El presidente de Convivencia Cívica Catalana (CCC), Francisco Caja, y el abogado Ángel Escolano han presentado este miércoles en la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sus alegaciones al recurso de reposición de la Generalitat ante el auto del tribunal catalán para introducir el castellano como lengua vehicular de la enseñanza.
En declaraciones a los medios, Caja --que actúa en representación de las dos familias que han solicitado la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) en referencia al mismo tema--, ha explicado que el recurso de la Generalitat es un "innegable fraude procesal".
Caja ha explicado que este recurso debe inadmitirse porque los recursos de reposición están destinados a otra finalidad, y ha recomendado a la Generalitat que si estaba en desacuerdo con la sentencia del TS que ahora el TSJC ordena cumplir, debería haber recurrido cuando el Supremo se pronunció en diciembre y no ahora: "La sentencia es firme, si no que hubieran recurrido en su día".
Otro de los argumentos de Caja es que la inmersión lingüística es "una práctica ilegal a la que ha recurrido muchos años la Generalitat", además ha defendido que no existe en ninguna norma legal, a pesar de que este modelo está presente en la Ley de Educación de Cataluña (LEC).
"Desafío a la consejera Irene Rigau y al presidente Artur Mas a decirme dónde en la LEC se habla de inmersión lingüística", ha retado Caja, que ha señalado que además del catalán como lengua vehicular también se habla del castellano.
RECURSO AL FIN DEL ULTIMÁTUM
La entidad también presentará en dos días un recurso contra la providencia del TSJC que suspende el plazo de dos meses que daba a la Generalitat mientras resuelve el recurso de reposición.
Caja ha argumentado que "no es de recibo" esta providencia, ya que, a su juicio, no es una forma adecuada para decretar la suspensión del auto del TSJC.
Además, Francisco Caja ha explicado que cualquier decisión judicial debe motivarse y que CCC desea saber por qué se ha suspendido este plazo de dos meses: "Creemos que nos dará la razón", ha concluido.
Con esto, la entidad esperará a la decisión del TSJC tanto sobre el recurso de la Generalitat, como de las alegaciones de Convivencia y el futuro recurso a la suspensión del auto, y mientras esperará a que el Gobierno de la Generalitat "empiece a entender que hay que cumplir las sentencias".
Por otra parte, la plataforma está a la espera de la respuesta de la consejera Rigau a las 500 peticiones de familias que desean la escolarización de sus hijos en castellano.