El Defensor del Pueblo tramitó en 2018 un total de 17.697 expedientes: 16.998 quejas, un 45,6% menos que el año anterior, pero una cifra similar a 2016; 372 investigaciones de oficio y 327 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad. Así consta en el Informe Anual 2018, entregado este martes por el dirigente en funciones de esta institución, Francisco Fernández Marugán, a a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y al presidente del Senado, Manuel Cruz.

Al total de expedientes hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.923, de los cuales 2.481 fueron presenciales y 15.442 fueron atendidos a través de llamadas de teléfono. Además, el Defensor formuló a las Administraciones un total de 1.152 resoluciones, de las que 329 fueron recomendaciones, 504 sugerencias, 318 recordatorios de deberes legales y 10 advertencias.

Entre las quejas, destacan las relativas a los problemas de vivienda, como la adjudicación de viviendas de protección pública, ayudas en materia de vivienda o por la venta de vivienda de protección pública a empresas privadas. Esta institución sostiene que la crisis y medidas de austeridad adoptadas desde 2010 son las responsables de la "ausencia de una política de vivienda" e insiste en su informe en "dar respuesta inmediata" a las situaciones de "emergencia social", como desahucios de unidades familiares con menores de edad.

En materia sanitaria, destacan las quejas sobre la "merma" de la atención por las "carencias humanas y materiales"; el transporte sanitario; las listas de espera en atención primaria, o el 'copago farmacéutico' por parte de los ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y por aquellos con un alto grado de discapacidad, que no disponen de ingresos propios.

El Defensor del Pueblo considera que las quejas que plantean los ciudadanos a esta institución en materia de sanidad muestran "importantes carencias" en el nivel de Atención Primaria del sistema público de salud, "en forma de precarización y falta de medios", lo que "exige una reacción efectiva" de todos los poderes públicos, que pudiera concretarse en un acuerdo estatal que garantice la suficiencia del sistema, adaptado a las diferencias territoriales y necesidades en cada CCAA.

Es el caso, entre otros, de la escasez de pediatras constatada en las respuestas obtenidas de administraciones sanitarias como las de Castilla y León, Andalucía, Galicia y Madrid; o el la atención especializada, la carencia de algunos servicios o especialidades en determinados hospitales o áreas concretas, la falta de suficientes medios personales y materiales, y los problemas con los edificios e infraestructura.

La atención específica a determinadas enfermedades o síndromes, y el desplazamiento y derivación de pacientes entre comunidades autónomas, son los temas a los que con mayor frecuencia se refieren las quejas en este ámbito.

El Defensor del Pueblo da cuenta en su informe anual de la investigación abierta con todas las comunidades autónomas sobre la atención en los centros residenciales para personas mayores y destaca la "insuficiencia" de plazas públicas y concertadas. Para ello, pide más esfuerzo presupuestario, mejorar la calidad asistencial y actualizar y armonizar la normativa, entre otros aspectos. Para mejorar la calidad asistencial, han de revisarse las ratios de personal de atención directa. El Consejo Territorial ha de profundizar en las necesidades de los centros de mayores que atienden a personas con grados de dependencia II y III y estudiar la posibilidad de revisar al alza las ratios mínimas acordadas. También es preciso, a juicio del Defensor, establecer ratios por categorías profesionales, distinguiendo entre auxiliares de geriatría y otras categorías y garantizar que el personal tiene la cualificación necesaria para el desarrollo de sus funciones.

Asimismo, la Institución cree que hay que actualizar y armonizar la normativa sobre centros residenciales y mejorar los mecanismos de recopilación de datos para poder tener estadísticas fiables sobre los recursos de atención residencial disponibles, tanto a nivel de comunidades autónomas como estatal. El Defensor del Pueblo considera además necesaria una ley orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental en las que las personas en edad avanzada pueden tener que asumir limitaciones al ejercicio y realización de algunos de sus derechos fundamentales, con especial referencia a la atención en centros residenciales.

En 2018 han continuado las quejas relativas a las condiciones de salubridad o habitabilidad de algunos centros docentes. Los ciudadanos también han denunciado las disfunciones que, en ocasiones, generan la ejecución de obras de construcción, ampliación o rehabilitación de las instalaciones escolares.

También destaca las quejas relativas a la neutralidad ideológica de los centros educativos en cuanto a espacios públicos en los que, según el Defensor, "no debe tener cabida ninguna forma de adoctrinamiento político". Fernández Marugán considera que el término 'adoctrinamiento' "no debe acompañar y ni siquiera estar cerca de otras voces como educación, enseñanza o docencia" y censura en su informe el uso de instalaciones educativas para actos de reivindicación política.

La motivación y la notificación de la las resoluciones que declaran el desamparo, el incentivo de los acogimientos familiares, la atención de los menores que pasan a la mayoría de edad, la protección de los menores acogidos cuando se trasladan de comunidad autónoma y el funcionamiento de algunos centros han sido objeto de actuaciones en 2018. Asimismo, los servicios de atención temprana para menores con discapacidad también han propiciado la intervención del Defensor.

La violencia de género es otro de los asuntos destacados de este documento anual, en el que Fernéndez Marugán insiste en que "un maltratador nunca puede ser un buen padre" y que para proteger a las niñas y niños, es necesario que cuando dicte una orden de alejamiento a un hombre respecto de una mujer, se suspenda también el régimen de visitas de los hijos e hijas.

El Defensor del Pueblo sostiene que el marco normativo aún no garantiza el suministro eléctrico requerido por la realidad social y las exigencias constitucionales. "Sigue existiendo pobreza energética en muchos hogares, o sacrificio económico que los hogares detraen de otras necesidades básicas, como el agua, la alimentación, el vestido o la vivienda, para poder pagar el recibo de la luz", advierte.

Destaca también la actuación de oficio, actualmente en curso, sobre prácticas comerciales engañosas para el cambio de comercializadora y que tiene su origen en las quejas de personas (sobre todo mayores) que "se han visto confundidas, si no engañadas", por prácticas que les inducen a contratar condiciones de suministro desventajosas.

La lentitud de la justicia es un tema que "preocupa especialmente a los ciudadanos". Por este motivo, el Defensor del Pueblo ha realizado un análisis de las quejas relativas a dilaciones judiciales y ha lanzado propuestas para intentar mejorar la situación de la Justicia.

Así, la Institución recuerda en su informe anual que el proceso judicial es solo uno de los medios de solución de conflictos jurídicos y considera que los poderes públicos deben fomentar que se regulen adecuadamente otros sistemas de resolución extrajudiciales. El Defensor aboga por potenciar la mediación, el arbitraje y la conciliación como instrumentos de resolución extrajudicial de conflictos.

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) es el tributo que generó mayores problemas, acompañado en 2018 por los impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía municipal) y sobre actos jurídicos documentados (IAJD). Así, se recibieron quejas de ciudadanos que encuentran obstáculos para acreditar que un inmueble de su titularidad es su vivienda habitual. Por ello, el Defensor reiteró a la Agencia Tributaria (AEAT) su recomendación para que flexibilice su criterio y para que elabore un listado abierto de pruebas que puedan ser aportadas por los contribuyentes. Además, la Institución mantiene abiertas varias actuaciones para que todos los contribuyentes que lo soliciten puedan recibir asistencia de la AEAT para hacer la declaración del IRPF.