El documento ha sido redactado por el Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI, y ofrece un "decálogo de seguridad" para los usuarios de medios digitales, "primera y última víctima de las guerras de comunicación" entre estados u organismos subnacionales.
Esta batería de recomendaciones incluye medidas como el análisis de la fuente de la que provienen las noticias, sobre todo si tienen como origen plataformas no tradicionales con escasa transparencia, y advierte también contra los 'pantallazos' que no incluyan el enlace a la información concreta.
Además, recomienda a los ciudadanos que extremen la atención con los perfiles anónimos en redes sociales responsables muchas veces de la viralización de contenidos, así como de aquellos con apariencia de estar controlados por una persona real pero que están manejados por robots o terceras personas.
Las campañas de desinformación aprovechan además para la difusión de sus mensajes los algoritmos con los que trabajan las plataformas digitales, que ofrecen al usuario únicamente contenidos relacionados con sus preferencias. Por ello, el decálogo del CNI propone a los usuarios huir de esta polarización buscando fuentes de información alternativas.
También recomienda huir de los contenidos patrocinados con origen desconocido y desconfiar de las 'estrellas invitadas' que en ocasiones apoyan una determinada causa con la que no tienen ninguna relación aparente, pero que en ocasiones "participan en determinadas discusiones en función de agendas políticas y económicas muy determinadas y que no son conocidas por la audiencia final".
Por todo ello, el Centro Criptológico cree que la mejor defensa es mantener siempre "el respeto y el pensamiento crítico" evitando generar "espirales de odio y descalificación"; así como no contribuir a la difusión de informaciones no contrastadas o de dudosa trazabilidad y procedencia.
Junto a este decálogo para los ciudadanos, la guía apunta la obligación de las instituciones públicas de desarrollar las capacidades necesarias para "prevenir, detectar y neutralizar" las ofensivas de desinformación que se generan contra un Estado.
Y también subraya la obligación de las empresas privadas de evitar que sus plataformas digitales se conviertan en herramientas empleadas en campañas maliciosas "contra los ciudadanos y los sistemas de gobierno legítimos".
El documento revela que España sufre diariamente tres ciberataques de peligrosidad crítica o muy alta contra el sector público y empresas estratégicas, algunas de las cuales tienen su origen principalmente en otros Estados con el objetivo de "debilitar y comprometer la capacidad económica, tecnológica y política de España".
Sin embargo, no todos estos ataques consisten en alterar los sistemas informáticos de empresas e instituciones, sino que algunos tienen como objetivo alterar el funcionamiento de la opinión pública gracias a estas campañas de desinformación.
"Los responsables de estos ataques suelen ser gobiernos y grupos subnacionales que tienen como objetivo erosionar y debilitar la cohesión interna de un Estado o de un grupo de Estados considerados como adversarios y, de esta manera, redefinir su posición estratégica", argumenta.
Según recuerda, algunos países ya reconocen abiertamente que están llevando a cabo y acometiendo este tipo de acciones "de manera sistemática", y nombra directamente a Rusia como uno de los países que más ha desarrollado el concepto de guerra híbrida.
Estas campañas de desinformación son cada vez más habituales debido a su alto nivel de efectividad, la dificultad para señalar al responsable, la falta de regulación legal o la difícil comprobación de una relación de causalidad entre los intentos por alterar la opinión pública y los cambios en el comportamiento de los ciudadanos.
Dado el auge de estos movimientos, la guía recuerda que España ya incluyó en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 la amenaza de acciones híbridas como uno de los principales retos de seguridad a los que debe hacer frente el país, definiéndolas como la combinación de "medios militares con ataques cibernéticos, elementos de presión económica o campañas de influencia en las redes sociales".
En este sentido, explica que las campañas de desinformación pretenden quebrar la confianza que los ciudadanos tienen en sus instituciones y sus medios de comunicación tradicionales, aprovechándose del descrédito sufrido por ambos durante los últimos años.
Con ello, el "reto" para contrarrestar y anular estas campañas consiste en detectar estos intentos de influencia ilegítima, distinguirlos de aquellos procesos ejercidos por actores legítimos, mantener al ciudadano informado sobre ello e introducir buenas prácticas en análisis académicos o medios de comunicación.