La sentencia tiene en cuenta la figura de una tercera persona, la de la pareja de la persona que se ha quedado viviendo en el domicilio familiar original.

"La introducción de un tercero en la vivienda, en manifiesta relación estable de pareja con el progenitor que se benefició del uso por habérsele asignado la custodia de los hijos, cambia el estatus del domicilio familiar, de igual modo que afecta a otros aspectos como la pensión compensatoria e incluso el interés de los hijos, porque introduce elementos de valoración distintos de los que se tuvieron en cuenta inicialmente", señala el alto tribunal.

Esto quiere decir que cuando el cónyuge que tiene la custodia de los hijos formaliza una nueva relación se debe liquidar esa sociedad, o lo que es lo mismo, se tiene que vender la casa y repartir el importe o que la persona que la usa compre su parte a la que no tiene el derecho de uso.

"La medida", prosigue la sentencia, no priva a los menores de su derecho a una vivienda, ni cambia la custodia, pero "no es posible mantenerlos en el uso de un inmueble que no tiene el carácter de domicilio familiar, puesto que dejó de servir a los fines que determinaron la atribución del uso"

Esta sentencia puede afectar ahora a miles de casos de divorcio en España, el segundo país de la Unión Europea donde más divorcios se producen, según datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante el 2016 se produjeron un total de 96.824 divorcios en España, un 0,3% más que el año anterior. De acuerdo a esta estadística, que destaca la duración de los matrimonios, con 16,3% de media, el 31,6% de las separaciones se produjeron después de 20 años o más de casados, y el 22,2% entre cinco y nueve años.

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