Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha remitido este miércoles una carta a los directores de los centros penitenciarios para solicitar que "atajen" la divulgación de datos por parte de supuestos funcionarios públicos sobre internos como Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, un caso que se está juzgando en la actualidad.

En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se marca como objetivo "atajar aquellas conductas profesionales contrarias a los deberes" que tienen los trabajadores públicos en los centros penitenciarios, sin citar ningún caso en concreto.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han subrayado que la misiva se ha enviado como recordatorio de la normativa interna después de que supuestos funcionarios de prisiones hayan difundido, con el rostro tapado, datos protegidos por la ley sobre Ana Julia Quezada, en paralelo al proceso judicial por la muerte del niño Gabriel Cruz.

Responde así Prisiones a la "frecuencia con la que aparecen en diversos medios de comunicación trabajadores que dicen ser funcionarios de Instituciones Penitenciarias divulgando datos de diversa índole relativos a las personas privadas de libertad, algunos de ellos de especial protección por afectar a la esfera más íntima, y teniendo también en cuenta que este tipo de información puede perjudicar a las víctimas de los delitos".

El secretario general de Instituciones Penitenciarias incide en su carta en la importancia de "no olvidar a las víctimas", de acuerdo al Estatuto de la Víctima del Delito de 2015, que buscan que se haga justicia, lamentando el "claro decaimiento de la ética profesional" ante algunas filtraciones que "dan un protagonismo social indebido a quien tanto daño personal pudiera haber causado".

Ángel Luis Ortiz cita el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 para recordar que los trabajadores deben preservar el principio de confidencialidad y guardar secreto en materias clasificadas. También se refiere al Código Deontológico aprobado en 2011 ante la posibilidad de que el funcionario público incurriera en una falta muy grave.

"Conductas como las referidas no respetan el derecho fundamental a la intimidad de los internos en centros penitenciarios a cuya salvaguarda todo profesional penitenciario está específicamente obligado", insiste el secretario general de Prisiones, que alude también a las tareas de reinserción y reeducación social que se ven "altamente perjudicadas en la medida en que los internos se observan a sí mismos como objeto de interés mediático".

El pasado mes de julio, Instituciones Penitenciarias ordenó a los directores de los centros mediante otra instrucción que se remitiera a los juzgados todas las denuncias de internos por agresiones aunque no consten lesiones, siguiendo así una antigua recomendación del Defensor del Pueblo. La medida fue acogida con críticas desde sindicatos de prisiones al entender que criminalizaban al colectivo, que se queja de que son ellos los que sufren continuas agresiones por parte de los internos sin que la Administración ponga remedio.