El propietario del restaurante "La Lusitana Vasca", Javier Márquez, y dos vecinas voluntarias han recibido tres multas por parte de la Policía Local de Valencia que suman 4.200 euros por repartir comida de manera solidaria a más de 80 personas sin recursos en el barrio del Cabanyal durante el confinamiento.

Así lo ha denunciado el primero tras recibir los tres la notificación de las sanciones, dos de 600 euros cada una y la tercera de 3.000 euros. Las cartas han sido enviadas por el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno.

La idea surgió como respuesta a la necesidad de varias familias tras encontrarse en una situación excepcional de apuro durante el confinamiento. Contactaron en primer lugar con la Cruz Roja y la Policía Local, y luego con dos organizaciones solidarias. "El BOE permite esta entrega de comida sin ánimo de lucro; la hicimos a través de dos asociaciones, Brúfol y Espai Veïnal Cabanyal", detalla Márquez.

El propietario y las personas voluntarias relatan que el local permanecía abierto durante el confinamiento únicamente para cocinar los alimentos y como centro de recogida de los mismos, sin infringir ninguna norma y teniendo siempre en cuenta las medidas de seguridad. "Venía una persona de cada familia, manteniendo la distancia de seguridad. Todos nosotros llevábamos las EPIS", comenta Márquez.

Un día, a las cuatro y media de la tarde, recibieron la visita de los agentes de la Policía Local, que les impusieron las multas pese a las explicaciones dadas. "Tuvimos en cuenta las medidas de higiene, seguridad y distanciamiento social y amparados por el artículo 6 (e) del Real Decreto 463/2020 del B.O.E. del 14 de marzo, Limitación de libertad de circulación de las personas donde se ampara la 'Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables'", afirma el afectado.

Uno de los agentes en tono amenanante verbalizó "haré lo posible porque te cierren el negocio", confirman algunos de los testigos y "déjate de hacer la buena samaritana" a una de las vecinas voluntarias, interponiendo una multa tanto al propietario como a las dos voluntarias.

En la denuncia, según informa Las Provincias, se señala que el agente "se dirige al establecimiento al observar cola de personas en la puerta recogiendo comida que es repartida por dos personas en el interior del local al exterior. Que la persiana se encuentra subida y las luces encendidas y en el interior hay varias personas trabajando, que la puerta del establecimiento se encuentra abierta y que en el interior hay dos mesas a modo de mostrador".

El relato continúa diciendo que "abandonan el lugar tres clientes. Que entrevistados con el responsable indica que se encuentra en funcionamiento pero sin ánimo de lucro ya que colaboran con la asociación Brúfol en el reparto de comida a personas desfavorecidas. Que se informa al titular que que la actividad debe cesar en virtud del R.D 463/20, el artículo 10 apartado 4 'se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio'. Que el titular de la actividad acepta el requerimiento y cesa de forma inmediata la actividad".

Tanto el dueño como las voluntarias se han declarado en contra de pagar la multa impuesta y aseguran que "no se tiene en cuenta el carácter solidario y no lucrativo de la actividad, porque no se relatan de forma objetiva los hechos (el establecimiento nunca ha estado en funcionamiento durante el estado de alarma), porque nos acogemos al Real Decreto 463/2020 del BOE del 14 de marzo, bajo la imperante necesidad de acción en solidaridad con las familias más vulnerables de nuestro barrio".