La semana pasada el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que construiría nuevos reactores nucleares, la principal fuente energética del país vecino. Pero hay otro proyecto de energías limpias en el punto de mira del Gobierno galo: el parque eólico marino de la isla Oleron, en la costa atlántica próxima a La Rochelle.

La puesta en marcha de este proyecto permitiría al Estado francés embolsarse unos 37 millones de euros al aplicar el impuesto a eólicos marinos, aprobado en 2005. Hasta ahora no se había recaudado, debido a la falta de este tipo de instalaciones en el territorio.

Pero, existe un gran escollo: la creación del parque eólico supone construir en medio de un área Natura 2000 y un parque natural marino. Lo que ha desatado las quejas de los habitantes del departamento de Charente-Maritime, donde se ubica la isla, a pesar que de que recibirían la mitad de la recaudación.

Sabemos que para avanzar en la transición ecológica son necesarias nuevas instalaciones de renovables. En el caso español, "solo" el 45,5% de la energía generada proviene de fuentes limpias. Así que son clave para lograr el objetivo europeo de cero emisiones para 2050, frenar el cambio climático o tener una mejor calidad del aire.

Aún así, Oleron no es el primer proyecto verde que se encuentran con el rechazo local. No todo el mundo quiere tener una panel fotovoltaico o un molino a unos pocos metros de casa. Este mismo verano los vecinos de Monfero, en Galicia, protestaron contra una instalación de 13 eólicos. Al final, la Xunta se ha comprometido a no aceptar nuevas solicitudes de parques eólicos a partir de 2022, durante año y medio.

Este año también los residentes de Chiva, en Valencia, se mostraron contrarios a la instalación de una megaplanta fotovoltaica de 50 kilómetros de longitud a los pies de su sierra. Los terrenos afectados son cultivos de propiedad privada en un 99 % y están situados junto al paraje natural de la Brihuela. El consistorio ha optado finalmente por paralizar durante dos años las licencias para plantas solares que ocupen más de 10 hectáreas.

En octubre, entre 5.000 y 8.000 personas procedentes de todo el país se manifestaron en Madrid para pedir una transición energética que "rechace el modelo centralizado de renovables a gran escala, sin planificación ni ordenación territorial y sin participación ciudadana". La marcha, convocada por la Alianza Energía y Territorio (Aliente), congregó a más de 180 organizaciones ecologistas y sociales bajo el lema "Renovables sí, pero no así".

Ante este repudio de la ciudadanía, hay quien defiende ralentizar la planificación de los proyectos eólicos y fotovoltaicos por miedo a que fracase la transición energética. En el lado contrario están los que señalan que cambio climático nos obliga a actuar con urgencia.

El futuro de los aerogeneradores de Oleron todavía está en el aire. Ocuparían una franja de unos 300 km2, con una capacidad para generar entre 500 y 1.000 megavatios (MW). Esto produciría electricidad suficiente para 1,2 millones de habitantes. También hay planes para un segundo parque eólico. Si todo saliese adelante, se podrían generar hasta 2.000 MW de electricidad.

Del dinero obtenido con el impuesto (18.605 euros por MW instalado) el 50% iría a los municipios costeros "desde donde son visibles las instalaciones". Unos 18,5 millones de euros.

Aunque económicamente serían las más beneficiadas, las poblaciones colindantes al proyecto se oponen firmemente. "No venderemos nuestras almas al diablo para destruir 150 años de historia, nuestra pesca y nuestras actividades familiares", afirma Christophe Sueur, alcalde de Saint-Pierre-d’Oléron, al diario nacional Le Figaro.

Además de alterar el fondo marino, el parque eólico supondría instalar de 50 a 80 aerogeneradores de 250 m de altura en una de las rutas más importantes del mundo para las aves migratorias. Los representantes locales denuncian que aún no se ha publicado ningún estudio de impacto ambiental.

En este ambiente, se abrió una discusión ciudadana el pasado 30 de septiembre, bajo el auspicio de la Comisión Nacional de Debate Público (CNDP). Residentes, representantes políticos y asociaciones tienen hasta el 30 de enero para pronunciarse sobre el parque de Oleron."Al final siempre es el Estado el que decide, y será una gran estafa", critica el vicepresidente del comité regional de pesca Johnny Wahl.