Dos hombres han sido detenidos la madrugada de este lunes tras ser acusados de agredir sexualmente a una mujer en el municipio vizcaíno de Mungia, País Vasco.

Los hechos han ocurrido de madrugada, y según ha informado el departamento vasco de Seguridad, la policía ha procedido a la detención de los dos hombres como principales sospechosos del ataque. Agentes de la Ertzaintza se están haciendo cargo de la investigación para esclarecer los hechos, y por el momento no han transcendido más datos.

Este suceso ocurre solo tres días después de que un varón de 39 años de edad fuese detenido en la localidad vizcaína de Trapagaran cuando transportaba en el maletero de su coche a su expareja sentimental, a la que había maniatado.

El individuo, que está acusado de un delito de violencia sobre la mujer, fue sorprendido este viernes por efectivos policiales con su expareja maniatada en el maletero del vehículo.

Una vez detenido, los agentes comprobaron que el sospechoso contaba con una orden de alejamiento de la mujer que estaba totalmente atada de arriba abajo y que resultó ser su exmujer. La víctima presentaba inicialmente huellas de magulladuras y golpes, por lo que fue trasladada a un centro sanitario.

El Defensor del Pueblo recibió durante el año 2019 numerosas quejas que ponían de manifiesto "fallos en todas las fases del sistema de protección" de las víctimas de violencia de género. Dichos fallos, según destaca la institución, "son más graves cuanto más vulnerable es la víctima".

Tal y como apunta en el informe anual de 2019, es necesario "mejorar la formación de los funcionarios públicos que atienden directamente a las mujeres". Ellas, según el Defensor del Pueblo, "en muchas ocasiones" denuncian "sentirse solas, cuestionadas, no escuchadas y abandonadas por los poderes públicos".

En este contexto, la institución ha realizado en 2019 actuaciones de supervisión en todas las fases del sistema: en la de detección y emergencia; en la de enjuiciamiento y persecución penal; así como en la fase de integración social de las víctimas, que incluye servicios sociales y ayudas para la emancipación y autonomía de la mujer víctima.

Fruto de estas actuaciones, ha formulado nuevas recomendaciones para reforzar el sistema de protección de las víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos. Según datos oficiales, el año pasado fueron asesinadas 55 mujeres y tres menores de edad.

Por ejemplo, ha pedido a la Secretaría de Estado de Justicia que dote a los juzgados de violencia de género de las unidades de valoración forense y de los medios humanos y materiales necesarios para que tanto fiscales como jueces puedan desarrollar sus funciones con plenas garantías.