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José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza fueron condenados a 15 años de cárcel por violar a una joven madrileña en un portal de Pamplona durante los Sanfermines de 2016. Siempre mantuvieron su inocencia e incluso intentaron criminalizar a la víctima, asegurando que se había tratado de sexo consentido. Ahora han reconocido sus delitos y se han inscrito en los cursos para agresores sexuales que se imparten en la cárcel.
Cuatro de ellos tienen además otra condena de dos años y diez meses de prisión por haber abusado de otra joven en Pozoblanco (Córdoba) dos meses antes, cuando la chica se encontraba inconsciente en la parte trasera de un coche.
'El Prenda', considerado el líder del grupo, escribió sendas cartas a las dos chicas pidiéndoles perdón por lo que les habían hecho después del verano pasado. Aseguraba que estaba arrepentido. El letrado de la víctima cree que se trata de una estrategia para obtener beneficios penitenciarios.
Los internos pueden participar en los cursos para agresores sexuales de forma voluntaria, aunque se tiene en cuenta el tiempo de condena que les queda y su evolución personal. Son tratamientos terapéuticos y se autorizan cuando los expertos creen que van a ser más efectivos. Cada año participan en este tipo de cursos cerca de medio millar de reos en los centros dependientes del Ministerio del Interior. Están condenados por delitos contra la libertad sexual, incluidos pederastas que han cometido delitos contra la infancia.
Cada sesión tiene una duración aproximada de tres horas y se realizan en grupos, aunque los profesionales pueden aumentar el número de horas de las actividades en las que los internos deben estar ocupados. Recomiendan que el programa se realice en un período de tiempo que oscila entre los nueve y los 11 meses. El objetivo es que aprendan a tomar conciencia de las emociones y a controlar sus conductas con el fin de no volver a cometer los mismos delitos.
Estos programas empezaron a impartirse en algunos centros en el año 1998 como una prueba piloto. En el año 2005 las instrucciones se recogieron en un manual titulado "El control de la agresión sexual: Programa de intervención en el medio penitenciario". Fue elaborado por técnicos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias con el fin de ofrecer tratamientos especializados y centrados en aquellos factores específicos que predisponen a estos hombres a realizar conductas de abuso.
Se trata de un manual de intervención psicosocial y recoge un programa estructurado. Se utilizan las técnicas e intervenciones consideradas más adecuadas para que aprendan a mantener relaciones sexuales libres de violencia y con parejas adecuadas.
Los participantes tienen que realizar una serie de ejercicios que deben completar individualmente. Después se hace una puesta en común en el aula. En el módulo se analizan casos reales de otros violadores, les enseñan fotografías, dibujos de las víctimas, diapositivas o películas de vídeo. El terapeuta apunta en una pizarra las ideas comunes del grupo. Una de las actividades consiste en escribir la historia de su vida, incluyendo su biografía sexual y un texto sobre sus víctimas y el perjuicio ocasionado.
José Ángel Prenda fue el primero en cambiar de actitud, dando ejemplo al resto de sus amigos. Reconoció haber agredido sexualmente a las dos chicas y haber difundido los vídeos que grabaron y sirvieron de pruebas durante los juicios. Está en el centro Penitenciario Puertos III, en Cádiz. Ha escrito sendas cartas pidiendo perdón a las víctimas y ha expresado su arrepentimiento. Cada miembro de 'la manada' está en una prisión distinta: Cabezuelo en la de Topas (Salamanca), Guerrero en Sevilla, Boza en Albolote (Granada) y Escudero en la de Huelva.
Según los expertos, el primer paso está en admitir que son delincuentes sexuales y que han ocasionado un daño. Estos reclusos no suelen verse como insensibles, crueles y dañinos. Se engañan a sí mismos y a los demás. Son incapaces de hablar con honestidad y sinceridad sobre ellos y lo que hacen, señalan los que les tratan. Tienden a mentir y no son realistas sobre la naturaleza y el alcance de sus desviaciones. Creen que pueden controlar su comportamiento y prevenir la reincidencia.
Por eso en muchas ocasiones pronostican que estos agresores podrían volver a delinquir y que representan un elevado riesgo para la sociedad y deben terminar el programa de intervención y recibir un tratamiento psicológico eficaz antes desalir a la calle. Los miembros de 'la Manada' ya han cumplido más de la cuarta parte de su condena, han solicitado varias veces permisos de salida pero siempre se los han denegado.
Los resultados del tratamiento de los delincuentes sexuales no ofrece unos resultados demasiado satisfactorios. Hay una serie de factores que se relacionan con un buen pronóstico de tratamiento como el deseo de cambiar, la capacidad de crear relaciones cercanas positivas o no presentar enfermedades mentales. Pero las estadísticas demuestran que muchos acaban siendo reincidentes cuando cumplen su condena.
Por eso la participación en el programa no puede nunca considerarse como requisito suficiente para obtener una progresión de grado o la libertad condicional. En la aplicación del programa se deben valorar cuáles son los factores de riesgo que se incluyen en cada uno de los casos, de forma individualizada y se hace un estudio pormenorizado de la progresión de cada participante.
La asociación de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) denuncia que muchos repiten su comportamiento con las funcionarias dentro de las cárceles y piden un protocolo de actuación específico. Estas conductas se repiten cuando salen a la calle. Como es el caso de Francisco Javier Almeida López Castro, 'el Mortadelo', quien se encontraba en libertad condicional cuando acabó con la vida del pequeño Álex, en su casa de Lardero (La Rioja). Había pasado casi 30 años encerrado por violar y matar a una joven en el llamado 'Crimen de la Inmobiliaria'.
Igual ocurrió con Bernardo Montoya, el asesino de la profesora zamorana Laura Luelmo en El Campillo (Huelva). Cumplió condena por intentar violar a una joven de 27 años en el año 2008 y durante dos años recibió formación específica en materia de género y libertad sexual. Solo llevaba unos meses fuera cuando regresó con una pena de prisión permanente revisable.