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¿Qué habría sucedido si el 100 por cien de la población mayor de 12 años hubiera estado vacunada cuando comenzó la sexta ola? Por medio de este ejercicio contrafactual tratamos de establecer la influencia de la población anti-vacuna en la evolución de los indicadores sanitarios durante la sexta ola. El supuesto de partida es que, en la primera semana de noviembre, toda la población mayor de 12 años había tenido acceso a la pauta completa de vacunación, por lo que los no vacunados pueden ser considerados anti-vacunas.
Los resultados apuntan a que los antivacunas, durante la sexta ola hasta finales de diciembre, habrían incrementado los contagios un 14%, las hospitalizaciones un 44% (un 79% para el grupo entre 30 y 59 años), un 78% los ingresos en UCI (143% para el grupo entre 30 y 59 años), y un 32% las defunciones (53% en el grupo de edad entre 30 y 59 años), según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
La investigación parte de la premisa de que en noviembre toda la población mayor de 12 años había tenido acceso a la vacuna. Por lo que considera a todas las personas sin vacunar como antivacunas.
El informe 'La evolución de la pandemia en España durante 2021' concluye que la población reticente a vacunarse es responsable de un aumento e ingresos en la sexta ola.
El informe destaca el impacto positivo de la vacunación, que califican de extraordinario. La no disponibilidad de vacunas habría aumentado las muertes por Covid un 571%. Los menores de 60 años sólo sufrirían el 2,1% del aumento total de muertes. Los mayores de 80 años hubieran sido los principales perjudicados.
El impacto positivo de la vacunación sobre los indicadores sanitarios ha sido extraordinario. Por ejemplo, la no disponibilidad de vacunas habría aumentado las muertes por Covid un 571 por cien con respecto a las observadas, aunque los menores de 60 años sólo sufrirían el 2, 1 por cien del aumento total, mientras que los mayores de 80 años hubieran sido los principales damnificados. Además, el beneficio en términos relativos de la vacunación aumenta con la gravedad del indicador, mayor para las defunciones e ingresos en UCIs y menor para los contagios y las hospitalizaciones.
La saturación de los centros de salud en la sexta ola de covid es por todos conocidos. El informe de Fedea analiza cómo los distintos profesionales sanitarios han visto aumentada su carga de trabajo. Los médicos la habría aumentado un 24%. Gran parte de su carga de trabajo se debe a los partes de altas y bajas.
Los enfermeros han visto como ha aumentado su trabajo en un 19%. Otros profesionales sanitarios, como recepcionistas o telefonistas o técnicos de laboratorio, han visto su carga de trabajo aumentar en un 36%, los que más.
Para que el volumen de trabajo de los profesionales sanitarios de la atención primaria se mantuviera en niveles anteriores de la pandemia de coronavirus, cada centro de salud habría tenido que contratar a dos personas nuevas de media.
El informe señala que si como parece, estamos condenados a que en el futuro el virus Covid-19 no desaparezca, sino que tenga un carácter estacional recurrente, habría que tomar algunas medidas para evitar colapsos:
En primer lugar, las autoridades sanitarias deberían elaborar planes de contingencia para ser capaces de reforzar eficientemente el sistema de atención primaria, el sistema hospitalario y la atención de cuidados intensivos. En este sentido, es primordial evaluar correctamente los incrementos de carga de trabajo que ocurren en situaciones de estrés pandémico, para que los refuerzos de personal que se habiliten permitan no tener que renunciar al resto de atención médica de otras patologías.
En dichas situaciones de estrés pandémico, el personal sanitario fijo o de refuerzo debería poder ser trasladado transitoriamente de sus puestos de trabajo habituales a otros en los que exista saturación. Es un hecho que en muchas ocasiones la incidencia del virus es muy desigual entre distritos sanitarios (o municipios, o provincias, o regiones) y no debería haber razones por las que los recursos humanos no pudieran ser movibles. Incrementar indiscriminadamente las dotaciones de plazas fijas no parece la opción más sensata, si lo que va a haber en el futuro son picos de exceso de trabajo (como los ha habido siempre, por ejemplo, en las campañas de gripe).
En segundo lugar, parece sensato intensificar los incentivos de todo tipo, para que los no vacunados lo hagan. Sin necesidad de coartar la libertad individual, habría que exigir pasaportes sanitarios (o pruebas diarias) para acceder a todo tipo de eventos públicos y privados en espacios cerrados o en eventos de masas en espacios abiertos. La idea es que las personas no vacunadas tengan más difícil el acceso a actividades de ocio y esparcimiento para incentivar su vacunación, dado el coste social que generan.
En tercer lugar, se deberían establecer procedimientos rápidos y eficientes para realizar las pruebas de antígenos o las PCR. El colapso de la atención primaria tiene que ver con actos médicos poco complicados técnicamente y poco exigentes en tiempo, como son el diagnostico de la enfermedad vía tests o la concesión de bajas y altas médicas. En grandes ciudades, se pueden habilitar centros de realización de tests en diferentes puntos de las mismas, independientes de los centros de atención primaria (al modo, por ejemplo, de los vacunódromos), de forma que dotados con muy poco personal médico, sanitario y administrativo gestionen las pruebas y manden informáticamente el resultado al móvil de los pacientes (tras realizar el test de antígenos el paciente podría recibir en su móvil el resultado en 15 minutos y tras realizar las PCR también lo recibiría en el menor plazo posible).
Por último, otro aspecto que aligeraría la carga de la sanidad pública en situaciones de estrés pandémico sería el reforzamiento de la coordinación y la cooperación con el sector privado y una mayor agilidad al cursar las bajas laborales.