuda a las autoridades ante casos de violencia machista.

Ante esta situación, el Ministerio del Interior ha señalado como "prioridad" el "avanzar en las medidas que faciliten la denuncia policial, bien de la víctima o de su entorno, y hagan accesible la misma en todos los casos de violencia de género, en igualdad de condiciones y con independencia de las circunstancias".

En este sentido, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, explica que se sigue la pauta marcada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha impulsado un 'Protocolo de valoración policial del riesgo de violencia de género' a través del sistema VioGén, que permite a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado gestionar los casos de violencia machista.

Interior apunta que, desde octubre, se están reevaluando conforme a este nuevo protocolo todos los casos activos en el nivel de riesgo medio cuya denuncia y primera evaluación sea anterior a marzo de 2019, fecha de entrada en vigor de estas mejoras.

En concreto, las modificaciones que se han realizado se centran en "mejorar la capacidad predictiva de la valoración policial del riesgo" y "mejorar la identificación de casos con menores vulnerables o a cargo de víctimas de violencia de género".

Desde la Secretaría de Estado de Seguridad se subraya, en el texto recogido por Europa Press, la importancia de tomar en consideración a los menores a cargo de la víctima en aquellos supuestos en los que, aun no habiendo sufrido agresión directa, los indicadores pongan de manifiesto que se puedan encontrar en situación de vulnerabilidad o riesgo. Estos casos con menores son identificados ante la autoridad judicial para que sean valorados por evaluadores forenses especializados.

Interior también destaca como "prioridad" la formación de los

agentes evaluadores que se encargan del primer contacto con la víctima, la recepción de la denuncia y la primera valoración policial del riesgo. Según explica, en 2019 han participado 2.800 efectivos en los cursos formativos.

Por otra parte, el Ministerio ha hecho público el número de hombres que cumplen condena por delito de violencia de género como delito principal: 4.308. Según señalan, esta cifra convierte la violencia machista en la tercera causa de privación de libertad,

después de los delitos contra el patrimonio y contra la salud pública.

Los servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas,

dependientes de Instituciones Penitenciarias, han recibido en lo que va de año 20.822 mandamientos judiciales alternativos a la prisión (trabajos en Beneficio de la Comunidad y suspensiones de condena). En este ámbito, la violencia de género es la causa más común de condena, seguida por los delitos contra la Seguridad Vial, indica el comunicado.

En cuanto al perfil del maltratador privado de libertad es el de un español (78% de los condenados) de entre 41 y 60 años (45%). Interior indica que estas características se repiten en el ámbito de las penas alternativas: 74% españoles con edades comprendidas entre los 31 y 40 años.

Finalmente, el departamento que lidera Grande-Marlaska destaca que, desde 2001, Instituciones Penitenciarias trabaja en la reeducación de los condenados por violencia de género para cumplir el mandato constitucional de la reinserción. Lo hace a través del Programa de Intervención para Agresores de Violencia de Género (PRIA) para los privados de libertad y del PRIA-MA en el caso de las medidas alternativas.

Tal y como señalan, en estos momentos el programa, que es voluntario, se está impartiendo en 48 centros penitenciarios de la Administración General del Estado con un total de 940 participantes. En el caso de las medidas alternativas, la suspensión de la condena lleva aparejada la obligación de someterse al tratamiento. "En 2019 se ha intervenido sobre 8.589 maltratadores", indica el Ministerio.

En cuanto a los resultados de estos programas, apunta que, en el

caso del PRIA, el último informe se realizó en entre 2007 y 2010 sobre una muestra de 1.065 presos que participaron en el programa. La reincidencia de quienes no lo finalizaron fue del 13,7%. La reincidencia en el caso de los que sí terminaron la terapia se redujo al 8,6%.

En el caso de PRIA-MA, el último estudio elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid es del año 2017. Se realizó sobre una muestra de 678 penados que participaron en el programa en 2010. Se estableció como criterio de reincidencia solo la denuncia policial, sin necesidad de condena, en los 5 años posteriores a la realización del programa. En este caso la reincidencia entre los que lo finalizaron fue del 6,8%.