Recordemos que al comenzar 2016, el Juzgado de lo Penal número diez condenaba a una multa de 2.520 euros a los padres del 'Cuco' y a P.B.R., el supuesto infiltrado que había entregado más de 600 horas de conversaciones grabadas en el entorno y en la familia de este joven, por incumplir la orden de alejamiento que tenía el entonces menor de edad respecto a la familia de Marta del Castillo.

En aquella sentencia, el juez consideraba probado que fue el 5 de noviembre de 2009 cuando el Juzgado de Menores número 3 acordó imponer al 'Cuco' las medidas cautelares de "convivencia con grupo educativo y la prohibición de aproximarse a menos de 50 kilómetros de la familia nuclear de la víctima o de comunicarse con ellos por cualquier medio o procedimiento".

Sin embargo, y según esta sentencia condenatoria, en el marco de los permisos de convivencias familiares de los que disfrutaba el joven, los padres del mismo y el 'infiltrado' le recogieron del piso de convivencia en el que residía en El Puerto de Santa María (Cádiz), para, "acto seguido, emprender un viaje hacia Sevilla". No obstante, fueron interceptados por un control de Policía a la altura del kilómetro 25,5 de la carretera AP-4, "en dirección a Sevilla".

"Conocedores de la orden"

Y todo ello, según la sentencia condenatoria, cuando los acusados "eran conocedores de la orden de prohibición de aproximación impuesta".

En ese sentido, el Juzgado de lo Penal número diez de Sevilla dictaba el pasado 10 de abril un auto con relación a esta causa. En dicho auto, el juez expone que la madre del joven, Rosalía Inmaculada G.M., "no ha satisfecho voluntariamente la multa" ni se le han localizado "bienes suficientes" para reclamar la misma por la vía de apremio.

Por ello, el Juzgado de lo Penal número diez impone a esta mujer una "responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa" con una pena de 210 días de cárcel, si bien el auto es susceptible de recurso.