La mayoría del tiempo no se ve, pero está ahí. Los altos niveles de contaminación atmosférica y los planes para reducirlos se han convertido en el día a día de muchas de las grandes ciudades del mundo. En Europa, el 95% de la población vive en un núcleo urbano donde se superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, por encima de ese tope, el aire que se respira es perjudicial para los humanos e incide en el riesgo de padecer alguna enfermedad.
En concreto, una de cada nueve personas en el mundo muere prematuramente a causa de la contaminación atmosférica. Es decir, la polución mata a casi siete millones de ciudadanos al año. De ellas, dos millones lo hacen por infecciones respiratorias causadas por el aire en interiores –800.000 niños- y 3,7 en aire exterior.
Compuesta por un gazpacho de sustancias nocivas, entre las que destacan el carbono negro, el ozono troposférico y el metano, la polución también está detrás de las principales enfermedades comunes. Este problema causa el 7% de las muertes por cáncer de pulmón, del 18% de las causadas por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, del 20% de los fallecimientos por ictus y del 34% de las provocadas por las enfermedades cardiacas. A ellas, hay que unir el aumento de aumento del asma y las enfermedades respiratorias crónicas debido al ozono troposférico.
Una problemática que no afecta solo a los seres humanos, sino que también causa estragos en el medio ambiente y está detrás del cambio climático. La mayoría de las fuentes de contaminación atmosférica emiten una gran cantidad de CO2, lo que provoca el aumento de las temperaturas, el deshielo global y perjuicios en la agricultura, con lo que todo ello conlleva. Tormentas, sequías, olas de calor, subidas del nivel del mar o desnutrición tienen una causa común: la acción humana.
Unos contaminantes, que este año han vuelto a aumentar a nivel mundial, pero que son fáciles de eliminar según denuncia la ONU. En concreto, los conocidos como contaminantes climáticos de corta vida (SLCP en sus siglas en inglés) permanecen en la atmósfera solo durante algunos días o meses. Es decir, su reducción podría mejorar tanto la salud como el clima de quienes viven en los lugares afectados por ellos.
Sin embargo, las emisiones de dióxido de carbono volvieron a aumentar en el año 2017, tras tres años de estancamiento. Según recoge el informe sobre la Brecha de Emisiones 2018 de ONU Medio Ambiente, estas han alcanzado las 53,3 gigatoneladas, un dato similar al de 2015, cuando se batieron todos los récords. En especial, la organización quiere que todos los países tripliquen sus esfuerzos para cumplir con el Acuerdo de París, es decir, que la temperatura media no aumente más de dos grados.
Técnicamente, todavía es posible conseguirlo, pero hay que actuar. Por ello, la ONU asegura que todos los países deben reducir sus emisiones. En especial, China, Estados Unidos, la Unión Europea e India, los cuales producen más del 56% de los gases invernaderos del planeta. En el año 2030, la bajada debería ser de entre un 25% y un 55%. Algo que da a los gobiernos apenas 12 años de margen para actuar.
El hecho de que la población europea respire aire considerado peligroso para la salud tiene consecuencias, entre ellas, económicas. Entre 300.000 y los 940.000 millones de euros al año le cuesta a la Unión Europea la contaminación ambiental. En esa cifra se incluyen los gastos sanitarios directos e indirectos, pero también los derivados que inciden en la economía nacional e internacional.
En nuestro país, el 93% de la población respira aire perjudicial para la salud. El dióxido de nitrógeno, las partículas (PM10) y el ozono (O3), las principales sustancias en España, causaron 38.600 muertes prematuras en el año 2015, según el último informe anual de la Agencia Europea del Medio Ambiente. La mayoría de ellas, por culpa de las partículas.
Reducir los vehículos, en especial en los grandes núcleos urbanos, determinadas industrias o la construcción son determinantes. La Comisión Europea ya se ha propuesto eliminar el CO2 de la Unión en el año 2050. En España, el gobierno anunció el pasado 13 de noviembre que pretendía impedir la venta de vehículos que emitan directamente esta sustancia en el 2040, algo que después ha matizado. Todo para cerrar una brecha de emisiones que amenaza con arrasar con todo, incluido los humanos.